ÍNDICE

Introducción

1. Gobierno Abierto, delimitación conceptual y componentes

1.1 Marco regulatorio implicado para la escala local en México

1.1.1 Legislación primaria o general

1.1.2 Legislación secundaria, o específica de los ámbitos locales

1.1.2.1. Componente Transparencia Proactiva

1.1.2.2. Componente Participación Ciudadana

1.1.2.3. Componente Rendición de Cuentas

1.1.2.4. Componente uso social de tecnologías

1.1.3. Resultados por entidad federativa

1.1.3.1. Conclusiones

2. Los Procesos de Gobierno Abierto Desde lo Local (GADEL)

2.1 Contexto institucional y planteamiento metodológico

2.2. Desarrollo y resultados de los procesos GADEL

2.2.1. Estado de avance de los Ejercicios de GADEL

2.2.1.1. Componente Participación Ciudadana

2.2.1.2. Componente Rendición de Cuentas

2.2.1.3. Componente Uso Social de Tecnologías

2.2.2. Resultados por ejercicio y entidad federativa

2.2.2.1. Conclusiones

3. Discusión final, conclusiones y recomendaciones

Anexos:

Anexo I: Nota metodológica

Anexo II: Supuestos subyacentes en el componente Transparencia

Anexo III: Respecto a los componentes GADEL en la metodología del INAI

Anexo IV: Cuestionario guía para la entrevista a profundidad

Fuentes consultadas

Notas

INTRODUCCIÓN

Jan Kooiman (2005), advierte que la diversidad, complejidad y dinamismo son las tres características de las sociedades contemporáneas, en tanto el surgimiento de diversos actores en los sistemas sociopolíticos con objetivos, intenciones y poderes diversos; con ello han aparecido estructuras, interdependencias e interrelaciones entre los diferentes ámbitos gubernamentales y sociales manifestando nuevas dinámicas en los sistemas socio-políticos, así como la aparición de nuevas formas de asumir y enfrentar los asuntos públicos. Es en este contexto que el Gobierno Abierto es un producto de los nuevos tiempos marcados por la dinámica, la complejidad y la diversidad para afrontar lo público.

Algunos de los retos para quienes reflexionan y trabajan a favor de procesos locales de Gobierno Abierto (GA) tienen que ver no sólo en cómo conceptualizarlo, sino cómo medirlo y discernir entre aquello que dice ser Gobierno Abierto de aquello que sí lo es, en tanto que pueden identificarse sus componentes dentro de procesos locales concretos.

El objetivo general de esta investigación es analizar el estado del arte en materia legislativa y de los procesos locales de Gobierno Abierto1, tomando como base lo establecido en las 32 leyes locales en materia de transparencia tras el proceso de armonización–homologación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) así como los 23 procesos locales de Gobierno Abierto impulsados desde una metodología del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La investigación está dividida en tres partes. El primer capítulo aborda y delimita el concepto de Gobierno Abierto para efectos del estudio; así como, el marco regulatorio implicado para la escala local, dando énfasis en aquellas leyes que tienen que ver con la transparencia proactiva, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso social de tecnologías. Las preguntas centrales del primer capítulo son: ¿Qué marco regulatorio existe en México a favor de los procesos de Gobierno Abierto? ¿Se cuenta con un marco normativo lo suficientemente amplio y robusto para impulsar y fortalecer procesos locales de GA?

El segundo capítulo centra su atención en el análisis de los 23 procesos locales de GA, iniciados en 2015 y 2016, e impulsados a partir del Modelo de Gobierno Abierto del INAI, esto bajo una metodología que permite hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de tres componentes del GA: rendición de cuentas, uso de nuevas tecnologías y participación ciudadana. Las preguntas centrales de este capítulo son: ¿Qué alcances y obstáculos se desprenden de las prácticas locales en materia de Gobierno Abierto? ¿Qué tanto estos procesos locales están en la lógica de la co-creación y presentan la integración de los componentes del concepto de Gobierno Abierto?, ¿Qué tan abiertos son estos procesos de Gobierno Abierto? ¿Qué tan participativos, qué tanto rinden cuentas de sus alcances, qué tanto utilizan las tecnologías para su conformación, desarrollo y difusión?

La tercera parte expone una serie de conclusiones y áreas de oportunidad de los procesos de Gobierno Abierto a manera de agenda nacional. Se trata de una reflexión general sobre aquello que deberá aprovecharse, construirse y fortalecerse en la materia en un futuro inmediato.

La investigación está dirigida a autoridades y servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno, así como, a actores sociales o civiles interesados que participan o desean participar en procesos locales de Gobierno Abierto en México.

1. GOBIERNO ABIERTO, DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y COMPONENTES

¿Qué entendemos por Gobierno Abierto y sus componentes? Oscar Oszlak (2013) señala que bajo la denominación genérica de “Gobierno Abierto”, se vislumbra una nueva filosofía de gobierno, una modalidad de gestión pública más transparente, participativa y colaborativa entre Estado y sociedad civil. Por ello, se requiere una firme decisión política, tanto de los gobiernos honestamente comprometidos con valores de transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía, como de las propias organizaciones sociales, que deben imaginar e implementar mecanismos que promuevan el interés de los ciudadanos por un mayor involucramiento en la gestión de lo público.

Freddy Mariñez Navarro (2013) advierte que no podemos situarnos en la perspectiva de un Gobierno Abierto si no vemos la convivencia democrática como un proceso participativo. Es decir, ir más allá del voto o de la democracia representativa o democracia procedimental. Para Mariñez ya hoy los gobiernos deben concebirse como plataformas de democracias participativas que tengan como características la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos apoyados por las tecnologías de la información y, por supuesto, modelos de gestión con confianza que impliquen funcionarios responsables con ética pública. Los gobiernos deben convertirse en plataformas de la democracia en esta nueva era de información.

El Gobierno Abierto, entonces, requiere de mecanismos institucionales sólidos y actores sociales y gubernamentales que permitan hacer público lo público, donde las decisiones deben someterse al escrutinio de los ciudadanos, es decir, bajo un nivel de transparencia en el que el gobierno esté dispuesto a permitir y a promover que la ciudadanía pueda monitorear sus resultados y a participar en sus procesos de política pública.

También implica que los servidores públicos y las autoridades estén día a día sometidos a mecanismos de rendición de cuentas y que la participación de los ciudadanos, las asociaciones y las relaciones intra e intergubernamental estén marcados por la colaboración deliberativa para que la política pública, los programas y los servicios públicos respondan a las preferencias y derechos de la sociedad.

La colaboración, la co-construcción, la co-participación son entonces elementos que forman parte de ese gran cambio que se produce en las formas de gestionar los intereses públicos bajo la lógica de Gobierno Abierto. Esto implica dar un salto de innovación omitiendo las prácticas tradicionales donde los ciudadanos han colaborado a través de mecanismos, en el mayor de los casos, en esquemas cooptados y verticales. La colaboración vista a la luz del Gobierno Abierto faculta a los ciudadanos a participar en espacios y mecanismos que les permitan la posibilidad de compartir lo que saben, y sobre todo, de crear soluciones que generan valor donde requieren y pueden aportar.

Esto no significa que el gobierno deje de ser un actor central de la toma de decisiones. La responsabilidad pública de los gobiernos no se diluye, por el contrario, se acrecienta en una lógica de trabajo colectivo, en red, en todo caso, se construyen formas de transparencia y rendición de cuentas que permitan a los participantes de los procesos de Gobierno Abierto entrar a una lógica distinta e innovadora de solucionar los asuntos públicos.

Al hablar de Gobierno Abierto entonces se hace referencia a una nueva forma de gestión pública basada en la co-participación entre actores gubernamentales y de la sociedad civil y ciudadanía en general, para construir conjuntamente soluciones a las problemáticas públicas, usando herramientas tecnológicas e instrumentos de rendición de cuentas, por lo que su construcción requiere de la existencia de un marco jurídico mínimo que posibilite, facilite y promueva los elementos que constituyen el referente conceptual.

Gobierno Abierto puede entenderse, por tanto, como aquel esquema donde diversos actores gubernamentales y sociales, -en un ejercicio de co-creación y colaboración- gestionan los asuntos públicos mediante procesos integrales de rendición de cuentas, uso social de tecnología, transparencia proactiva y participación ciudadana; y cuyos resultados e impactos implican transformaciones a escala cultural, de institucionalidad, de relaciones de poder y/o de toma de decisiones entre los diversos actores; detonando mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía y en sus derechos.

El concepto de Gobierno Abierto está integrado por cuatro componentes o principios básicos: a) Participación ciudadana; b) Rendición de cuentas, c) Transparencia proactiva, y d) Uso de tecnología con valor social. Al respecto Ramírez Alujas y Drassen (2012) advierten que el Gobierno Abierto debe reflejar y guiarse por cuatro principios centrales:

Transparencia. La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, como: estar disponibles en un formato bruto, ser susceptibles de que se les procese, ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etcétera.

Participación ciudadana. Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.

Rendición de cuentas. Este principio supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a los requerimientos y/o críticas que se les planteen, y admitan la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.

Innovación y tecnología. A este principio subyace la idea de que los gobiernos provean a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías y comprendan el relevante rol que estas últimas tienen en la innovación, así como la importancia de aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.

Sobre el principio de que estos cuatro componentes deben estar vinculados entre sí dentro de los procesos de Gobierno Abierto, se entiende por participación ciudadana todas aquellas acciones y prácticas implementadas por los actores participantes bajo el espíritu de co-construcción con la finalidad de hacer público lo público, de ampliar la esfera de intervención de los actores interesados (stakeholders), de los actores involucrados y la sociedad en general. La participación ciudadana permite a los ciudadanos ser parte de la toma de las decisiones en su comunidad, al tiempo que se vuelven parte de la solución de los problemas públicos.

La participación ciudadana no se restringe a la intervención y participación sólo de las organizaciones sociales y civiles o de académicos, expertos y líderes de opinión en los procesos de Gobierno Abierto. Se trata de romper la perspectiva de “representatividad” adjudicada por el hecho de que existen algunos actores sociales interviniendo en los procesos de Gobierno Abierto. En este sentido, aspectos como la consulta pública y la inclusión amplia son importantes, pero también lo son la toma colectiva de decisiones, el co-diseño participativo de acciones que favorezcan la deliberación y resolución conjunta de los asuntos públicos.

Es sumamente importante ampliar al mayor número posible de actores sociales involucrados en los espacios y mecanismos de participación como una necesidad en el mejoramiento de la calidad de los procesos de Gobierno Abierto. Esto significa involucrar no sólo a expertos y a los stakeholders, sino a todos los actores directamente vinculados a determinadas problemáticas, incluso bajo un esquema colaborativo y en red.

Entendemos por rendición de cuentas social en los procesos de Gobierno Abierto aquellas acciones, prácticas y mecanismos consensuados entre los actores participantes para exponer, visibilizar y explicar las acciones y decisiones adoptadas como parte de la co-construcción entre los actores. La rendición de cuentas permite adoptar una nueva vinculación entre los actores gubernamentales y los actores sociales en un esquema de participación-vigilancia-control, mejorando las prácticas tanto de los actores sociales como de los actores gubernamentales en tanto que existe un control mutuo sobre sus decisiones y actuaciones.

La transparencia proactiva refiere a un nivel que va más allá de la transparencia y la información de oficio, de las obligaciones de los entes obligados en la LGTAIP. La transparencia proactiva refiere precisamente a una acción proactiva, de ir más allá, de una voluntad (política) institucional de anticiparse a procesos y demandas de información. De tener una actitud que permite a la ciudadanía acceder a información que por ley no está obligado en sujeto institucional.

Por uso social de tecnologías con valor social se entiende aquellas acciones y prácticas de los actores sociales y gubernamentales mediante el uso de diversas tecnologías en los procesos de Gobierno Abierto. Estas acciones permiten la comunicación de doble vía entre sociedad y gobierno. Estas prácticas implican abordar una nueva forma de gestión pública donde se le dé visibilidad y difusión pero también eficiencia y vigilancia a las acciones gubernamentales. Es decir, se amplifican las interacciones y se ensancha la publicidad de los asuntos públicos. El uso de nuevas tecnologías en ciertos espacios co-creados puede constituir espacios de deliberación y discusión de los asuntos públicos. Su propósito es que se permita la accesibilidad de información y el incidir en las deliberaciones y en la toma de decisiones al mayor número de ciudadanos, es decir, sirven socialmente para el acceso sin restricciones a los asuntos públicos de la mayoría de ciudadanía interesada.

1.1. Marco regulatorio implicado para la escala local en México

1.1.1. Legislación primaria o general

En mayo de 2015, como uno de los productos de una serie de reformas estructurales, fue promulgada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

La Ley General de Transparencia introdujo, por primera vez, el concepto de Gobierno Abierto en el marco jurídico mexicano. La LGTAIP, por ser <<Nacional>> y reglamentaria del artículo sexto constitucional, fue armonizada, con el conjunto de leyes preexistentes en todas las entidades federativas, con lo que México dio un paso importante para consolidarse como referente en la materia, con leyes nacionales y locales que consideran, -al menos a nivel de legislación-, acciones asociadas de apertura gubernamental con la participación de actores de la sociedad civil.

Así, con una base legal inédita y por instrumentar, se dio inicio a múltiples intentos y procesos para dotar al marco jurídico existente de acciones sustantivas congruentes con la conceptualización desarrollada, procesos y resultados que, en algunas de sus experiencias más significativas revisarán a detalle más adelante.

Uno de los principales motivos de la reforma constitucional de 2015, fue la heterogeneidad de las legislaciones preexistentes en materia de transparencia en las entidades federativas, pues contenían diferencias sustanciales en cuanto a los procedimientos para el ejercicio, la garantía y la tutela del derecho al acceso a la información (DAI), que causaban, entre otras cosas, que el derecho no pudiera ser ejercido plenamente y de igual manera por todas las personas en el país.

Actualmente todas las entidades del país cuentan con una ley con los elementos mínimos señalados en la LGTAIP, por lo que se tiene la certeza de que existen disposiciones jurídicas que contemplan acciones de apertura gubernamental entre órganos de gobierno y ciudadanía. Sin embargo, habría que preguntarse si los aspectos de participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia proactiva y uso social de tecnologías cuentan con un sustento jurídico similar, mas no equivalente, a lo largo del país.

En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su capítulo titulado “Del Gobierno Abierto”, en su artículo 59 señala que: “Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental”.

Además, la LGTAIP introduce obligaciones en la materia para los organismos garantes. En su artículo 42 fracción XXI indica que los institutos “podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia”.

En materia de transparencia proactiva la LGTAIP introduce varios lineamientos innovadores, por ejemplo, el artículo 13 indica la obligación de publicar información accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y en lenguaje sencillo. Además, su artículo 24 fracción XII precisa que los sujetos obligados difundan proactivamente información de interés público y se señala que la información publicada de forma proactiva “se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida” (artículo 57).

En cuanto a los organismos garantes, el artículo 56 de la LGTAIP establece que deben emitir políticas de transparencia proactiva para obligar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la establecida en la legislación, asimismo se indica que el objetivo de las políticas de proactividad es “promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas”.

De acuerdo con el artículo 42 fracciones IX y X, los institutos de transparencia cuentan con la atribución de suscribir convenios de colaboración tanto con sujetos obligados como con particulares cuyas actividades sean de interés público o relevancia social, para la realización de acciones de transparencia proactiva, además de promover la publicación de información en datos abiertos y accesibles (artículo 51).

Las unidades de transparencia de los sujetos obligados también cuentan con obligaciones en materia de publicación proactiva de información. El artículo 45 fracción IX señala que los titulares de las Unidades de Transparencia tienen la función de “Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad.”

Es preciso señalar que el Sistema Nacional de Transparencia cuenta con atribuciones fundamentales en la materia, pues de acuerdo con el artículo 58 de la LGTAIP, es el encargado de emitir los criterios para evaluar la política de la transparencia proactiva, considerando la reutilización de la información, señalando que ésta “deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.”

Respecto a la participación ciudadana, si bien uno de los objetivos de la LGTAIP es “Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia” (artículo 2 fracción VIII), la legislación no establece mecanismos o espacios específicos para materializar este objetivo.

La LGTAIP únicamente menciona a la participación ciudadana dentro del Sistema Nacional de Transparencia pues indica que debe “promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia;” (artículo 42 fracción XIX).

