Es tarea de todas y de todos colaborar, cocrear, sumar ideas, acciones y proyectos en favor de la apertura institucional como herramienta para construir comunidades y sociedades sostenibles, resilientes, inclusivas, pacíficas y seguras, señaló la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.
Dentro de los objetivos que existen de la justicia abierta se encuentra el recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales, dar a conocer a la ciudadanía la labor de administración de la justicia y mejorar el rendimiento y calidad del servicio público de la justicia, explicó el Comisionado Ciudadano Rodrigo Arístides Guerrero García.
Debemos pensar cómo el Estado abierto puede ser útil e indispensable en situaciones de emergencia y lo que ello implica; es tarea de todas y de todos colaborar, cocrear, sumar ideas, acciones y proyectos en favor de la apertura como herramienta para construir comunidades y sociedades sostenibles, resilientes, inclusivas, pacíficas y seguras, puntualizó María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
Durante el segundo día de trabajos del “2do. Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México (Internacional)”, la Comisionada Ciudadana celebró que se encontraran de manera virtual entidades de todo la República mexicana, así como de otros países como Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos y Perú.
Respecto a la paz y justicia abierta en emergencias, tema analizado en la Mesa-4, señaló que para “el último trimestre del 2018, ya se había establecido una reforma justo en la Ley de Transparencia, para que la totalidad de las sentencias fueran públicas, por lo que el reto es implementar las disposiciones legales porque se tendría que ver que no sólo sean públicas las escritas, sino todo el campo de la oralidad” y de qué manera deben estar las instituciones públicas preparadas para contar con la información y realizar las versiones públicas de las sentencias.
Nava Polina explicó que en el INFO se trabaja en la Red de Ciudad en Apertura con el propósito de construir un Estado abierto con enfoque de derechos humanos con miras a la Agenda 2030, acompañado de distintas organizaciones y entidades públicas como la Secretaría de Gobierno, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, entre otras.
“La necesidad no sólo de sentarse a la mesa, sino de dar respuestas con inclusión, fortalecimiento en comunidad y ayudar a la apropiación de las herramientas de apertura en materia de justicia abierta e impartición”.
Con las reflexiones y análisis que se han desarrollado en los dos días del Coloquio, vamos a trabajar con las propuestas que han construido y presentado para acercar a los entes públicos tanto de la ciudad de México, como a los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, para que “no sólo sea visibilizar lo que requerimos de cómo podemos acercarnos con efectividad a los elementos de apertura y hacerlos realidad, también que los organismos garantes los conozcan y hagan uso de las herramientas y conocimientos vertidos en cada una de las mesas, así como cualquier persona que los requiera”.
Durante su participación en la Mesa-4 “Paz y Justicia Abierta en Emergencias”, el Comisionado Ciudadano del INFO CDMX, Rodrigo Arístides Guerrero García, explicó que la justicia abierta surge a partir del concepto de gobierno abierto pero trasladado al Poder Judicial, “lo que implica una justicia abierta a cargo de los órganos judiciales para poder informar y rendir cuentas”. todo el país, no sólo en su resguardo físico, sino en electrónico, potenciando lo digital.
Dentro de los objetivos que existen de la justicia abierta se encuentra el recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales, dar a conocer a la ciudadanía la labor de administración de la justicia y mejorar el rendimiento y calidad del servicio público de la justicia, señaló.
“En el INFO si bien no llevamos una actividad jurisdiccional, sí realizamos una actividad de tipo cuasi jurisdiccional porque emitimos resoluciones; si nosotros quisiéramos subirnos a esta idea de justicia abierta, las propias resoluciones que emitimos tendríamos que darles el enfoque ciudadano, el lenguaje ciudadano para hacerlas entendibles para las personas que no son abogadas o abogados”.
Guerrero García dijo que debemos empezar por emitir resoluciones donde las personas y los sujetos obligados conozcan y entiendan el contenido desde el primer párrafo, para que no tengan la necesidad de contratar a un abogado o especialista que les explique.
Para ejemplificar sobre la justicia abierta, explicó que desde el pasado 3 de agosto de 2020 se publicó una reforma de trascendencia para nuestro país, “aunque ya existía en la ciudad de México”, y tiene que ver con la publicidad de todas las sentencias, aspecto esencial para que la sociedad pueda conocer de qué manera y en qué sentido están juzgando los impartidores de justicia.
Ahora -dijo-, se debe constituir la sentencia incorporando la protección de datos personales y lenguaje incluyente, por ejemplo. El gran reto será evitar que se vulneren los datos personales en las sentencias que se están emitiendo, es ahí donde el juzgador tendrá qué pensar y deconstruir el cómo está redactando la sentencia.
El Comisionado Ciudadano señaló que el siguiente paso es cómo la publicidad de las sentencias nos va a ayudar a mejorar la propia calidad de la justicia en el país, y aquellas sentencias, principalmente relacionadas con alguna situación de emergencia, como en el caso que estamos viviendo con el Covid-19 o casos de fenómenos naturales, la justicia abierta ayuda a mejorar la política pública y enfrentar las situaciones emergentes.