También se considera a la participación ciudadana en la atribución de los organismos garantes de “Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información” (artículo 54 fracción VI).

Las únicas referencias que la LGTAIP hace a la participación ciudadana se relacionan con la implementación de la política de transparencia a través del Sistema Nacional de Transparencia, y con medidas de difusión de la transparencia y el acceso a la información, omitiendo disposiciones acordes con el objetivo de propiciar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para contribuir a la consolidación democrática, que se propone en su artículo 2, tampoco para posicionar la participación de la ciudadanía en la gestión pública, que se propone la idea de Gobierno Abierto.

Dentro de las 49 obligaciones de transparencia comunes, la fracción XXXVII indica la obligación de publicar los mecanismos de participación ciudadana con que cuentan los sujetos obligados, sin especificar la forma de desagregación, si se refiere a instrumentos institucionales previstos en otras disposiciones, o si se refiere a mecanismos como buzones de quejas, encuestas y otros medios de interacción que algunas personas podrían considerar en el rubro de participación ciudadana.

Respecto al componente del uso de tecnologías, la LGTAIP contiene disposiciones innovadoras, como la creación de una Plataforma Nacional de Transparencia, a partir de la cual se homologaron los procedimientos para la publicación de obligaciones de transparencia, la gestión de solicitudes de información y recursos de revisión, así como mecanismos de denuncias, a nivel nacional.

Asimismo, se ofrecen especificaciones para las páginas de internet de los sujetos obligados, como la obligación de contar con buscadores y un vínculo hacia las obligaciones de transparencia en la página principal.

La LGTAIP indica obligaciones para los sujetos obligados, su artículo 24 fracción IX indica que deben “Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos”. Además, al Sistema Nacional de Transparencia se le otorga la facultad de “Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta”.

La rendición de cuentas se encuentra dentro de los referentes conceptuales que deben promoverse por los organismos garantes, de acuerdo con las disposiciones de la LGTAIP. Además, se menciona que el Sistema Nacional de Transparencia tiene por objeto “fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano”. Sin embargo, la legislación no establece una definición precisa de lo que se entiende por rendición de cuentas y salvo los mecanismos horizontales de los organismos públicos para informar sobre su desempeño en el cumplimiento de la ley, no se indican instrumentos o espacios para la rendición de cuentas social.

Entre las obligaciones de transparencia de carácter común enlistadas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia, existen algunas que cuentan con el potencial de impactar de forma determinante en el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, entre las que destacan:

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

Si bien, la publicación de este listado de información podría tener un impacto significativo para propiciar de rendición de cuentas de carácter ciudadano, bajo el esquema actual estos rubros de información se encuentran inmersos en un vasto universo de datos ordenados en 49 obligaciones de transparencia comunes y 122 de carácter específico, publicadas en una Plataforma Nacional que no establece otra categorización más que la entidad federativa y los sujetos obligados.

Aunado a ello, el Sistema Nacional de Transparencia cuenta con la atribución de “Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos” (artículo 31 fracción IV). De manera que resulta necesario poner atención en los lineamientos que establezca el Sistema Nacional de Transparencia para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y los resultados obtenidos, además de acciones para dar valor a la publicación de información y orientarla para que facilite a la ciudadanía acciones de rendición de cuentas.

Si bien la LGTAIP resulta innovadora por reconocer y establecer obligaciones mínimas para el fomento del Gobierno Abierto, además de disposiciones sólidas para asegurar el establecimiento de políticas de transparencia proactiva, no cuenta con una perspectiva de apertura gubernamental con disposiciones que den sustento a los elementos constitutivos de la idea de Gobierno Abierto, en gran parte debido a que no son sus objetivos abarcar todas esas temáticas pues, por su naturaleza, la ley se centra en el reconocimiento, garantía, tutela y promoción de un derecho humano y no a ofrecer alternativas para la modificación de la gestión pública.

Cabe recordar que tanto la Alianza por el Gobierno Abierto como los Ejercicios de GADEL no cuentan con un marco jurídico que establezca obligaciones vinculantes para todos los actores involucrados en el proceso, ambas iniciativas se sustentan en un esquema de acuerdos y establecimiento de compromisos cuyo cumplimiento depende en última instancia de las capacidades institucionales y la voluntad política de las organizaciones involucradas.

El Sistema Nacional de Transparencia cuenta con atribuciones que resultarán determinantes para orientar la implementación de la ley hacia la consecución de objetivos relacionados con los rubros de transparencia proactiva, rendición de cuentas y en menor medida, uso social de tecnologías y participación ciudadana, por lo que es necesario poner atención a los programas y políticas que se generarán a través de este aparato de coordinación institucional, pues existen importantes áreas de oportunidad para que el cumplimiento de ciertas obligaciones legales detone mecanismos y espacios de apertura en la gestión.

En el siguiente apartado se describe el panorama normativo sobre Gobierno Abierto y sus componentes en las entidades federativas, señalando las legislaciones en la materia con las que cuenta cada estado del país así como las principales disposiciones que podrían servir de base para el desarrollo de acciones de apertura gubernamental, la implementación de buenas prácticas y lineamientos innovadores.

1.1.2. Legislación secundaria, o específica de los ámbitos locales

La Ciudad de México es la única entidad federativa que cuenta con un marco legal específico para la operación de las acciones en materia de Gobierno Abierto. La Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más Abierta, es única en su tipo pues define con mayor amplitud el concepto y establece distintos mecanismos y espacios para llevar a la práctica la idea, como un Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México, a cargo de elaborar y poner en funcionamiento un Modelo de Madurez con el que se puede dar seguimiento a las acciones y buenas prácticas en la materia.

La LGTAIP incluye en su artículo 59 la obligación de los institutos de promover acciones de apertura gubernamental con sujetos obligados y actores de la sociedad civil. En concreto 29 entidades federativas replicaron la disposición en sus legislaciones locales, mientras que los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Nuevo León omitieron por completo incorporar el artículo, por lo que sus legislaciones no poseen disposiciones explícitas para las acciones de Gobierno Abierto.

Entre las legislaciones locales que incorporan disposiciones al respecto, 17 leyes hacen referencia al Gobierno Abierto retomando textualmente el artículo 59 de la LGTAIP. La ley de Jalisco es un caso particular pues incorpora el concepto de Gobierno Abierto únicamente como parte del glosario de la ley, no en un artículo específico.

Existen 12 leyes locales que incorporan más disposiciones referentes al GA, señalando atribuciones específicas al Instituto y a los sujetos obligados, y/o delineando espacios para las acciones de apertura gubernamental como un secretariado técnico o un consejo de Gobierno Abierto. La Ley de Transparencia de Baja California, en su artículo 70 establece que las sesiones de sus órganos colegiados deben transmitirse en tiempo real en sus portales de internet. Además indica que el Congreso y los Ayuntamientos deben promover la participación ciudadana y “asegurar que las sesiones, reuniones e instalaciones sean accesibles y abiertas a todo el público” (artículo 72).

La legislación de Veracruz incorpora 7 atribuciones específicas en materia de Gobierno Abierto para los sujetos obligados, asimismo, en su artículo 52 obliga a cada uno de ellos a integrar un consejo consultivo de Gobierno Abierto. Mientras que la Ley de Transparencia de Yucatán integra 4 obligaciones en materia de Gobierno Abierto para los sujetos obligados, además de 7 obligaciones específicas al Congreso del Estado y 5 a los órganos del Poder Judicial.

Entre las entidades federativas que incorporan en sus leyes espacios y mecanismos para la apertura gubernamental, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Oaxaca, mencionan la existencia de un secretariado técnico de Gobierno Abierto. La legislación de transparencia del estado de Sonora, en su artículo 71, introduce la comisión de Gobierno Abierto creada por el órgano garante con participación de la sociedad civil.

La ley de Morelos destaca en el reconocimiento legal de los Ejercicios de GADEL llevados a cabo en México, pues indica que su secretariado técnico debe elaborar un Plan de Acción Local, que será promovido anualmente por el instituto local de transparencia como documento rector en la materia (artículos 42 y 43), mientras que en la legislación de Oaxaca se dispone la participación de los tres poderes en su secretariado técnico (artículo 43).

En cuanto al establecimiento de obligaciones de Gobierno Abierto para los organismos garantes, sobresale la Ley de Transparencia de Oaxaca, pues en el artículo 41 le obliga a establecer una política de Gobierno Abierto al interior del instituto y otra hacia los sujetos obligados del estado. El instituto de transparencia de Oaxaca también cuenta con la obligación de dar asesoría y capacitación, a los sujetos obligados y a las organizaciones de la sociedad civil para diseñar y desarrollar políticas públicas de Gobierno Abierto.

Las leyes de Yucatán y San Luis Potosí amplían los ámbitos de aplicación de las disposiciones de Gobierno Abierto pues incorporan obligaciones a los organismos de los poderes legislativo y judicial para llevar a cabo actividades de Parlamento Abierto y Justicia Abierta, respectivamente. Lo que representa un buen paso para incursionar en estos ámbitos hasta ahora poco desarrollados, pues la mayor parte de las actividades de apertura gubernamental se han centrado en organismos de las administraciones públicas centrales. La Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, señala obligaciones para que los sujetos obligados establezcan acciones para cumplir los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto, incluyendo los relacionados con Parlamento Abierto y Justicia Abierta (artículo 73).

En 8 leyes locales (Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Morelos, Sonora y Veracruz) se dispone que los sujetos obligados deben establecer comunicación con los ciudadanos a través de redes sociales y plataformas digitales para hacerlos partícipes en la toma de decisiones.

Las leyes de transparencia de Chiapas, Durango y San Luis Potosí incluyen obligaciones para que los sujetos obligados generen condiciones para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. La Ley de Transparencia de Durango obliga a las unidades de transparencia a contar con un programa de capacitación en materia de Gobierno Abierto.

Las leyes de transparencia de Coahuila e Hidalgo señalan que sus respectivos secretariados técnicos de Gobierno Abierto deben crear un programa de promoción de la apertura gubernamental.

Como puede apreciarse, existe un panorama de diversidad en cuanto a las disposiciones en materia de apertura gubernamental que contienen las leyes locales de transparencia.

Los Ejercicios de GADEL de apertura gubernamental tanto a nivel internacional como en nuestro país, tienen la peculiaridad de no contar con un marco jurídico con disposiciones de carácter vinculante para los organismos de gobierno participantes, sino que se basan en acuerdos y compromisos de cumplimiento voluntario. No obstante, es necesario tener en cuenta que el desarrollo de las acciones de Gobierno Abierto serán menos dependientes de las agendas políticas y la voluntad de los actores involucrados en los procesos en la medida de que la ley cuente con obligaciones específicas en la materia para los organismos de gobierno.

Bajo el esquema actual de compromisos de cumplimiento voluntario, no necesariamente se requiere que la ley disponga la existencia de mecanismos de apertura. Un ejemplo de ello es el estado de Nuevo León, que inició con el proceso local impulsado por el INAI en el año 2016, sin embargo, su ley de transparencia omitió incorporar el artículo 59 de la Ley General de Transparencia, por lo que sus legislaciones en materia de participación ciudadana y de gobierno electrónico son las únicas que cuentan con elementos que podrían ser de utilidad para los procesos de Gobierno Abierto, sin embargo, ninguna incluye explícitamente este concepto.

1.1.2.1. Componente Transparencia Proactiva

En materia de transparencia proactiva, 29 de las legislaciones locales retoman las disposiciones contenidas en la LGTAIP, es decir, las obligaciones de los sujetos obligados y las unidades de transparencia de desarrollar políticas de publicación proactiva de información y las atribuciones de los organismos garantes en la materia (ver apartado sección 4 del capítulo).

Si bien, la existencia de disposiciones en la LGTAIP y en sus contrapartes locales que indican obligaciones para establecer acciones de transparencia proactiva para los organismos garantes y los sujetos obligados representan un piso mínimo robusto para el desarrollo de una política al respecto, serán determinantes los lineamientos y acciones promovidas en el Sistema Nacional de Transparencia para llevar a la práctica el cumplimiento de esas facultades.

Existen algunas legislaciones estatales que incluyen disposiciones innovadoras sobre la publicación proactiva de información. Un ejemplo de ello son las leyes de transparencia de Yucatán y Jalisco, que reconocen el derecho de los ciudadanos y ciudadanas para proponer acciones de transparencia focalizada en temas de su interés. Lo que representa un área de oportunidad importante para tomar en cuenta las necesidades e intereses de grupos ciudadanos, un elemento fundamental para la publicación proactiva de información.

Otro elemento identificado es la obligación de los sujetos obligados de contar con portales de transparencia proactiva “que atienda de manera anticipada la demanda de información” en la ley de la CDMX. Pues con un debido procesamiento de las necesidades de las personas usuarias de los portales se podría dar paso a sitios web con información proactiva accesibles para el público en general, de acuerdo con las características y funciones específicas del sujeto obligado de que se trate y dejando la publicación de obligaciones de transparencia en el SIPOT para públicos especializados que requieran información más específica.

En algunas de las legislaciones de participación ciudadana se encuentran disposiciones que obligan a los entes públicos a informar a la ciudadanía sobre sus funciones y los resultados de sus actividades, como por ejemplo las leyes de Guerrero y Tamaulipas. Estos lineamientos bien podrían funcionar como un elemento de transparencia proactiva, sin embargo, resulta necesario cambiar el esquema de comunicación social más apegado a la difusión propagandística que prevalece, por uno en el que la información fomente la rendición de cuentas y el acceso a la información.

El bajo número de disposiciones normativas locales que incrementen lo dispuesto en la LGTAIP sobre transparencia proactiva, hacen preciso recordar la importancia de las políticas y criterios que emitirá el Sistema Nacional de Transparencia para fomentar la publicación de información de utilidad y en formatos accesibles, de forma rutinaria por parte de los sujetos obligados, así como el papel de los organismos garantes y en su caso, los consejos consultivos, para lograr una política de proactividad exitosa con las herramientas consideradas en las legislaciones.

1.1.2.2. Componente Participación Ciudadana

En materia de participación ciudadana el panorama de los marcos normativos se caracteriza por su heterogeneidad, en gran parte debido a que no existen obligaciones vinculantes para que los estados cuenten con una legislación al respecto. Hasta ahora, 28 estados del país cuentan con leyes de participación ciudadana. Únicamente Campeche, Chihuahua, Estado de México y Puebla no cuentan con legislaciones en la materia, por lo que se podría pensar que los mecanismos y espacios de interacción entre ciudadanía y gobiernos cuentan con sustento jurídico en la mayor parte del país. Sin embargo, existen diferencias considerables entre las legislaciones locales de participación ciudadana.

En algunos estados, las leyes únicamente se limitan a señalar los procesos específicos de consulta como el referéndum y el plebiscito, sin considerar otros mecanismos y espacios de participación. Además, los requisitos y procedimientos para llevar a cabo los instrumentos también son diferentes entre sí, existiendo casos en que las disposiciones más que alentar el uso de los mecanismos pareciera limitarlos, un claro ejemplo de ello es la ley de Zacatecas que indica que los resultados de los Ejercicios de consulta que prevé no son vinculantes.

Veracruz y Aguascalientes no permiten que la ciudadanía inicie procedimientos de plebiscito. Hidalgo es el único estado cuya Ley de Participación Ciudadana no contempla mecanismos de consulta como el plebiscito y el referéndum. Coahuila de Zaragoza y la Ciudad de México no especifican en sus leyes la cantidad de personas que integrarán los consejos consultivos de sus institutos de transparencia. La elección de los comités de participación ciudadana de Sonora es organizada y validada por dependencias municipales y no por el órgano electoral del estado.

Las legislaciones de 11 entidades federativas coinciden en establecer 3 mecanismos de participación ciudadana, dos de consulta (referéndum y plebiscito) y un instrumento de incidencia en el proceso legislativo (iniciativa popular o iniciativa ciudadana). Dentro de estos casos, existen algunos mecanismos que paradójicamente, están fuera del alcance de la ciudadanía, como la ley de Veracruz, que no permite que sus ciudadanos presenten iniciativas de plebiscito o referéndum, y la legislación de Aguascalientes, que no reconoce el derecho de sus ciudadanos de presentar una iniciativa de plebiscito ante su congreso local.

Sobre los instrumentos de consulta, referéndum y plebiscito, las leyes varían significativamente en el porcentaje de electores en la lista nominal requeridos para activar el procedimiento, sobre todo en el ámbito municipal. En el orden estatal las solicitudes deben estar respaldadas entre un 2% y 10% de la población total del estado; mientras que los actos del poder municipal varían su respaldo de entre el 1.5% y el 15% a consecuencia de las diversas densidades de población que existen por municipio.

Los mecanismos de incidencia legislativa, iniciativa popular o iniciativa ciudadana, también requieren el respaldo de un cierto porcentaje de electores de la lista nominal, sin embargo, las variaciones aquí son muy amplias, las cuales van desde el 0.2% hasta el 10%. Cabe destacar que en Jalisco y Michoacán no se requiere de un porcentaje mínimo de apoyo y todos los ciudadanos pueden presentar, cumpliendo los requisitos, una iniciativa popular o ciudadana.

Algunas otras legislaciones reconocen un mayor número de mecanismos de participación ciudadana, la Ciudad de México considera 11 instrumentos, Guerrero y Tamaulipas 10 y Sonora 9. Entre los instrumentos más innovadores se encuentran la colaboración vecinal de Tamaulipas, Coahuila y la Ciudad de México, que podría servir de base para acciones de co-participación, pues permite que vecinas y vecinos colaboren con recursos materiales, financieros o humanos, para la realización de una obra o la prestación de servicios públicos. Además, las leyes de estos tres estados, así como las de Oaxaca y Guerrero, son las únicas en el país que contemplan la audiencia pública como mecanismo de participación ciudadana.

Otros instrumentos innovadores se encuentran en la Ciudad de México, como la red de contralorías ciudadanas y el presupuesto participativo, que a diferencia de otras entidades, cuenta con procedimientos y montos específicos señalados en la ley. Así como las agencias de desarrollo social, previstas en la Ley de Participación Ciudadana de Sonora.

En cuanto a organismos de representación ciudadana, únicamente Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León y Sonora contemplan la existencia de comités vecinales o ciudadanos, con distintas atribuciones y alcances y procedimientos para su conformación y actuación. También resalta la ley de Nuevo León, que obliga a todas las dependencias y entidades públicas a contar con un consejo consultivo ciudadano.

Existe un mecanismo de participación de actores no gubernamentales previsto en la Ley General de Transparencia, los Consejos Consultivos ciudadanos de los organismos garantes locales, que pueden tener un impacto en el logro de políticas de apertura gubernamental más participativas. Todas las entidades federativas cuentan con un consejo consultivo, el cual se encuentra normado en todas las leyes locales, sin embargo, no todos cuentan con las mismas atribuciones, ni con el mismo número de integrantes.

24 legislaciones locales de transparencia dotan a sus consejos consultivos con las siete facultades que menciona la LGTAIP en su artículo 48. Mientras que resaltan casos como el de Jalisco, que incrementa esas atribuciones a 14, entre las que destacan la intervención en los procesos de selección de personas comisionadas del Instituto local. Mientras que Guanajuato sólo reconoce cinco facultades a su consejo consultivo lo cual incumple con lo establecido en la LGTAIP.

En cuanto a las personas que integran los consejos, únicamente en ocho entidades federativas cuentan con posibilidad de reelegirse. En Chiapas y Nuevo León se especifica que deben ser personas originarias de la entidad federativa y algunas hacen explícita la participación de sectores no gubernamentales en los consejos como Nayarit, cuya ley precisa que deberá haber una persona notaria y otra del sector empresarial.

La legislación de Jalisco dispone el consejo consultivo con mayor número de consejeros con 14, entre los que se encuentran personas provenientes de distintas instituciones de educación superior públicas y privadas del estado, así como representantes del sector comercial y empresarial, de la sociedad civil organizada y ciudadanía en general. Cabe señalar que solamente las leyes de Baja California Sur y Jalisco hacen alusión a que deben existir consejeros ciudadanos dentro de sus consejos consultivos.

Oaxaca y Tlaxcala son los únicos estados que les dan voz a sus ciudadanos en las sesiones de cabildo, a través de los mecanismos de cabildo abierto y voz ciudadana en el cabildo.

Existen 5 leyes estatales, las de Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, que contemplan el mecanismo de audiencia pública, a través del cual cualquier persona puede reunirse con sus representantes o funcionarios públicos para discutir sobre sus actividades y los resultados de las mismas.

La Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León y Sonora contemplan la figura de comités ciudadanos, espacios de representación popular con facultades para la colaboración y diálogo con organismos de gobierno, aunque sus atribuciones, alcances y procedimientos para su conformación son distintos en cada entidad.

La Ley de Participación Ciudadana de Coahuila dispone la creación de un Programa de la Cultura de Participación Ciudadana y Comunitaria a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

Los estados de Campeche, Chihuahua y México son las únicas entidades que se han unido a los Ejercicios de GADEL promovido y no cuentan con una legislación sobre participación ciudadana.

Como puede apreciarse, las legislaciones en materia de participación ciudadana cuentan con diferencias sustanciales, de manera que existen ciudadanos y ciudadanas de algunos estados del país que cuentan con un mayor catálogo de instrumentos para interactuar con sus gobiernos, con procedimientos establecidos en sus leyes locales de participación ciudadana, mientras que las personas de algunos otros estados no cuentan con los mismos mecanismos, o bien, poseen limitaciones en los requisitos que harán más difícil que las personas los utilicen.

La diversidad de los elementos de participación ciudadana se observa no sólo en sus herramientas, espacios y criterios contemplados, también en los alcances e impactos de los mismos. Es por ello que resulta preciso prestar atención al desarrollo de los procesos de Gobierno Abierto locales e insistir en que tomen en cuenta los instrumentos y espacios previstos en las legislaciones en la generación de productos y resultados, o bien, se discuta la institucionalización de los mismos para garantizar que la participación de ciudadanía y sociedad civil tenga herramientas para incidir en la gestión pública.

Lamentablemente no existen legislaciones de alcance nacional específicas para la participación de actores no gubernamentales en la toma de decisiones y en la solución de problemáticas públicas, por lo que se hace indispensable identificar los espacios y herramientas existentes en las legislaciones locales que se han llevado a cabo, para extenderlas y replicarlas, teniendo en cuenta que los cambios en la gestión pública y los impactos en los derechos y la calidad de vida de las personas que se propone el Gobierno Abierto requieren forzosamente de espacios y mecanismos institucionales para que la ciudadanía intervenga de manera cotidiana y decisiva en el quehacer gubernamental.

1.1.2.3. Componente Rendición de Cuentas

Respecto a disposiciones que podrían fomentar acciones de rendición de cuentas, 27 de las entidades federativas únicamente retoman las obligaciones de transparencia de la LGTAIP, sobre informes de gestión, indicadores de desempeño, resultados de auditorías, cuenta pública, estadísticas e informes.

Si bien esta información podría ser de utilidad para activar mecanismos de rendición de cuentas vertical, el esquema actual de publicación de obligaciones de transparencia tiene la desventaja de dar un tratamiento homogéneo a cada uno de los rubros de información requerida, por lo que la información propicia para la rendición de cuentas se pierde entre los amplios volúmenes de listados de fracciones, por lo que será determinante prestar atención a los lineamientos y acciones que determine el Sistema Nacional para que esta información colabore con la rendición de cuentas.

Únicamente 5 entidades federativas, Guerrero, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Veracruz, establecen disposiciones adicionales a lo delineado en la Ley General de Transparencia que podrían ser de utilidad para el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas de carácter ciudadano.

Destaca la Ley de Transparencia de la Ciudad de México pues introduce facultades y atribuciones al organismo garante vinculadas a la rendición de cuentas respecto al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información, dentro del instituto y hacia los sujetos obligados.

Las leyes de transparencia de Hidalgo y Veracruz señalan la obligación de los entes públicos de realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de las disposiciones de la ley, en el caso de Veracruz se especifica que deben realizarse a través de medios de comunicación y redes sociales virtuales. En el caso de Guerrero se indica la obligación de organismos públicos de ofrecer informes a la ciudadanía cada 6 meses.

Las legislaciones de Morelos, Ciudad de México y Guerrero contemplan herramientas para que ciudadanos y ciudadanas, por si mismos o a través de los organismos de representación vecinal, soliciten información sobre actos de gobierno y sus resultados de la gestión.

En la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México también se incorporan mecanismos de rendición de cuentas como informes a los consejos y comités ciudadanos y programas de difusión sobre acciones y funciones de los organismos públicos. También indica atribuciones del Pleno y del Sistema Local para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de funciones y el cumplimiento de objetivos de la ley.

Las leyes de participación ciudadana de Morelos, Ciudad de México y Guerrero reconocen el derecho de la ciudadanía, a título personal o a través de sus órganos de representación a solicitar información a funcionarios públicos sobre los actos que realicen y sus resultados, para en caso de incumplimiento se realicen denuncias.

La Ley de Transparencia de la Ciudad de México obliga a su organismo garante a establecer una política interna de rendición de cuentas. La Ley de Transparencia de Veracruz señala que los informes mensuales de los entes públicos sobre las actividades, acciones y el avance de sus trabajos, se debe realizar a través de redes sociales, medios de comunicación o la Plataforma Nacional.

1.1.2.4. Componente uso social de tecnologías

El panorama del componente de uso social de tecnologías también se caracteriza por su amplia diversidad, pues no existe un marco normativo de alcance nacional que regule el uso de recursos electrónicos en la gestión pública. Además, las disposiciones existentes sobre el uso de tecnologías en la administración pública no necesariamente están orientadas a establecer nuevas condiciones para la interacción y, sobre todo, la co-creación con la ciudadanía, un ejemplo de ello son las regulaciones en cuanto a la firma electrónica.

Existen 7 entidades federativas (Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Sinaloa), todas surgidas de 2013 a la fecha, que cuentan con legislaciones en materia de gobierno electrónico o gobierno digital y contienen elementos similares en común, pero con considerables diferencias en cuanto a los contenidos y alcances. En el caso de Coahuila y Nuevo León, aunque los nombres de sus leyes hagan referencia al fomento del uso de tecnologías de la información, su contenido está limitado al establecimiento de la firma electrónica en los procesos de la gestión pública.

Uno de los elementos que comparten en común las legislaciones en materia de gobierno electrónico, son los espacios órganos colegiados como consejos y comisiones en los que confluyen representantes de distintos organismos gubernamentales para llevar a cabo acciones relacionadas con instrumentos digitales para la administración pública. Ciudad de México, Durango, Estado de México, Puebla y Sinaloa cuentan con comisiones o consejos estatales de gobierno electrónico o digital. Las leyes de Coahuila y Nuevo León no consideran un organismo en la materia.

La integración de estos espacios también es heterogénea en las legislaciones, pero en todas ellas se observa la nula participación de actores de la sociedad civil. En las leyes de la Ciudad de México y Puebla no hay espacios para actores no gubernamentales en sus comisiones de gobierno electrónico/ digital. Mientras que las legislaciones de Durango, Estado de México y Sinaloa consideran la participación de personas provenientes de instituciones educativas estatales. Únicamente Durango y Sinaloa consideran en su integración a una representante del sector empresarial y comercial, respectivamente.

En cuanto a las atribuciones de estos organismos se encuentran coordinar la implementación de las políticas de gobierno digital, la aprobación de instrumentos rectores como Agendas Digitales, Programas Anuales y Transversales en la materia, la emisión de recomendaciones y criterios para la operación de plataformas electrónicas y el diseño de políticas para el uso de herramientas electrónicas dentro de los organismos gubernamentales y hacia las personas usuarias.

Entre las acciones más usuales establecidas en las legislaciones, están los sistemas de interoperabilidad para los archivos y procesos electrónicos de las administraciones públicas, los cuales son diseñados e implementados por los consejos o comisiones. Además, las leyes establecen requerimientos para que los sujetos obligados utilicen herramientas tecnológicas para ofrecer los trámites y servicios hacia la ciudadanía, algunas legislaciones incluso señalan elementos específicos para modificar los portales de información por páginas de carácter transaccional, es decir que van más allá de mostrar información unilateralmente para incluir mecanismos de interacción.

Algunas leyes locales de transparencia incorporan elementos adicionales a lo establecido en la LGTAIP sobre el uso de tecnologías y plataformas digitales para la interlocución entre organismos de gobierno y ciudadanía. La ley de la Ciudad de México, por ejemplo, establece que los sujetos obligados deben contar con una página web con diseño adaptable a dispositivos móviles (artículo 24 fracción XI). Además, la ley introduce obligaciones para desarrollar herramientas digitales en servicios públicos o trámites y canales de colaboración y comunicación para que la ciudadanía participe en las decisiones públicas (artículo 112 fracciones VI y VII).

De las entidades que cuentan con legislaciones de gobierno electrónico, Coahuila y Durango se unieron a los Ejercicios de GADEL desde 2015, mientras que México, CDMX, Nuevo León y Sinaloa, se integraron en 2016. Puebla es la única entidad federativa que cuenta con una legislación de gobierno electrónico y no participa con un Ejercicio de GADEL.

Como es de apreciar, las legislaciones en materia de gobierno digital o electrónico no se han extendido a la mayor parte de las entidades federativas, mientras que las existentes carecen de una orientación para facilitar su uso en la interacción de la ciudadanía con los organismos de gobierno. No obstante, es necesario considerar las disposiciones existentes que podrían servir de sustento al establecimiento de herramientas de innovación para la apertura gubernamental.

1.1.3. Resultados por entidad federativa

A continuación, se expone por entidad la situación que prevalece en materia reglamentaria respecto al Gobierno Abierto así como de sus componentes. La sección busca ser una guía para aquellos actores sociales y gubernamentales locales interesados en procesos de Gobierno Abierto a escala local.

1.1.3.1. Conclusiones

La diversidad es el elemento central de la vida local, esto se expresa en los marcos jurídicos en torno al Gobierno Abierto y sus componentes. La idea de homologar el marco regulatorio en materia de transparencia y acceso a la información queda como una idea positiva e integradora, pero no como algo que se constate en las realidades locales. Esta heterogeneidad es un aspecto con lo que se debe trabajar dentro de los procesos de Gobierno Abierto. Es la posibilidad de co-construir a favor de sentar las bases mínimas para que los procesos de Gobierno Abierto puedan dar resultados y tener un impacto sobre la calidad de vida de las personas que viven realidades similares, pero particulares a la vez.

El hecho de que algunos estados no adoptaron el Artículo 59 de la LGTAIP referente a Gobierno Abierto debe poner los reflectores de los actores sociales y gubernamentales interesados precisamente en este aspecto. La responsabilidad de la apertura gubernamental debe estar inscrita en todas las legislaciones locales de transparencia en nuestro país. Incluso este procedimiento deberá hacerse más allá de un simple “corte y pega” sólo llevado a cabo por unos pocos actores.

El hecho de que existen entidades que no cuentan con legislaciones en materia de participación ciudadana, uso de nuevas tecnologías, así como en materia de transparencia proactiva y rendición de cuentas debe significar la necesidad de construir e impulsar una agenda de trabajo por parte de los actores interesados y que esté cimentada precisamente bajo el espíritu del Gobierno Abierto. Apostar a la existencia de estos marcos normativos no significa el hacerlo por el simple hecho de cumplir con un vacío legal, sino la oportunidad de realizarlo precisamente desde una perspectiva de GA, desde una visión innovadora y acorde a los retos del siglo XXI.

No se trata de contar con malas leyes que ahonden más el distanciamiento entre autoridades y ciudadanía, entre los actores gubernamentales y los actores sociales. Se trata de hacer leyes acordes a una lógica de co-construcción, de espacios de deliberación, de ensanchamiento de los mecanismos y espacios a favor de la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Incluso parte de las enseñanzas de este capítulo están precisamente que el hecho de que existan leyes estatales, por ejemplo de participación ciudadana, que resultan inoperables, poco alentadoras para la participación misma. Se trata de marcos regulatorios obsoletos, en franca contradicción con la posibilidad de apoyar procesos locales de Gobierno Abierto.

Por supuesto deben iniciarse procesos de Gobierno Abierto con lo que se tiene a la par de ir construyendo las condiciones para fortalecer lo que se quiere generar. No hay momentos idóneos, esos momentos se construyen.