En la Mesa-4 también participaron las y los expertos en la materia Sandra Elena, Coordinadora del Programa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina; Peter Sharp, experto en Justicia Abierta, Red de Planificación para el Desarrollo ILPES/AECID de Chile; y Alejandro González, Director of Rule of Law Projects, World Justice Projec.
Los especialistas internacionales coincidieron en que la pandemia puso en jaque a los gobiernos de todos los países y mostró el incremento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, niñas y niños durante el confinamiento.
Estuvieron de acuerdo en que la justicia abierta debe implicar la participación y colaboración ciudadana, así como el acceso a la información pública, tomando en cuenta la importancia que tiene cada región de cada país, ya que la tecnología que se está utilizando para dar este y otros servicios a las personas no llega a todos y todas. Los sectores más vulnerables, quedan desprotegidos de sus derechos humanos, señalaron.
Como ejemplo de ello, Sandra Elena explicó que de acuerdo con el estudio de World Justice Projec que se realizó antes del Covid-19, a nivel mundial mil 500 millones de personas tenían problemas de justicia que no podían resolver; de esa cantidad, 253 millones de personas viven en situaciones extremas de injusticia.
El Latinobarómetro muestra que una de cada cuatro personas que viven en Latinoamérica no cree que la justicia puede solucionar sus conflictos; sólo un 25% de la población confía en que si tiene un conflicto la justicia le va a dar una solución.
Actualmente -añadió Elena-, aún se desconoce con exactitud los números sobre el Estado de Derecho; sin embargo, se conoce que los países de la región, excepto Chile, muestran algún tipo de violación menor o mediana en los estándares de la democracia debido a la pandemia.
Mesa 5: “Los derechos humanos importan en emergencias: Protocolos de apertura y transparencia”.
En la Mesa-5 “Los Derechos Humanos en Importan en Emergencia: Protocolos de Apertura y Transparencia”, estuvieron los panelistas Luz Helena Rivera Cano, representante de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la CDMX; Miguel Ángel Blanes Climet, Técnico Jurídico en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, España; Tania Gabriela Rodríguez, Académica del ITAM y especialista en Derechos Humanos; Claudia Ocaranza, coordinadora de periodismo Project Poder; Carolina Chávez, coordinadora Nacional, Red Académica de Gobierno Abierto, Chile y Helen Darbishire, Directora Ejecutiva, Accesses Info Europe, España.
Las y el especialista convinieron en la importancia de contar con protocolos diferentes en materia de transparencia, donde se pueda tener acceso a las bases de datos sobre el manejo de recursos para garantizar que las diferentes acciones de las emergencias que se presenten y la que vivimos actualmente, la ciudadanía conozca los procedimientos de transparencia de los gobiernos o cualquier instancia que utilice recursos de carácter público.
Se debe pensar en protocolos que tengan a las personas en el centro, ver a las ciudades como ecosistemas donde todos y todas participen para ser corresponsables; sin embargo, aclararon el Estado es quien tiene un papel fundamental y debe tener una posición activa en la defensa de todos los derechos humanos.
De acuerdo con Rivera Cano, la ciudad de México está impulsando vía la ADIP, la plataforma de Céltica, que prevé que los ciudadanos que quieran apoyar en situación de emergencia se unan a esa plataforma.
Al final de las mesas, la Comisionada Nava Polina señaló la importancia de trabajar juntas y juntos en comunidad y el uso de la apertura institucional en episodios como la pandemia por el coronavirus; “como nos sumemos y relacionemos es fundamental para llegar a buen puerto”.
Compartió que previo a las mesas, se trabajó en distintas mesas de cocreación para construir un cascarón, un esqueleto, una propuesta inicial de contenido para saber qué se tendría que considerar en un protocolo de apertura y transparencia ante emergencias y posterior a ellas, cómo puede abonar este tipo de protocolos a una reconstrucción, señaló.
Se oresentó el protocolo “Cascarón de Protocolo de Apertura y Transparencia, prevención, reacción y recuperación ante el riesgo”, donde participó la iniciativa privada, la academia, organización civil y entes públicos de distinta índole, porque las emergencias nos hermanan en términos de cómo reaccionamos, puntualizó.
Comentó que el protocolo estará disponible en la plataforma del INFO DCMX para revisarlo a detalle donde se encuentra una serie de 65 acuerdos a los que se llegó por una colectividad de especialistas
Puso a disposición de todos y todas las panelistas nacionales e internacionales para el documento para poder iniciar con la retroalimentación de los y las personas que quieran “meter pluma, arrastrar el lápiz”, sobre todo porque lo que se ha visto a lo largo de las mesas –dijo-, es que en todos los países donde exista el interés de impulsar la apertura institucional, “podamos engrosar estas herramientas para que estén a disposición de toda la comunidad mundial desde donde quieran tomarla y que le sean útiles”.