Precisamente por ello son importantes los procesos impulsados desde una lógica de GA; bajo lineamientos y conceptos básicos entre los actores participantes. Se trata de un trabajo desde “abajo”, casi invisible, de picar piedra, de construir alianzas y confianzas así como formas de diálogo renovadas, se trata de co-construir colectivamente nuevos parámetros con ideas innovadoras acerca de cómo enfrentar los asuntos públicos.

En el siguiente capítulo se aborda el estado que guardan los diversos procesos locales de Gobierno Abierto impulsados desde el INAI en conjunto con los gobiernos estatales, los órganos garantes, las ciudadanías locales, los expertos y académicos, así como con las autoridades, funcionarios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Se busca arrojar luces sobre los retos que aún permanecen en los procesos de Gobierno Abierto. Los primeros pasos ya se han dado, ahora toca dar los siguientes con mayor consistencia, pero para ello hay que hacer una valoración de lo logrado y de los obstáculos que se han presentado.

2. LOS PROCESOS DE GOBIERNO ABIERTO DESDE LO LOCAL (GADEL)

Con la promulgación en 2015 de la Ley General de Transparencia dio inicio un esfuerzo nacional de homologar el marco normativo a nivel nacional para fortalecer la garantía del derecho de acceso a la información pública, pero también para avanzar en la apertura gubernamental. Este esfuerzo tiene su resultado en la existencia de ordenamientos jurídicos en cada entidad y en la promoción, a partir del mismo año, de la implementación de procesos de Gobierno Abierto desde lo local (GADEL).

Desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia, (SNT), se han impulsado Ejercicios de GADEL con la colaboración de los órganos garantes estatales. De 2015 que inició este esfuerzo, a agosto de 2017, fecha en que se cerró esta investigación, 23 entidades habían firmado la Declaratoria para el Gobierno Abierto.

En este capítulo se hace una revisión de los procesos locales impulsados en las distintas entidades del país bajo las siguientes interrogantes: ¿Qué tanto han avanzado los procesos locales de Gobierno Abierto en México?; ¿Qué tan abiertos son estos procesos? ¿Qué tan participativos, que tanto rinden cuentas de sus alcances y qué tanto utilizan las nuevas tecnologías para su empoderamiento y difusión?

El capítulo se expone de manera general el contexto en el cual se han presentado los procesos de Gobierno Abierto desde lo local (GADEL) del INAI y se da cuenta de los avances, partiendo del marco conceptual y metodológico definido para tal efecto. Asimismo, se realiza una revisión de dichos Ejercicios a partir de sus componentes: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Uso social de la Tecnología. Se trata de un ejercicio analítico que permite ubicar –cualitativa y cuantitativamente- qué tanto los procesos locales Gobierno Abierto logran operar estos componentes, o no.

2.1. Contexto institucional y planteamiento metodológico

Desde 2014 el entonces IFAI y dos comisiones de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) iniciaron el desarrollo de iniciativas y estrategias en materia de gobierno abierto que llevaría, después de un largo ejercicio de consulta y participación (de público en general y de expertos en la materia) a la elaboración de un Modelo de Gobierno Abierto, documento teórico, el aquel documento define Gobierno Abierto, como:

“un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.2”

Para la promoción de los Ejercicios de GADEL, el otrora IFAI, constituido ya como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), convocó a los órganos garantes a sumarse voluntariamente a los trabajos para la puesta en marcha de la iniciativa. Así mismo, aplicaron un diagnóstico que buscaba determinar la existencia de condiciones para una implementación exitosa, que pudiera ser referente para el resto de las entidades.

El diagnóstico se basaba en diez criterios estructurales referidos a tres aspectos: la identificación de problemáticas locales, el conocimiento y vinculación con actores públicos y privados, y la identificación de esfuerzos dirigidos a la promoción de Ejercicios de GADEL.3

A partir de enero de 2015 el IFAI (y a partir de mayo, denominado INAI) se propuso convocar a organizaciones de la sociedad civil, gobiernos estatales y poderes de los estados, para elaborar un plan de acción basado en los problemas más sensibles de cada entidad. Se trata de un modelo que define una metodología a seguir para instalar la figura del Secretariado Técnico Local (STL), que se define en los espacios subnacionales como un espacio de deliberación con actores vinculados a la transparencia como son los órganos garantes, los gobiernos y la sociedad civil de cada entidad del país. Este modelo se afianza a partir de los parámetros establecidos en el Artículo 59 de la LGTAIP.

Tomando en cuenta que la implementación del Gobierno Abierto responde a las condiciones particulares de cada entidad, el INAI propuso una ruta crítica de seis pasos para orientar a los órganos garantes en la conducción de la puesta en marcha de los Ejercicios de GADEL:

INICIO DEL EJERCICIO: a) El órgano garante convocará a los actores más representativos de sociedad civil y gobierno; b) Explicará el modelo de Gobierno Abierto; y c) Presentará la ruta de acción de los Ejercicios de GADEL diseñada por el INAI.

CONFORMACIÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL (STL): a) El organismo garante local convocará a reunión, solicitará a los asistentes elegir integrantes y suplentes del STL y requerirá remitan de forma oficial los nombres de dichos integrantes con una semana de antelación a la celebración de la reunión; b) Durante la reunión se presentará a los representantes del STL (Primera visita por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI); c) Los miembros del STL levantarán un mecanismo de gobernanza; d) Cada integrante del STL emitirá una propuesta de facilitador; e) Se agendará una reunión posterior para la presentación del facilitador que sea elegido por el STL; y f) Se generará la agenda de trabajo del STL.

DESARROLLO DE MESAS PARTICIPATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Se desarrollarán mesas de trabajo para la definición de problemáticas, compromisos generales, actividades específicas, responsables por actividad e indicadores de cumplimiento individual, global, preliminar y final.

LANZAMIENTO Y FIRMA DEL PLAN DE ACCIÓN (Segunda visita por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI): Todos los participantes del Ejercicio de Gobierno Abierto, definirán compromisos incluyentes, estratégicos, de alto potencial transformador, replicables, medibles y sostenibles y firmarán un Plan de Acción Local con duración de un año que deberá incorporar compromisos conducentes a resolver problemáticas específicas identificadas en la localidad, vincularse con la Agenda de Gobierno Abierto Nacional, y con el proyecto Follow the Money.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Una vez definido y consensuado el PA, tendrá lugar el inicio de los trabajos y actividades establecidas en éste, para lo cual se deberán llevar a cabo sesiones de seguimiento de compromisos y actividades por parte del Secretariado Técnico Local.

MONITOREO Y EVALUACIÓN: Con la finalidad de contar con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan tener un panorama detallado del avance de los compromisos, actividades específicas, actores responsables y su grado de cumplimiento, se definirán indicadores que cuenten como mínimo con los siguientes atributos: 1) método de definición del indicador, 2) nombre del compromiso, 3) nombre del indicador, 4) método de cálculo, 5) frecuencia de medición, y 6) medio de verificación.

2.2. Desarrollo y resultados de los procesos GADEL

A continuación, se hace una descripción del estado de avance de los denominados Ejercicios de GADEL, tomando como referencia la metodología (o ruta de trabajo) propuesta por el INAI (en adelante, Modelo INAI). Es importante señalar que en este análisis, la calidad de los Ejercicios pasa por el grado de avance en términos metodológicos, por lo cual resulta relevante que aún cuando no se haya completado el ciclo del ejercicio (Implementación del Plan de Acción Local) en las entidades federativas es posible identificar sus avances. (Véase anexos metodológicos)

A las 13 entidades que firmaron la Declaratoria en 2015 (Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí), se sumaron 10 entidades en 2016 (Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y en la Ciudad de México, con los siguientes grados de avance, de acuerdo con la ruta crítica propuesta por el INAI.

Como primer resultado del análisis de los Ejercicios de GADEL encontramos un avance heterogéneo en los pasos propuestos en el modelo del INAI. Particularmente referidos a la instalación del Secretariado Técnico local y el lanzamiento del Plan de Acción. 17 de las 23 entidades han instalado el Secretariado Técnico y en menor medida, 10 de los 23 estados, han lanzado su Plan de Acción.

Avance de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto desde la instalación del STL hasta lanzamiento del PAL

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se identifica el grado de avance de los procesos locales desde la firma de la Declaración hasta la implementación del Plan de Acción Local.

Estado de avance de los ELGA desde la firma de la Declaración hasta la implementación del PAL

Fuente:

Elaboración propia. Datos al cierre de mayo de 2017.

* No se instaló el STL. en su lugar, se creó la Coordinación de Gobierno Abierto dependiente del ejecutivo estatal (Guerrero).

* No se instalará STL. Serán Comités de GA por compromiso.

** Se instaló el 12 de junio de 2017.

*** En la Ciudad de México se cuenta con la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta, que establece marcos de referencia para la metodología del ejercicio local. Sin embargo, al no contar todavía con STL, la metodología no ha sido revisada y aprobada por todas las partes.

****El PAL está en revisión del INAI.

En 2015 se iniciaron 13 Ejercicios de GADEL (Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí) y en todos se han realizado acciones de sensibilización sobre los ejercicios locales, mientras que en 10 de ellos ya se integró el Secretariado Técnico Local (faltan Hidalgo, Chiapas y Tabasco). Respecto al Plan de Acción Local, 9 entidades ya cuentan con este documento (faltan Hidalgo, Baja California, Chiapas y Tabasco). Por último, sólo Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz y Zacatecas ya iniciaron la implementación del Plan de Acción Local.

En 2016 de los 10 Ejercicios GADEL iniciados (Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y en la Ciudad de México) todos ya realizaron acciones de sensibilización, mientras que 7 de ellos ya cuentan con Secretariado Técnico Local. Resalta el caso de Querétaro donde los actores locales decidieron no instalar ésta figura sino Comités de Gobierno Abierto de acuerdo a cada institución de gobierno participante en el ejercicio. Cabe señalar que dos entidades (Nuevo León y la Ciudad de México) cuentan con una metodología para elaborar el Plan de Acción Local.

En la siguiente Tabla, se muestra el porcentaje de avance de los Ejercicios GADEL iniciados en 2015 y 2016 tomando como base desde la forma de la Declaración hasta la implementación del Plan de Acción:

Cuadro resumen del estado de avance de los ELGA

Fuente: Elaboración propia

De los Ejercicios GADEL iniciados en este periodo, todos han realizado acciones de sensibilización y difusión de los ejercicios. Respecto a la integración del Secretariado Técnico Local 17 entidades federativas cuentan con él, es decir, el 74%. En relación a la metodología del Plan de Acción Local, sólo 9 entidades cuentan con ella, es decir, el 39%; además, 9 entidades ya cuentan con su Plan de Acción Local, es decir el 39%. Por último, encontramos que 5 entidades ya iniciaron con la implementación del PAL, es decir, el 22%.

Desde esta perspectiva puede pensarse que los procesos locales de GA están siendo lentos, complejos y difíciles de implementar, y que por lo tanto, las metas para concreción se ven aun lejanas dentro de este modelo que propone INAI. Sin embargo, es necesario hacerse algunas preguntas para re-pensar los alcances de los procesos locales de GA: ¿Los procesos locales más “avanzados” son los más innovadores?, esto es, ¿Son los procesos locales que han demostrado mayor apertura, uso de tecnologías y rendición de cuentas los que han avanzado más dentro del modelo INAI? O por el contrario, ¿Son aquellos proceso locales de GA que menos ha apostado a procesos de participación amplia de los diversos actores, a la rendición de cuentas y al uso de tecnologías los que más han avanzado dentro del modelo INAI?

Para responder a estas interrogantes es importante abordar con otra mirada a los procesos locales de Gobierno Abierto, es decir, a través de los componentes del concepto de Gobierno Abierto a fin de responder a las interrogantes.

2.2.1. Estado de avance de los Ejercicios de GADEL

Para realizar el análisis de los alcances de los procesos locales se diseñó una metodología en la que se examinaron los componentes conceptuales que subyacen en el constructo teórico-jurídico del Gobierno Abierto vigente en México, esto es, considerando sus componentes: Participación Ciudadana; Rendición de Cuentas; y Uso Social de Tecnologías.

La metodología empleada, se encuentra descrita a detalle en el Anexo I: Nota metodológica.

2.2.1.1. Componente Participación Ciudadana

Uno de los principios de Gobierno Abierto es la incorporación de actores no gubernamentales en la toma de decisiones y en la solución de los problemas públicos en un esquema de co-creación. Es fundamental que este principio esté presente a lo largo de todo el proceso de GA, no sólo en relación a la apertura de espacios de co-decisión o co-gestión, sino también en el sentido de impulsar la máxima participación posible de actores sociales desde el propio diseño del proceso de Gobierno Abierto.

Para analizar el grado de incorporación de esta dimensión en los Ejercicios de GADEL se definieron una serie de criterios de participación ciudadana de acuerdo a las etapas propuestas por el Modelo del INAI. La Tabla de abajo muestra la descripción de los criterios ponderados de PC para las etapas que van desde la conformación del grupo promotor hasta la fase de aplicación del Plan Anual.

A continuación, se analiza el desarrollo de cada Ejercicio de GADEL desde la dimensión de participación ciudadana:

Durango

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con variantes. Por parte de la sociedad civil, se integró el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ciudadano de Transparencia Municipal, y por parte del sector gobierno el Ayuntamiento de Durango.

Se realizaron pláticas de sensibilización, así como mesas de trabajo con público especialista en temas que preocupan a la sociedad del estado, además se impartieron talleres a organizaciones de la sociedad civil y servidores del estado. Las acciones fueron organizadas y facilitadas por el grupo promotor y en algunos casos, el órgano garante nacional.

El STL se integró por invitación directa del órgano garante local y se realizó una convocatoria abierta para seleccionar al facilitador. No existió un procedimiento de selección en el caso del representante de sociedad civil. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. En el caso de los representantes de la sociedad civil, los nombramientos no son rotativos y tienen vigencia durante todo el ejercicio. En la operación del STL se contó con la asesoría sobre temas de medio ambiente, también con la asesoría del Colegio de Contadores Públicos y en todo momento con el acompañamiento del INAI. No obstante, no se consideran otros mecanismos de participación.

La metodología para el PAL fue diseñada por el STL y el Consejo Estatal Ciudadano. Se incluyeron mesas de trabajo con personas expertas en los temas que se iban planteando. Sin embargo, no se detectó información para conocer si hubo participación abierta de sociedad civil en dichas mesas.

En la elaboración del PAL participaron el STL, autoridades locales y organizaciones de la sociedad Civil. Para definir los temas del PAL se consideraron las problemáticas con mayor demanda. Se considera un compromiso relacionado con el fortalecimiento de la figura de Testigo Social. Se incluyeron grupos de trabajo multisectoriales para la implementación y seguimiento del PAL.

Oaxaca

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. Participó el Gobierno del Estado, la organización civil Sikanda, A.C. y el órgano garante local.

Se realizó un foro en donde participó la organización civil FUNDAR. También se realizó una consulta pública sobre las problemáticas que la ciudadanía identifica en su localidad a través de una encuesta, y se realizaron mesas de trabajo abiertas. Las acciones fueron organizadas por el órgano garante local y un actor social.

El STL se integró por invitación directa del órgano garante local. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. No se consideran otros mecanismos de participación en la operación del STL.

El STL fue el responsable de elaborar el PAL. Técnicamente en todos los compromisos se busca fortalecer la participación ciudadana. Se contemplaron desde hackatones hasta diseñar modelos de participación ciudadana (dependiendo del objetivo) del compromiso.

Morelos

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con variantes: por parte de sociedad civil, participó la Coparmex; por el sector gobierno, participó la Procuraduría Fiscal del Estado y el Tribunal Electoral del Estado; además del órgano garante local.

Se realizaron diversas acciones como talleres y mesas de trabajo, así como la difusión al público en general. Los eventos fueron organizados por el órgano garante local y un actor social. Se realizaron en diversas partes del Estado. El órgano garante local facilitó las acciones.

El STL se integró por invitación directa del órgano garante local a instituciones de gobierno. No obstante, no se detectó información sobre el representante de sociedad civil. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. En el caso de los representantes de la sociedad civil, puede extenderse el periodo de nombramiento hasta que se cumplan los compromisos. Se ha tenido retroalimentación permanente de expertos, de promotores del ejercicio, y de organizaciones civiles indirectas. Las sesiones del STL son públicas puede participar el público en general, invitados especiales y observadores sociales.

La metodología del PAL fue propuesta por la sociedad civil. Se incluyeron Mesas de trabajo colaborativas (demanda social, oferta institucional y tecnologías).

El STL fue el responsable de elaborar el PAL integrando las demandas sociales de mayor prioridad recabadas a través las mesas y consultas. Dos compromisos contemplan la relevancia de la participación ciudadana directa a través de consejos consultivos.

Veracruz

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI ampliado. Por el sector público, participaron el Órgano de Fiscalización Superior, la Contraloría General, y el Ayuntamiento de Veracruz; por parte de sociedad civil, participó CIMTRA-Veracruz, además del órgano garante local.

Respecto a la fase de sensibilización, por invitación directa a sujetos obligados se realizaron mesas diálogo y cursos de capacitación. Además, a través de un micrositio dedicado, se lanzó una convocatoria abierta con una sección de contacto para intercambio de opiniones. Estas acciones fueron organizadas por el órgano garante local e instituciones de gobierno. Estuvieron dirigidas principalmente a servidores públicos, aunque también hubo asistencia de sociedad civil.

Para integrar el STL se realizó una convocatoria pública emitida por el órgano garante local y nacional la cual fue difundida a través de medios digitales, impresos, radio y televisión, así como mediante la invitación directa a organizaciones de la sociedad civil. El STL se integró por el INAI y el IVAI, los sujetos obligados que por iniciativa propia decidieron participar, el facilitador por invitación del órgano garante estatal y los monitores de comunicación, tecnologías de información y ciudadano como una innovación y variante en el ejercicio local de Veracruz.

Para la operación del STL, se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. En el caso de los representantes de la sociedad civil, si se considera necesario puede extenderse el periodo de nombramiento. Se ha contado con la asesoría del INAI, del INEGI en temas de indicadores, con el Instituto Mexicano de Competitividad y el organismo Global Integrity.

En el diseño de la metodología del PAL sólo participaron el órgano garante local y nacional, así como instituciones de gobierno. Además, se incorporaron mesas de diálogo, reuniones de trabajo y una consulta pública.

En la elaboración del PAL participaron los integrantes del STL así como actores sociales que realizaron el acompañamiento, el facilitador y los monitores. Se incluyeron varios compromisos relacionados con el fortalecimiento de la participación ciudadana en temas de recursos públicos, obra pública, seguridad y educación. Para la implementación del PAL se considera la programación participativa, reuniones de trabajo y mecanismos de evaluación.

Jalisco

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI: por parte de sociedad civil se integró CIMTRA-Jalisco y el Colegio Estatal de Estudios Políticos, además el Gobierno del Estado de Jalisco y el órgano garante local.

Se realizaron consultas ciudadanas en línea y mesas de trabajo en donde se abordaron diversos temas, las cuales fueron organizadas por el grupo promotor, y fueron impartidas por diversos especialistas entre ellos organizaciones de la sociedad civil. Los eventos se realizaron en diversas sedes como instituciones públicas y académicas así como en espacios públicos. A los eventos asistieron representantes de organizaciones civiles, empresarios, académicos, representantes de organismos autónomos locales y servidores públicos del Estado y los Municipios.

El STL se integró por invitación directa del órgano garante local a diversos actores del sector público, academia, empresarial, medios de comunicación y sociedad civil. El Secretariado se divide en dos grupos: El primero consiste en miembros titulares y sus suplentes, encargados de direccionar la agenda y tomar decisiones, y el segundo grupo, denominado enlaces, compuesto de expertos en temas de transparencia, participación ciudadana, cooperación internacional, etcétera. Se generó un mecanismo de gobernanza y un plan para la creación de un plan de acción. Ambos documentos se trabajaron por todos los miembros del Secretariado y fueron aprobados en la segunda sesión ordinaria del mismo.

Según el Mecanismo de Gobernanza del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para Jalisco, toda decisión se somete a voto de los miembros titulares. Se aprueba al contar con mayoría de votos. Se ha invitado a especialistas de Transparencia Mexicana y del INAI, así mismo, se llevó a cabo una mesa con expertos en las problemáticas planteadas después del ejercicio de la consulta pública. Para el tema de Gobierno Abierto se tuvo la participación de Reboot4.

Se contó con la asesoría de especialistas quienes proporcionaron lineamientos para la elaboración del PAL. Se hicieron consultas en línea; se aplicaron cuestionarios al interior del estado (en municipios); se llevaron a cabo mesas temáticas abiertas y con expertos; se hizo un registro de las aportaciones y se elaboró un documento que da cuenta del proceso.

En la elaboración del PAL participaron miembros del STL, gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, cúpulas empresariales, académicos, estudiantes y ciudadanos interesados. Los temas de los compromisos fueron identificados a través de consulta pública. Esto quiere decir que los ciudadanos identificaron los temas prioritarios que los compromisos atienden. Se da seguimiento al PAL a través de equipos temáticos; se está invitando sobre la marcha a más agrupaciones.

Coahuila

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI: órgano garante local, Gobierno del Estado, y las organizaciones civiles Renacer Lagunero, México Infórmate, Participación Ciudadana 29.

Se llevaron a cabo varias pláticas en distintas ciudades del Estado, convocadas principalmente por el órgano garante local, así como una rueda de prensa. La invitación se difundió en redes sociales, spots de radio y a través del envío de correos electrónicos a bases de datos de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Las pláticas fueron impartidas por diversos actores entre ellos, organizaciones de la sociedad civil. Estuvieron dirigidas a representantes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras y organismos empresariales, asociaciones civiles, clubes de servicio, colegios y asociaciones de profesionistas, universidades, académicos, público en general y representantes de instituciones públicas.

Para el STL, se realizó una convocatoria pública emitida por el órgano garante local la cual fue difundida a través de medios digitales, impresos y radio. Dado que hubo una respuesta amplia de sociedad civil, de Enlaces Regionales de Gobierno Abierto, figura única en los Ejercicios de GADEL a nivel nacional que pretende abrir la participación de la sociedad civil en el STGA a todas las regiones de la entidad. Así, la sociedad civil en coordinación con el órgano garante local lanzó una convocatoria pública para realizar la elección de los Enlaces Regionales de Gobierno Abierto, la cual se socializó en redes sociales y en la página oficial del órgano garante, así como mediante spots de radio a nivel estatal, inserciones en la prensa y correos electrónicos enviados a representantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Se facilitaron sedes para que la sociedad civil se reuniera en las cinco regiones del estado (Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras). A éstas reuniones asistieron personas interesadas y se eligieron cinco Enlaces Regionales de Gobierno Abierto, con sus respectivos suplentes.

Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. Además, se definieron lineamientos específicos para sociedad civil. Se ha tenido retroalimentación de especialistas para la instrumentación de los compromisos. Se definió una ruta crítica para la elaboración del PAL que considera mesas de trabajo en las regiones del Estado.

En la elaboración del PAL participaron los integrantes del STL así como otras organizaciones de la sociedad civil y una institución pública. Como criterios se consideró los temas prioritarios en común entre las regiones. Se realizaron mesas de trabajo multisectoriales entre sociedad civil e instancias públicas involucradas en el cumplimiento de los compromisos.

Tlaxcala

Se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con una variante en el sector gobierno. Se integró por la Unión General Obrero, Campesina y Popular Independiente, A.C., el Ayuntamiento de Tlaxcala y el órgano garante local.

Se realizaron acciones de sensibilización de Gobierno Abierto en forma Regional con autoridades municipales y sociedad en general. Así como una plática de sensibilización de Gobierno Abierto e invitación a sumarse al ejercicio a universitarios. En la organización y realización participó el órgano garante local y una organización de la sociedad civil especializada en Gobierno Abierto.

En la elaboración del PAL participaron los integrantes del STL. Una vez identificados los problemas generales que se detectaron en las reuniones del STL, se emitió la convocatoria de Gobierno Abierto de fecha 13 de Mayo de 2015, para que las Áreas Responsables de Información, y las y los Presidentes Municipales del estado participaran en el ejercicio. Una vez que se acercaron los representantes de algunos municipios, se crearon mesas de trabajo entre los miembros del STL, sociedad civil, autoridades y representantes del órgano garante del estado de Tlaxcala. En estas mesas de diálogo se delimitaron las problemáticas previamente identificadas de acuerdo a las problemáticas más visibles en el estado, con base a ello, las áreas responsables de cada municipio ayudaron haciendo un análisis de la demanda de información de acuerdo a cada municipio participante, y posteriormente se presentaron diversas soluciones viables para poder plasmarlas en el PAL.

Dos compromisos del PAL incluyen como temas objetivo el fortalecimiento de la participación: en materia de obra pública y en las actividades legislativas.

Hidalgo

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. El grupo promotor se integró por el Consejo Consultivo Ciudadano, el Gobierno del Estado y el órgano garante local.

Se realizaron pláticas de sensibilización de Gobierno Abierto a través del Gobierno Estatal con el Consejo Coordinador Empresarial de Pachuca, Hidalgo, Clubes de Servicios, Universidades y Presidencias Municipales.

Baja California

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. El grupo promotor se integró por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos A.C., el Congreso Estatal y el órgano garante local. Se realizaron reuniones con distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil, organizadas y facilitadas por el órgano garante local, dirigidas a la Red Estatal por la Transparencia.

La integración del STL se realizó mediante invitación directa por parte del órgano garante local. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. Se tuvo retroalimentación de una organización de la sociedad civil especializada en Gobierno Abierto. Se considera la participación de observadores sociales.

No se definió una metodología como tal, sólo se tomó el acuerdo en el STL de realizar mesas participativas y una consulta pública.

Chiapas

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con la variante de que no participó todo el gobierno estatal. El grupo promotor se integró por la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, la Asociación de Mujeres con Voluntad y Esfuerzo A.C. y el órgano garante.

Se realizaron pláticas organizadas por el órgano garante local dirigidas a estudiantes, académicos, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos.

Tabasco

Para integrar el grupo promotor, se realizó una elección del representante de la sociedad civil, quedando conformado por el órgano garante local, EGES para el Desarrollo A.C. y el Gobierno del Estado.

Se realizaron diversas acciones tales como: capacitación sobre Gobierno Abierto; un panel impartido por un académico, y jornadas de sensibilización. Fueron convocadas por el órgano garante local, se realizaron en distintas sedes y participó la academia. Las acciones estuvieron dirigidas a organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general y servidores públicos.

Zacatecas

Para integrar el grupo promotor, se lanzó una convocatoria a nivel estatal en todos los municipios con ayuda del IZAI que en su momento era CEAIP así como de las unidades transparencia en todos los municipios. Quedó conformado por el Gobierno del Estado, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Zacatecas (FECOAPEZ) y el órgano garante local.

El órgano garante local en conjunto con una organización de la sociedad civil, lanzó una convocatoria para invitar a la sociedad a formar parte del proyecto de Gobierno Abierto de Zacatecas. Se realizaron pláticas y reuniones con los distintos actores involucrados. A los eventos asistieron estudiantes, académicos y servidores públicos.

Para el STL, se realizó una convocatoria pública emitida por el órgano garante local y diversos actores sociales (Universidades, Colegios, Cámaras y Asociaciones). Se difundió a través de diversos medios: digitales, carteles en lugares públicos, así como radio y televisión. Se reunieron más de 50 representantes y/o actores de Cámaras, Colegios, Asociaciones, Universidades, entre otros. El procedimiento de selección fue mediante terna y elección por votación abierta para la sociedad civil.

Para la operación del STL, se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. Se considera la asistencia de observadores sociales; además, se considera que las sesiones se transmiten en vivo.

Se cuenta con una metodología del PAL elaborada por el STL, no obstante, se adaptó para encontrar un equilibrio entre los intereses manifestados por los participantes y que los compromisos adquiridos tuvieran un impacto real. Se incluyeron los siguientes mecanismos de participación: recepción de propuestas a través del portal dedicado y por correo electrónico.

En la elaboración del PAL participaron los integrantes del STL. Para la selección de los temas, se definió una metodología que atiende tres criterios: a) el tiempo de implementación, b) a población beneficiada, y c) el componente de innovación. A los temas propuestos se les aplicó la medición descrita, y se votaron al interior del STL. Los compromisos del PAL no incluyen como temas objetivo el fortalecimiento de la participación ciudadana, sin embargo, sí considera algunos mecanismos participativos para su implementación.

San Luis Potosí

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. Gobierno del Estado, Coparmex y órgano garante local. Además, fueron testigos el Congreso del Estado y la UASLP.

Durante cuatro meses el órgano garante local trabajó de manera cercana con el gobierno y la sociedad, sensibilizando a Sectores Productivos, Organizaciones de la Sociedad Civil, académicos y funcionarios públicos de diversas instituciones de gobierno. No obstante, en la organización y realización de los eventos no participaron organizaciones de la sociedad civil.

Para el STL se realizó una convocatoria pública emitida por el órgano garante local a través de un micrositio dedicado al ejercicio. A la convocatoria acudieron diversas organizaciones de la sociedad civil. El procedimiento de selección fue elección directa por mayoría. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. Se considera la asistencia de observadores sociales e invitados con derecho a voz. Además, se creó la Red Potosina de Municipios por el Gobierno Abierto, que participan en el STL a través del representante suplente del sector gobierno.

Se cuenta con una metodología elaborada por el STL, la cual complementa el trabajo previo del gobierno del estado, a través de COPLADE, para la elaboración del Programa Estatal de Desarrollo (PED), con mesas de trabajo en específico para temas del PAL. Los mecanismos de participación son: cuatro mesas de diálogo, con la participación de los diversos actores gubernamentales y sociales, así como una consulta pública abierta a los sectores ciudadano, estudiantil, empresarial, académico, gubernamental, organizaciones de la sociedad civil y a cualquier persona interesada.

En la elaboración del PAL participaron los integrantes del STL y otra organización de la sociedad civil. Dado que los temas incluidos en el PAL son parte del PED, los criterios para la selección de los temas son resultado del ejercicio de consulta pública y foros de expertos. Cuatro de cinco compromisos tienen componentes de fortalecimiento de la participación, además se incluyen mecanismos participativos para la implementación del PAL como mesas de diálogo, comités de vigilancia y comités de dictaminación.

Campeche

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. Por la sociedad civil, la organización Juntos por Campeche; el Gobierno del Estado y el órgano garante local.

Se llevaron a cabo dos conferencias organizadas por el órgano garante local en donde participaron expertos. No obstante, no colaboraron organizaciones de la sociedad civil. En dichos eventos se contó con la participación de autoridades gubernamentales, instituciones de educación superior, partidos políticos y sindicatos, además de organizaciones de la sociedad civil.

El STL se integró por invitación directa a los asistentes del segundo evento de sensibilización: autoridades gubernamentales, instituciones de educación superior, partidos políticos y sindicatos, además de organizaciones de la sociedad civil. El procedimiento de selección fue elección por mayoría para cada sector.

Chihuahua

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con una variante en el caso del sector gobierno. Por parte de sociedad civil se integró Promotora Social, Personas con Discapacidad A.C.; por parte de gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, y el órgano garante local.

Se llevaron a cabo diversas acciones: Reunión con el Tribunal Superior de Justicia estatal, Foros de sensibilización en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Los eventos estuvieron organizados por el órgano garante local, y estuvieron dirigidos a principalmente a servidores públicos del poder ejecutivo.

No se instaló el STL. En su lugar, se creó la Coordinación de Gobierno Abierto dependiente del ejecutivo estatal.

Guerrero

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. Por parte de sociedad civil se integraron Guerrero Transparente, A.C. y CIMTRA-Guerrero. Por parte del gobierno, la Contraloría del Estado y Ayuntamiento de Acapulco; además el órgano garante local.

Se llevó a cabo un foro para la integración del Plan de Acción en Gobierno Abierto Municipal, con la participación de sociedad civil y el órgano garante local. También participó el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), para compartir acciones de Gobierno Abierto en Morelos. Además, se llevó a cabo una jornada de sensibilización a la cual asistieron personas interesadas en el tema.

Para el STL se realizó una convocatoria pública emitida por el grupo promotor por medios digitales y prensa local.

Estado de México

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI, sin embargo, el órgano garante local integró el grupo promotor con los actores que se mostraron interesados. Por el sector público, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y el órgano garante local. Por la sociedad civil, la organización México es Nuestro Compromiso A.C.

Se llevó a cabo un evento de sensibilización organizado por el grupo promotor y el INAI, el cual estuvo dirigido a servidores públicos de los órdenes estatal y municipal, así como a representantes de la sociedad civil.

Michoacán

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con la variante de incorporar además del poder ejecutivo estatal a un gobierno municipal.

Sólo se identificó una acción de sensibilización organizada por el órgano garante local y el gobierno estatal, en la cual participaron universidades y organizaciones empresariales. Para el STL se realizó una convocatoria pública a la cual acudieron diversas organizaciones de los sectores académico, empresarial y sociedad civil. No obstante, no se identificó el procedimiento de selección del representante social ante el STL. Asimismo, no se identificó el reglamento o bases de actuación del STL. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI.

Nuevo León

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI ampliado. Por el sector gobierno participaron los tres poderes: el Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, el Tribunal Superior de Justicia, y el H. Congreso del Estado, así como el órgano garante local. Por la sociedad civil, dos organizaciones: Centro de Integración Ciudadana y Redes Quinto Poder.

Se realizaron varias acciones de sensibilización dirigidas a distintos públicos como servidores públicos, periodistas, estudiantes y académicos, así como público en general. En la organización de los eventos participaron actores sociales, así como especialistas en Gobierno Abierto.

Para el STL se realizó una convocatoria pública para participar en el ejercicio. Se retomaron los criterios básicos del INAI, por lo menos un representante de cada sector: gobierno, órgano garante local y sociedad civil. Dado que se incluyó al poder legislativo y judicial estatal, se abrieron 3 espacios para la sociedad civil. Se retoman como base los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. No obstante, el STL está revisando y ampliando los lineamientos de operación. Se cuenta con el apoyo de un facilitador (de acuerdo a la metodología propuesta por el INAI). Se contó con la asesoría del INAI (Dirección de Gobierno Abierto) en una reunión de presentación de avances. Sin embargo, no se tienen identificados mecanismos de participación ciudadana.

No se tiene identificado un documento como tal de metodología para elaborar el PAL. Se cuenta con un manual provisto por el INAI y otro documento de apoyo provisto por el Instituto Republicano Internacional. Se tiene contemplada la realización de mesas participativas para identificar los temas de interés de los participantes. Asimismo, se utilizó como insumo una encuesta de percepción ciudadana elaborada por la organización ¿Cómo Vamos? Nuevo León durante noviembre y diciembre de 2016.

Querétaro

Para el grupo promotor, se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. Sin embargo, dado que no hubo respuesta por parte del gobierno estatal y otros actores sociales al inicio, el órgano garante local tuvo que realizar acciones de acercamiento y sensibilización con diversos actores. Por parte del sector público, se integró el municipio de Corregidora y el órgano garante local. Por parte de sociedad civil, se integró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Querétaro).

Se realizaron pláticas organizadas por el órgano garante local y una organización de la sociedad civil en las cuales participaron diversas instituciones de gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de los asistentes fueron servidores públicos.

No hay Secretariado Técnico Local, sino que habrá una diversidad de Comités de acuerdo a las instituciones de gobierno participantes. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro emitirá unos Lineamientos específicos para la integración y operación de los Comités.

Sinaloa

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI con la variante de incorporar al Poder Judicial por la proximidad del proceso electoral.

Se realizaron diversas acciones de sensibilización en colaboración con dos actores sociales, dirigidas a diversos sectores sociales y a servidores públicos.

Para el STL se realizó una convocatoria pública con amplia difusión en diversos medios digitales, radio y televisión por integrar el STL, no obstante, no se identificó el procedimiento de selección de los representantes de sociedad civil. Por otro lado, en la composición del STL existe una mayoría del sector gobierno. En relación al modelo de gobernanza, se replicaron los lineamientos propuestos por el INAI.

En la operación del STL se ha tenido retroalimentación del INAI. No se especifican los mecanismos de participación ciudadana de actores interesados que no forman parte del STL.

Sonora

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI. Por parte del sector público, la Jefa de la Oficina del Gobierno Estatal, así como el órgano garante local. Por parte de la sociedad civil, participó la organización Sonora Ciudadana. Se realizaron tres foros en distintas ciudades del Estado organizadas por el grupo promotor. Además, participaron representantes de otras organizaciones civiles así como del INAI. Los eventos estuvieron dirigidos al público en general y a algunos Presidentes Municipales.

Para el STL no se identificó el lanzamiento de una convocatoria pública, sin embargo, se invitó a otras organizaciones de la sociedad civil a participar en el ejercicio. Por otra parte, no se ubicó el procedimiento de selección del representante de sociedad civil ante el STL. Se retoman los elementos del Modelo de Gobernanza propuesto por el INAI. No obstante, el STL está revisando los lineamientos en lo particular. Se consideró la posibilidad de que haya observadores sociales durante las sesiones.

Ciudad de México

Para el grupo promotor se adoptó el esquema multisectorial propuesto por el INAI, sin embargo, el órgano garante local integró el grupo promotor con los actores que se mostraron interesados. Por parte del sector público, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, el Instituto Electoral Local, así como las Delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Por parte de la sociedad civil, participó la organización civil CIMTRA-CDMX, IARAC-CDMX y ciudadanos independientes.

Se llevó a cabo un foro organizado por el órgano garante local en el cual participaron representantes del INAI, Gobierno de la CDMX, del Sistema Nacional de Transparencia, la Asamblea Legislativa, y de diversas organizaciones civiles. El evento estuvo dirigido a servidores públicos, sociedad civil y público en general.

Se cuenta con la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta, que establece marcos de referencia para la metodología del ejercicio local. Sin embargo, al no contar todavía con STL, la metodología no ha sido revisada y aprobada por todas las partes.

En la siguiente tabla, se muestra el resultado del cumplimiento de los criterios de participación ciudadana de cada Ejercicio, considerando el grado de avance en cada caso:

Simbología:

“-” = el ejercicio local no ha cubierto esa etapa.

“/” = no se obtuvo información para valorar el criterio.

Como se observa existe una incorporación desigual de la dimensión de participación ciudadana (PC) en los ejercicios locales de Gobierno Abierto. Las entidades que han tenido un alto grado (76 - 100%) de incorporación de la PC en sus Ejercicios de GADEL son Sinaloa, Jalisco y Coahuila. Las entidades que han tenido un grado medio (51 - 75%) de incorporación de la PC en sus Ejercicios de GADEL son San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Durango, Veracruz y Sonora. Por último, las entidades que han tenido un bajo grado (0 - 50%) de incorporación de la PC en sus Ejercicios de GADEL son: Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Baja California, Ciudad de México, Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Chiapas y Chihuahua.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados del grado de incorporación de la PC en los Ejercicios de GADEL.

En promedio se encuentra que se cumple con el 51% de los criterios definidos para la dimensión de PC. Destacan los casos de Sinaloa, Jalisco y Coahuila con alto grado de incorporación de la PC. Pero por otro lado, tenemos los casos de Campeche, Hidalgo y Chiapas con bajo grado de incorporación. Otro caso extremo es Chihuahua con 4% de cumplimiento de los criterios de la dimensión de PC.

2.2.1.2. Componente Rendición de Cuentas

Desde el enfoque de Gobierno Abierto se hace énfasis en la rendición de cuentas dirigida a los actores sociales, esto es, la rendición de cuentas social (RC). Desde este enfoque, para ser válidas, las acciones de RC deben ser públicas en donde participen actores sociales ya sea del propio Gobierno Abierto u otros actores sociales interesados y público en general, asimismo deben tener un formato que permita por lo menos el cuestionamiento directo a los responsables y su respuesta.

Al igual que en la dimensión de PC, para analizar el grado de incorporación de la RC en los Ejercicios de GADEL se definió una serie de criterios de acuerdo a las etapas propuestas por el Modelo INAI. A continuación, la Tabla muestra la descripción de los criterios desde la fase de sensibilización hasta la fase de implementación del Plan de Acción con sus respectivos criterios de valores.

A continuación, se analiza el desarrollo de cada Ejercicio GADEL la dimensión de Rendición de Cuentas social:

Durango

Se integró un informe de resultados en donde se señaló la sensibilización de 400 personas aproximadamente que conocieron del proyecto y se sumaron a él.

La forma en que se integró el STL se dio a conocer en sesiones de trabajo a través de convocatorias abiertas. Por medios de comunicación locales, redes sociales y plataformas de los integrantes del STL.

El STL ha realizado un evento de participación a través de una convocatoria dirigida a la sociedad, autoridades gubernamentales y los integrantes del organismo garante de la transparencia en el Estado de Durango. Dirigidas a la Sociedad Civil, así como reuniones de seguimiento para la presentación de avances.

Se integró un informe general de resultados. Además, se realizaron reuniones permanentes para informar cómo iban los avances y al final se tuvieron dos reuniones para dar a conocer los resultados y uno de ellos para el cierre del ejercicio en donde se invitaron a todos los involucrados.

Los compromisos del PAL incluyen transparencia, rendición de cuentas, controlaría social de obra pública y controlaría infantil. Se establecen como mecanismos de M&E, reuniones permanentes cada mes o antes, un informe final de resultados, semáforo de avances.

Oaxaca

Se hizo una presentación pública del STL, así como un comunicado de prensa. Hubo una presentación pública del PAL.

Morelos

La integración del STL se dio a conocer en un evento público con la participación de instituciones públicas, organizaciones civiles y público en general en donde se implementó el protocolo con el INAI. Posteriormente, una vez aprobados sus reglamentos, se hizo un acto protocolario ante notario público para darle formalidad simbólica y a partir de ese evento se comenzaron con las reuniones de trabajo y sesiones del secretariado.

Respecto a la operación del STL, se difunde información a través de la página electrónica oficial. Además, se cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas (especie y económico) de acuerdo a las actividades desarrolladas por el STL.

Veracruz

Sobre las actividades de sensibilización se informó al público en general mediante una página de Gobierno Abierto y con el reporte o informe de actividades de seguimiento.

La integración del STL se dio a conocer mediante la página de Gobierno Abierto, redes sociales y medios de comunicación. Además, sobre la operación del STL se realizó una presentación pública de los resultados obtenidos dirigida a la sociedad.

Respecto a la implementación del PAL, se realizó una presentación oficial del producto de cada ejercicio, dirigido a la sociedad en general.

Jalisco

Se han realizado sesiones oficiales del STL, con presencia de medios y transmisión en vivo, así como una rueda de prensa.

Respecto a la operación del STL, se publican todos los documentos generados y mantiene informada a las personas a través de redes sociales.

Además, se cuenta con la presencia de observadores sociales en las sesiones; se realizan sesiones públicas, existe un correo de Gobierno Abierto, portal de Gobierno Abierto y un tablero de seguimiento para visualizar los avances de los compromisos.

Se llevó a cabo un evento en donde se dieron a conocer los compromisos contenidos en el PAL.

Para la implementación del PAL, se realizan reuniones de organismos involucrados de cada compromiso; seguimiento de los enlaces; reuniones públicas de información de avances; tablero de control abierto al público, etcétera. Implementadores, sociedad civil, académicos, empresarios e interesados. Además, se tiene contemplado publicar un semáforo en donde indique el grado de avance de los compromisos.

Coahuila

Se estableció que los integrantes del STGA rendirán un informe de actividades y harán entrega de la documentación que hayan generado durante su designación a los actores que sean elegidos para sucederlos.

La metodología se aprobó por unanimidad en sesión pública del STL.

En el PAL se incluyeron compromisos para el fortalecimiento de la rendición de cuentas social, tales como un informe público de la deuda pública, el seguimiento a fondos públicos; un informe público detallado sobre recursos asignados, ejercidos y por ejercer destinados a seguridad. Además, se establece una plantilla por compromiso donde se definen actividades y responsables con indicadores de resultados. Asimismo, se realizan sesiones públicas del STL donde se analiza el cumplimiento del PAL.

Tlaxcala

Se establecieron compromisos referentes al fortalecimiento de la RC en obra pública, en recursos provenientes de los fondos federales del Ramo 33, así como en materia legislativa.

Se realiza seguimiento a la implementación del PAL con indicadores de evaluación.

Baja California

Derivado de las acciones de sensibilización, se conformó la Red Estatal por la Transparencia la cual se integró al STL. Se realizó un evento público con amplia participación.

Sobre la operación del STL, se publican las reuniones y los acuerdos en el sitio de Facebook.

Se publicaron los resultados de las mesas de trabajo y de las consultas ciudadanas en el portal web.

Se publican los acuerdos en la página de Facebook.

Chiapas

De las acciones de sensibilización, se reporta que se integraron nuevas organizaciones al grupo de trabajo para establecer mecanismos para la instalación del STL.

Zacatecas

Se realizó una relatoría del proceso y un acta de instalación en el micrositio dedicado y en redes sociales. La instalación del STL tuvo amplia cobertura mediática. Se contempla la presentación de informes de entrega por cada Secretariado. Se publicitan los acuerdos en la página de Facebook.

Sobre el PAL, se incorporó el componente Follow the Money, aplicado a la deuda pública del Estado. Cada compromiso tiene actividades con fechas de entrega así como indicadores asociados.

San Luis Potosí

Se publicaron los resultados de la encuesta en línea en el sitio web de la Contraloría del Estado.

Sobre el PAL, tres compromisos incorporan el fortalecimiento de contralorías sociales. Cada compromiso cuenta con fechas de cumplimiento comprometidas, medios de seguimiento de cada actividad, así como indicadores.

Campeche

La instalación del STL se realizó en un evento público.

Sobre el PAL, un compromiso es la contraloría social a la obra pública para infraestructura escolar. Se establecen indicadores y fechas compromiso.

Nuevo León

Los integrantes del STL al término de un año deberán elaborar un informe de actividades y harán entrega de la documentación que hayan generado durante su administración a los actores que sean elegidos para sucederlos y al facilitador.

Querétaro

No se reportan acciones de RC como parte del ejercicio.

Sinaloa

La instalación del STL se dio a conocer en reuniones con sociedad civil y una reunión de autoridades.

Sonora

Los integrantes del STL al término de un año deberán elaborar un informe de actividades y harán entrega de la documentación que hayan generado durante su administración a los actores que sean elegidos para sucederlos y al facilitador.

Finalmente, en las entidades de Hidalgo, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México no se identificaron acciones de RC como parte del ejercicio.

En la siguiente tabla, se muestra el resultado del cumplimiento de los criterios de rendición de cuentas social de cada Ejercicio, considerando el grado de avance en cada caso:

Como se observa existe una incorporación desigual de la dimensión de RC en los Ejercicios de GADEL. Las entidades que tuvieron un alto grado de incorporación de la dimensión de RC son Jalisco, Durango y Veracruz. Las demás entidades tuvieron un bajo grado de incorporación de la dimensión de RC: Coahuila, Zacatecas, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Campeche, Sonora, Nuevo León, Tlaxcala y Sinaloa. Por último, encontramos las entidades de Hidalgo, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México, donde no se han realizado acciones de RC en los Ejercicios de GADEL.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados del grado de incorporación de la RC en los Ejercicios de GADEL:

En Promedio encontramos que se cumple con el 28% de los criterios definidos en la presente investigación en materia de RC. Resaltan los casos de Veracruz, Jalisco y Durango con un alto grado de incorporación de la RC. Por el otro lado, tenemos los casos de Hidalgo, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México donde no se han incorporado acciones de RC; estos casos coinciden en que han avanzado poco en la implementación de las etapas del Modelo INAI.

2.2.1.3. Componente Uso Social de Tecnologías

Desde el enfoque de GA, las innovaciones tecnológicas permiten potenciar la participación ciudadana y la rendición de cuentas social para la co-creación de valor público. Es por ello que son una parte importante de los procesos de Gobierno Abierto.

Al igual que en las dimensiones anteriores, para analizar el grado de incorporación de las TICs en los Ejercicios de GADEL se definió una serie de criterios de acuerdo a las etapas propuestas por el Modelo del INAI. A continuación, la Tabla muestra la descripción de los criterios para cada etapa:

A continuación, se analiza el desarrollo de cada Ejercicio de GADEL desde la dimensión de uso social de tecnologías:

Durango

Para las acciones de sensibilización, se utilizó Facebook, Twitter, páginas de internet de los actores involucrados, así como correo electrónico.

Como parte de la elaboración del PAL, se habilitaron computadoras para cada una de las mesas de trabajo. Asimismo, para la difusión del PAL, se utilizó una página de internet y redes sociales.

Oaxaca

Se utilizaron redes sociales para difundir las acciones de sensibilización.

Para la integración y operación del STL se utilizaron herramientas digitales como Google Docs y reuniones por Skype.

Para la elaboración del PAL se realizó una encuesta por Google Docs y se utilizaron redes sociales y página de internet a través de las cuales se obtuvo retroalimentación sobre el proceso.

Morelos

Se difundieron las acciones de sensibilización a través de una página de internet. Además, se habilitaron mecanismos de consulta ciudadana como formularios web y redes sociales, y plataformas para socializar las actividades periódicas del ejercicio.

Para la difusión y elaboración del PAL se utilizaron correos electrónicos, redes sociales y plataformas en vivo.

Respecto a la implementación del PAL, se publica periódicamente el grado de avance en los compromisos a través de la Plataforma Tecnológica del STL.

Veracruz

Se creó una página de internet exclusiva para el ejercicio de Gobierno Abierto en el que se documentó la programación, seguimiento y conclusión de compromisos, en las redes sociales como herramientas de difusión y los sitios web oficiales de los sujetos obligados participantes.

En la operación del STL se utiliza una página de internet, así como correo electrónico y redes sociales.

Para la elaboración del PAL se realizó una consulta pública del proyecto preliminar a través de medios electrónicos para efectos de retroalimentación.

Para el seguimiento a la implementación del PAL se ha utilizado una página del internet y correo electrónico de forma permanente.

Jalisco

En la operación del STL se utiliza una página de internet, así como correo electrónico y redes sociales. También se transmiten por internet las sesiones del STL.

Para obtener los principales problemas que afectan a los ciudadanos, y que podrían ser materia de los compromisos a determinar, se llevaron a cabo consultas públicas en línea, se instalaron equipos de cómputo en las cabeceras municipales de los Ayuntamientos, así como en la vía recreativa.

Se diseñó un tablero de seguimiento en la página para que la ciudadanía observe cuales son los avances en la implementación del PAL.

Coahuila

Para la sensibilización se utilizaron redes sociales, correos electrónicos, página de Gobierno Abierto, así como un spot radiofónico.

Para realizar las convocatorias a las reuniones de trabajo y para la selección de sus integrantes (sociedad civil), se utilizaron redes sociales, página de internet y un spot radiofónico.

En la operación del STL se utilizan las plataformas de videoconferencias.

Para el seguimiento a la implementación del PAL se han utilizado correos electrónicos, videoconferencias, páginas de internet y redes sociales.

Baja California

Para la elaboración del PAL se realizó una consulta ciudadana en línea y se publicitaron las mesas de trabajo.

Zacatecas

Para las acciones de sensibilización se informó a los grupos de la sociedad por radio y prensa; además se utilizaron redes sociales.

Para la integración del STL, se utilizaron diversos medios digitales para publicitar la convocatoria.

En la operación del STL se han utilizado redes sociales para convocar a las reuniones de trabajo. Además, se publicitan los principales acuerdos en la página de Facebook, a través de la cual se responden comentarios y dudas. Las sesiones se transmiten en vivo.

Para la elaboración del PAL se realizó una consulta en línea con formulario para ingreso de comentarios y sugerencias. Además, se recibieron propuestas por internet y correo electrónico.

San Luis Potosí

En relación a la integración del STL se utilizaron páginas de internet para la difusión de la convocatoria para elección del representante de sociedad civil.

Para la elaboración del PAL se realizó una consulta en línea con formulario para ingreso de comentarios y sugerencias.

Michoacán

Para el registro de los candidatos al STL se habilitó un formulario para su envío por correo electrónico.

Nuevo León

Para las acciones de sensibilización, se utilizó la transmisión de video a través de internet (streaming). Además, se habilitó un micrositio dedicado al ejercicio.

Para la integración del STL, se difundió la convocatoria en un micrositio dedicado, así como en las páginas de internet de los integrantes del grupo promotor. Además, se habilitó un formulario electrónico para el registro de los interesados.

En la operación del STL se ha utilizado la herramienta Google Drive entre los integrantes para la elaboración y revisión de documentos.

Querétaro

Para difundir las acciones de sensibilización se utilizaron redes sociales y la página de internet del órgano garante local.

Sinaloa

Para las acciones de sensibilización, se utilizaron TICs para lanzar la convocatoria y para la invitación a cada uno de los eventos y talleres. Además se realizó una encuesta en la página oficial del órgano garante local.

Para la integración del STL, se utilizaron TICs básicas como correo electrónico, redes sociales y un portal de internet.

En la operación del STL, se ha utilizado correo electrónico, un portal de internet y Facebook Live.

Ciudad de México

Respecto a la sensibilización, se cuenta con un micrositio dedicado al ejercicio local; además, se habilitó una página de internet para la realización y registro de un foro sobre Gobierno Abierto.

Para la integración del STL, se ha utilizado correo electrónico en las convocatorias a las reuniones así como así como carpetas compartidas con documentos generados en esta etapa.

Para las entidades federativas de Estado de México, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Sonora y Tlaxcala, no se cuenta con información sobre la incorporación TICs en las etapas en las que ha avanzado el ejercicio local.

En la siguiente tabla, se muestra el resultado del cumplimiento de los criterios de uso social de tecnologías de cada Ejercicio GADEL, considerando el grado de avance en cada caso:

Conforme a los resultados, los Ejercicios de GADEL donde hubo un mayor grado de incorporación de TICs, según el porcentaje de cumplimiento de los criterios en esta dimensión, fueron Zacatecas, Morelos, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Coahuila. En los casos de Tabasco, Guerrero, Querétaro, Sinaloa y Ciudad de México tuvieron un grado medio de incorporación de TICs al 50%; después se encuentra Oaxaca, Durango, Baja California, San Luis Potosí y Campeche. Por su parte las entidades federativas de Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Coahuila, Estado de México y Sonora tienen por coeficiente porcentual 0.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados del grado de incorporación de las TICs en los Ejercicios de GADEL:

En general se observa un bajo grado (34%) de incorporación de las TICs en los Ejercicios de GADEL. Esto se evidencia aún más ante la falta de información o acceso a las herramientas digitales utilizadas en los ejercicios.

2.2.2. Resultados por ejercicio y entidad federativa

Uno de los aspectos más importantes de Gobierno Abierto es la articulación de sus componentes: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Uso Social de Tecnologías. Por lo tanto, no se entendería un proceso de Gobierno Abierto sin la incorporación de estos principios de manera integral. En este apartado, se presentan los resultados de cada uno de los Ejercicios GADEL presentados por entidad federativa.

La siguiente tabla muestra los resultados en términos de calidad Gobierno Abierto a partir del grado de incorporación de los componentes ya mencionados en el párrafo anterior. Los resultados se presentan ordenados de mayor a menor. La calidad de Gobierno Abierto se determina en función de la siguiente manera:

Resultado del Componente Participación Ciudadana ponderado a un 40% + Resultado del Componente Rendición de Cuentas ponderado a un 40% + Resultado del Componente Uso Social de Tecnologías ponderado a un 20%.

La escala se mide de 0 a 100 puntos. Así, tenemos que:

Como se muestra en la tabla, el Ejercicio de GADEL con mayor calidad de Gobierno Abierto a partir de un mayor grado de incorporación de las dimensiones de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas social y Uso Social de Tecnologías es Jalisco con 76 puntos; le sigue Veracruz y Durango (63 respectivamente), y Coahuila (62), Zacatecas (59). En niveles medios se encuentra Nuevo León, Morelos, San Luis Potosí y Baja California. Por debajo del 40% se encuentran: Sonora, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Michoacán. Por su parte e inferior al 25% le siguen Campeche, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Por último, tenemos a Chihuahua.

De forma global, los 23 Ejercicios de GADEL iniciados durante 2015 y 2016 conforme a sus distintos niveles de avance de acuerdo a las etapas Modelo INAI, han mostrado una calidad de Gobierno Abierto de 38 puntos de 100. Esto significa que de los 55 criterios establecidos para analizar la calidad de Gobierno Abierto de los Ejercicios de GADEL, en general se ha cumplido con 40% de ellos.

Como se ha mencionado párrafos arriba, la realización de los Ejercicios de GADEL en cada entidad está en razón de las particularidades de cada entidad. Factores como la pluralidad político-electoral, elecciones estatales o municipales y la renovación de la directiva de los órganos garantes, entre otros aspectos, influyen en la forma y continuidad de estos Ejercicios. En este apartado se revisarán los Ejercicios que ejemplifican las particularidades mencionadas.

Baja California firmó la Declaratoria en 2015, y en el Secretariado Técnico Local participó como representante del Sector Gobierno el legislativo local. Impulsó desde la perspectiva tripartita la participación ciudadana a través de una consulta pública electrónica el anteproyecto de la Ley de Transparencia Estatal, tarea a la que dedicó todo el primer año del Ejercicio. Una vez aprobada la Ley de Transparencia, el STL realizó una consulta pública y convocó a mesas de trabajo para concretar los temas que serían incluidos en el PAL; no obstante, la renovación del Congreso del Estado, en junio de 2016, significó la pérdida de continuidad en los trabajos de STL. El 22 de junio de este año se renovó la presidencia del órgano garante estatal.

Querétaro firmó la Declaratoria en 2016, y desde la conformación del Grupo Promotor se decidió que no seguiría la ruta propuesta por el INAI para la conformación de un solo Secretariado Técnico Local, sino que se suscribirán convenios de colaboración para la Implementación de un Gobierno Abierto con los Sujetos Obligados y la Sociedad Civil que libremente decidan sumarse a la Estrategia de Gobierno Abierto, con base en los lineamientos de ejecución que al efecto emita la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

Por su parte, el Ejercicio de GADEL de Guerrero, respondiendo a la pluralidad político-electoral del Estado, sigue dos rutas paralelas: una en el nivel estatal, con la participación de la Contraloría del Estado y la organización Guerrero Transparente, y otra en el municipal, con la participación del Ayuntamiento de Acapulco y el colectivo CIMTRA-Guerrero.

En Nuevo León y en Zacatecas, se integraron al Ejercicio de GADEL los tres poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. En San Luis Potosí se conformó la Red de Municipios por un Gobierno Abierto, con representación en el STL. En Coahuila, atendiendo a la extensión territorial, la sociedad civil determinó la elección de representantes regionales, uno por cada una de las cinco regiones del estado: Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras.

Veracruz incorporó en su Ejercicio de GADEL la figura de monitores: de comunicación, de tecnologías de información y un monitor ciudadano. En Chihuahua, el ejecutivo estatal asumió el liderazgo, con la creación de una Coordinación de Gobierno Abierto.

2.2.2.1. Conclusiones

Los Ejercicios de GADEL, -con base a la guía metodológica propuesta por el INAI-, han mostrado una diversidad de formas y mecanismos para traducir una serie de ideas y conceptos en prácticas de gestión de los asuntos públicos. Esta heterogeneidad generada por la aplicación de un modelo en contextos diversos y complejos permite identificar patrones para entender cómo elementos tan utilizados en los discursos como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, y Usos Social de Tecnologías son difíciles de instrumentar aún en los ambientes con mejores condiciones políticas y sociales.

Son Ejercicios de GADEL que buscan abrir nuevos horizontes y perspectivas respecto a lo público. Por lo tanto, es una fase de aprendizaje y experimentación cuyos resultados pueden variar a tal grado que tan solo el “tomarse la foto” puede ser visto como un avance significativo en contextos sociopolíticos cerrados y poco participativos. En este sentido, es importante implementar un cuidadoso proceso de seguimiento, evaluación y sistematización de la experiencia que permita “obtener” el mayor provecho y conocimiento de los Ejercicios y que éstos realmente repercutan en la calidad de vida de la población.

Si bien el enfoque de Gobierno Abierto es innovador para la mayoría de los contextos sociopolíticos locales en México, existen precedentes en materia de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas social y uso de tecnologías que sirven de base para implementar Ejercicios de Gobierno Abierto. Por lo tanto, no se parte de “cero”. Sumado a lo anterior, existe una serie de “buenas prácticas” de gestión enfocadas a lo público que pueden ser aprovechadas para la asimilación e implementación efectiva de “nuevos modelos”.

En el Componente de Participación Ciudadana, en general los resultados muestran limitaciones para su incorporación en Gobierno Abierto. Con un promedio general de 51% de cumplimiento de los criterios, se observan retos para abrir los procesos, comunicar las intencionalidades y construir ciudadanía que cuente con las capacidades y herramientas para participar en estos ejercicios. La propia convocatoria para integrar el grupo promotor, requiere ser diseñada de tal manera que abra la posibilidad de que cualquier actor social interesado con el perfil idóneo pueda participar.

Respecto a la acciones de sensibilización, en general se observa poca participación de actores sociales locales en la organización y facilitación. Además, en varios casos se aprovechan las acciones de sensibilización para realizar la consulta sobre los temas prioritarios para el Plan de Acción, lo que entremezcla objetivos y se dificulta el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre el proceso.

En el caso de la integración del STL, la buena práctica sin lugar a dudas es una convocatoria pública abierta acompañada con una estrategia de comunicación dirigida a los distintos públicos objetivo. Si bien se observan esfuerzos importantes, todavía en muchos casos se utilizó la invitación directa por parte del órgano garante local. Asimismo, en varios procesos no quedó claro cuál fue el mecanismo para seleccionar al (los) representante(s) de la sociedad civil ante el STL.

Con relación al funcionamiento del STL, se identificaron algunos mecanismos que abonan a la apertura y control público de esta instancia como la presencia de observadores sociales, monitores ciudadanos y las sesiones públicas transmitidas en línea. Respecto a la elaboración del PAL, se observaron en varios casos la implementación de mecanismos de participación masivos abiertos (como consultas en línea y foros) y mecanismos de trabajo con grupos acotados (como mesas de análisis y reuniones de trabajo).

En la dimensión de Rendición de Cuentas social los retos son mayores. Los resultados muestran un cumplimiento general de 28% de los criterios. Considerando que el supuesto de transparencia no estuvo presente en la mayoría de los casos, la rendición de cuentas dirigida actores sociales se dificulta. Las prácticas recurrentes observadas en los Ejercicios de GADEL han sido la elaboración de informes y las presentaciones públicas. No obstante, estos mecanismos no alcanzan para realizar interacciones en el sentido de explicación y retroalimentación que se espera de un proceso de rendición de cuentas social.

En el componente de Uso Social de Tecnologías, también se observó un bajo grado de incorporación en los Ejercicios de GADEL. Si bien se han utilizado herramientas digitales básicas como páginas de internet, correos electrónicos y redes sociales, existen pocos casos donde se ha ido más allá, y se han utilizado herramientas especializadas y sofisticadas que permitan potenciar la participación ciudadana y la rendición de cuentas social de los procesos de Gobierno Abierto.

En general los Ejercicios de GADEL han mostrado un bajo grado de incorporación efectiva de mecanismos y procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas social. No obstante, ante la diversidad de resultados es importante destacar los casos de Jalisco y Veracruz que han logrado incorporar de forma integral y consistente los componentes de Gobierno Abierto a lo largo del proceso.

3. DISCUSIÓN FINAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por Gobierno Abierto entendemos esta nueva forma de abordar y gestionar los asuntos públicos, alejado de enfoques tradicionales, la cual implica trabajar de manera conjunta entre actores sociales y gubernamentales, lo que fomentaría vínculos de confianza y co-construcción como elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia participativa y colaborativa.

Cuando se emprenden acciones de Gobierno Abierto es importante preguntarse: ¿Qué quiere transformarse?, ¿Qué se busca innovar respecto a la relación entre actores gubernamentales y ciudadanía?

Al respecto deben construirse las condiciones básicas para emprender procesos de Gobierno Abierto a escala local, esto implica la existencia de un marco regulatorio que permita ampliar las acciones de Gobierno Abierto y acotar las prácticas tradicionales de los actores gubernamentales y los actores sociales a fin construir puentes de interacción entre ciudadanía, autoridades y servidores públicos.

Los Ejercicios de GADEL deben ser asumidos como procesos educativos y formativos tanto para la ciudadanía como para todos los actores participantes; con reglas específicas e innovadoras construidas colectivamente sobre la base del diálogo, la deliberación y la toma de decisiones conjunta. Llevar los mismos vicios y prácticas a espacios nuevos es parte de la simulación que prevalece en la gestión de los asuntos públicos dentro de procesos que buscan ser innovadores. Los procesos de Gobierno Abierto son la oportunidad para construir ciudadanía crítica, propositiva e innovadora a la par de nuevas maneras de vinculación con las autoridades.

¿Hasta dónde deben conducirnos los procesos de Gobierno Abierto dentro de las realidades locales? Primero dejar de asumir que los gobiernos y las autoridades deben monopolizar la gestión de los asuntos públicos, alejándose de la participación de la ciudadanía. Es importante dejar de ver a la ciudadanía como un apéndice de las acciones gubernamentales, como una pieza que se “ajusta” a las políticas públicas, como un cliente o un beneficiario al que únicamente se le llama a la mesa para simular inclusión y legitimar decisiones tomadas de antemano.

En todo proceso local de Gobierno Abierto el ciudadano debe ser protagonista dentro de la órbita de la toma de las decisiones, en la intervención directa de los asuntos públicos en conjunto con los actores gubernamentales. Para que ello suceda deben construirse las condiciones para que éste sea un actor proactivo, un partícipe de las interacciones que se presentan en la esfera de lo público. Entonces el gobierno ya no es el centro de las acciones, ni quien controla los procesos públicos, ni tampoco quien “transfiere” responsabilidades para enfrentar los asuntos de todos. Es un actor más en una lógica de diálogo horizontal con otros actores, en un diálogo democrático.

Los procesos locales de Gobierno Abierto deben ser procesos “acordes” y consecuentes con los componentes que lo integran conceptualmente. ¿Qué tan participativos y transparentes, son los procesos locales de Gobierno Abierto? ¿Qué tanto rinden cuentas y hacen uso social de las nuevas tecnologías?

Los procesos locales de GA, sus reglas y formas de conducirse de los diversos actores participantes debe contar con las condiciones básicas para que adquieran un carácter institucional, esto es, un marco regulatorio consistente que permita abonar hacia nuevas prácticas. Construir buenas prácticas sobre la ausencia de bases reglamentarias y sin la institucionalización respectiva es apostar a que en el transcurso de los años no se puedan afianzar dichos ejercicios positivos de co-construcción. ¿Qué nos asegura que los procesos de Gobierno Abierto no serán más que una moda? Más aun, ¿Qué nos asegura el éxito de los procesos locales de Gobierno Abierto existiendo marcos regulatorios en materia de participación ciudadana tan estrechos y limitados?

Mucho pueden construirse como prácticas referenciales desde los procesos locales de Gobierno Abierto. La cultura del diálogo, la deliberación con argumentos, la toma de decisiones conjunta; la existencia de metodologías innovadoras en torno a la gestión de los asuntos públicos, el uso de tecnologías para acercar a la ciudadanía hacia lo público, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva.

De otro modo estos procesos quedarán como un mero evento, la firma de un convenio en un salón aislado de la realidad local, un proceso de unos cuantos que se adjudican representatividad.

Abrir, ventilar, transparentar los procesos de Gobierno Abierto es vital. No se puede tener una práctica y un discurso diferenciados. La apertura de los procesos de Gobierno Abierto debe ser el aspecto que también trace puentes entre autoridades y ciudadanía. Esto implica que deben establecerse reglas colectivas de apertura y transparencia dentro de los propios procesos de Gobierno Abierto. No pueden adjudicarse cualidades a un proceso por el simple hecho de contener en su nombre conceptos como “Abierto”, “Transparencia”, “Ciudadano”.

La participación ciudadana debe acrecentarse y fortalecerse dentro de los procesos locales de Gobierno Abierto. El marco regulatorio en la materia es limitado y en muchos de los casos impracticable. Deben renovarse los espacios de la deliberación pública que de un modo u otro cruzaran por los procesos de Gobierno Abierto. Pensar en los procesos de Gobierno Abierto sin que se trastoquen, o por lo menos, cuestionen, los mecanismos y espacios de participación ciudadana resulta imposible.

¿Las ciudadanías locales en México cuentan con los suficientes y óptimos mecanismos y espacios para su participación en los asuntos públicos? Es aquí donde los esfuerzos de los procesos locales de Gobierno Abierto deben enfocarse para expandir los espacios de diálogo, de participación y deliberación colectiva, plural e incluyente. El espíritu de los procesos de Gobierno Abierto a escala local debe contener los elementos de lo público, es decir, que nos compete a todos. Pero también el de una ciudadanía fortalecida, con capacidades para generar proceso de gobernanza.

Los procesos locales de Gobierno Abierto implican la construcción de nuevas institucionalidades, nuevas formas de vinculación entre los actores sociales y gubernamentales; una nueva cultura de vinculación entre ciudadanía y autoridades; discursos y prácticas renovadas e innovadoras. Se trata de esfuerzos en red, en colectivo, esfuerzos orgánicos y horizontales, bajo el escrutinio público. Como señala Álvaro Ramírez Alujas (2010), se trata del diseño y la implementación de sofisticados entramados y plataformas donde se encuentren el Estado y la sociedad civil, apoyados en avances tecnológicos y que permitan construir confianzas y expandir las potencialidades de aprendizaje como proceso fundamental de nuestro ser comunitario, de nuestro espacio colectivo, desplegando diferentes nomenclaturas de asociación, intercambio, cooperación, en figuras tales como “comunidades de práctica”, como espacios de encuentro entre personas con intereses y objetivos comunes, que interactúan para la generación, intercambio y asimilación de experiencias en áreas de aplicación específicas, con objetivos bien definidos.

Hasta el momento el avance de los procesos locales de Gobierno Abierto a partir de Modelo INAI mantienen muchos de sus retos en tanto que en varias entidades aun no se han implementado el Plan de Acción y, por tanto, no se han generado productos, ni impactos concretos. Los procesos se han centrado, en buena medida, a generar foros de presentación y sensibilización sobre los objetivos que se persiguen. Esto deriva en confundir estos actos con el proceso mismo de GA, quedando una sensación de simulación respecto a los alcances que en teoría tiene implícito el concepto de Gobierno Abierto. En ocasiones se confunde la convocatoria para participar en los Ejercicios de GADEL con el proceso mismo. Gobierno Abierto no es la realización de foros para tomarse la foto y firmar convenios. Es la decisión colectiva de co-construir sobre base de diálogo formas renovadas de enfrentar los asuntos públicos.

Los alcances de los procesos locales de Gobierno Abierto se inscriben en contexto complejos, esto es, se presentan dificultades para mantener la continuidad de los ejercicios. Por ejemplo en Baja California, el primer año el STL se enfocó en la armonización legislativa con la Ley General de Transparencia, posteriormente se realizaron elecciones; en Oaxaca se presentó la renovación del pleno del órgano garante local; en Tabasco se firmó la declaratoria en 2015 pero no hubo ninguna actividad posterior hasta el 2016. La pregunta es: ¿Hasta dónde los procesos de Gobierno Abierto son coyunturales? ¿Y hasta dónde realmente son asumidos con una voluntad institucional, política y estratégica de parte de los diversos actores que los integran?

Es necesario que los procesos locales de GA sean verdaderos procesos participativos; procesos abiertos a la participación de los más diversos actores sociales, tanto actores interesados como aquellos que están directamente relacionados con las diversas problemáticas. Existe mucho camino por recorrer por lo que el elemento de participación ciudadana todavía puede adquirir dimensiones importantes si así lo asumen los actores gubernamentales y si los propios actores sociales locales muestran un claro interés en participar de manera creativa y propositiva desde un primer momento.

¿Se puede hacer Gobierno Abierto sin que se haya cumplido con elementos básicos como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en las leyes de transparencia? O es precisamente pensar que el Gobierno Abierto es exactamente para eso, es decir, para lograr cumplir con los elementos básicos. Si la respuesta es lo segundo, nos parece que se está entrando a los procesos locales de Gobierno Abierto de espaldas, ya que muchas veces lo que se trata de “vender” a los ciudadanos como Gobierno Abierto son las obligaciones que por ley deben cumplir los sujetos obligados.

Se requiere de un esfuerzo amplio por transparentar los Ejercicios de GADEL a fin de que la ciudadanía en general conozca sobre sus objetivos y alcances, pero también para su escrutinio social y retroalimentación. Es importante que los Ejercicios de GADEL se sometan a la crítica de los ciudadanos y de las organizaciones sociales tomando en consideración la crisis gubernamental y de credibilidad que gozan las instituciones y los ámbitos de gobierno en nuestro país a fin de ser fortalecidos con más voces y más enfoques.

Los procesos locales de Gobierno Abierto deben convertirse en espacios que tengan un pie en la reflexión y deliberación colectiva, y el otro, en la práctica, en el campo; de otro modo, no se tendrán procesos innovadores, sino simplemente procesos cerrados, alejados de la ciudadanía, quizá, altamente bien diseñados y formulados, pero reconocidos por muy pocos actores locales. Es tiempo de hacer las cosas de otro modo, no por moda, sino pensando en un reacomodo de las formas de vincularse entre autoridades y ciudadanía en una lógica de gobernanza.

Los esfuerzos realizados hasta ahora por los organismos garantes, los sujetos obligados, los expertos, las organizaciones y colectivos de la sociedad civil han sido fundamentales para poner a México a la vanguardia sobre lo que sucede en materia de apertura gubernamental en el mundo. Sin embargo, resulta necesario observar de manera crítica (pero también positiva y propositiva) los procesos locales de Gobierno Abierto con la finalidad de detectar las mejores prácticas y también las áreas de mejora para lograr que las acciones en la materia efectivamente tengan impactos en las formas de gestionar lo público en mejora de la calidad de vida de las personas.

Hay que considerar que la metodología del INAI es perfectible, y no sólo puede, sino que debe ajustarse y enriquecerse de acuerdo con las realidades locales a fin de sacar provecho a las capacidades y los recursos de los actores participantes y los marcos jurídicos establecidos hasta ahora. Resulta imprescindible realizar un balance sobre cada caso específico y poner atención en las particularidades de cada proceso para apoyar a los procesos que así lo requieran, y no apostar a la implementación de modelos como recetarios a seguir de forma lineal y acrítica, una especie de check list que acote la diversidad, dinámica y complejidad de los ámbitos locales.

Al final debe quedar la idea de que no hay modelos únicos de GA; por el contrario, se debe abrir el amplio espectro que la propia heterogeneidad permite en la escala local, se trata de dar el salto cualitativo hacia la innovación, hacia formas que permitan abordar de manera distinta los asuntos públicos con el objetivo de romper con los esquemas tradicionales de opacidad, verticalismo, y patrimonialismo que ha imperado en la vida pública mexicana.

Para finalizar, se expone un catálogo de aspectos que resultan importantes para ser retomados a la hora de operar procesos de Gobierno Abierto en la escala local.

Partir de un diagnóstico de la situación que prevalece en materia de transparencia proactiva, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de nuevas tecnologías. No se puede pensar en el Gobierno Abierto si no se han cumplido con las obligaciones básicas por ley, si no se tienen los elementos básicos en el marco regulatorio con el fin de clarificar los objetivos estratégicos a alcanzar. Los procesos de Gobierno Abierto deben dejar de ser la oportunidad de los actores gubernamentales para que realicen lo que por obligación tienen que llevar a cabo.

Procesos amplios de sensibilización y capacitación tanto a servidores públicos como a ciudadanos respecto a qué es GA, métodos de diálogo y deliberación con el objetivo de construir bases conceptuales y reglas para implementar procesos abiertos, participativos, en razón del espíritu de concepto. Suponer que sólo se debe tener “representatividades” de los diversos actores sociales y gubernamentales acota de inicio los procesos de Gobierno Abierto. El reto al final es ensanchar el espectro de actores que intervienen en los procesos e impactar al mayor número de personas.

Que los procesos de Gobierno Abierto sean consecuentes con los componentes del concepto, es decir, que sean ser participativos, que rindan cuentas, que hagan uso de la tecnología, que ofrezcan información de sus logros y objetivos. Esto implica un ejercicio de amplio impacto para afianzar procesos innovadores, alejados de las prácticas “grupales” y sectarias que hacen de los asuntos públicos un asunto de unos cuántos. Se trata de que la ciudadanía se empodere y quede en el centro de la toma de decisiones y no solo “opine”.

Los actores participantes dentro de los procesos de Gobierno Abierto deben siempre preguntarse qué los hace distinto respecto a otros procesos, cuál es el plus que se pretende construir. Qué se pretende transformar. Si esto no se plantea se tendrá un proceso que seguramente caerá en manos de la inercia burocrática, y formará parte sólo de un plan operativo anual, con indicadores administrativos que desaniman la innovación y fomentan el burocratismo.

Partir de que no existe un modelo único (estandarizado) para la construcción de procesos locales de GA, sino que debe pensarse en modelos distintos de acuerdo a las condiciones concretas de cada ámbito local. Suponer que se está construyendo Gobierno Abierto porque se aplica la “partitura” al pie de la letra, es un error. La receta no implica la construcción de los procesos de GA, es una ruta de trabajo, un esquema. Cuando se presentan momentos no previsto la receta resulta inservible, pierde su sentido. Por ello las capacidades de los actores participantes deben sobreponerse a estas situaciones buscando fórmulas innovadoras.

Los procesos de Gobierno Abierto deben aprovechar lo que se tiene en términos de buenas prácticas, de anclaje institucional, de marco regulatorio; Gobierno Abierto no implica partir de nada o construir todo desde un inicio, sino aprovechar el capital institucional, las capacidades de la ciudadanía, retomar lo que ha salido bien y colocarlo en la lógica de innovación y retroalimentación. Se trata de darle una reinterpretación colectiva a lo que ha resultado positivo, dotarlo de nuevos elementos que permitan ensanchar la participación de la ciudadanía, alcanzar mayor público, mejorar lo público.

Es necesario construir una amplia red de experiencias de GA, que le den un sentido de retroalimentación (incluso de colaboración y co-construcción) de prácticas innovadoras, tanto en términos jurídicos, como de participación, rendición de cuentas y uso de las nuevas tecnologías; romper con las prácticas locales inconexas, poco retroalimentadas entre sí, casi domésticas, que poco se retroalimentan de otros enfoques y actores. Incluso dentro de una competencia infructuosa. Es fundamental colocar el tema de Gobierno Abierto más profundamente en la escena pública, vincularlo con la necesidad clara de contar con gobiernos capaces, transparentes y democráticos. Aquí el Sistema Nacional de Transparencia debe jugar un papel central de articulación, animación.

Es necesario pensar en la amplia gama de asuntos públicos que pueden contener las agendas de Gobierno Abierto en la escala local, el hecho de anteponer un listado de asuntos y problemas públicos resta legitimidad a estos procesos, elegir sólo aquellos problemas que interesan a las autoridades y/o a las organizaciones y actores sociales locales participantes puede servir de base para iniciar un proceso, pero no agota la agenda pública en su complejidad y diversidad. Se debe dirimir y discutir la agenda a trabajar, establecer los criterios de selección temática, explicar públicamente el por qué ese tema, y no otro, será el que se aborde dentro de los procesos de Gobierno Abierto.

Los procesos de Gobierno Abierto requieren de la voluntad política de las autoridades pero esto no es suficiente, es necesario que los procesos formen parte de la programación y presupuestación institucional, pensar en implementar procesos de tal magnitud sólo con la buena voluntad de las partes es limitarlo a “hacer lo que se pueda, con lo poco que se tiene”. Es necesario que forme parte de la responsabilidad pública de los entes obligados y de una nueva cultura ciudadana.

El enfoque de Gobierno Abierto debe ser precisamente la perspectiva de los asuntos públicos en nuestro país en el siglo XXI, esto significaría aperturar y transparentar lo público para que más ciudadanos sepan, vigilen, participen e incidan en aquellos temas de su interés y amplíen los esquemas y mecanismos de rendición de cuentas. No puede continuarse bajo una perspectiva donde las acciones gubernamentales no puedan ser vigiladas, controladas y evaluadas en su cabalidad y las autoridades y funcionarios públicos quieran ser premiados y reconocidos por el hecho de realizar lo que por ley están obligados a hacer. Es necesario que desde varias perspectivas, con diversos actores y con los distintos métodos que nos puede ofrecer la diversidad local en nuestro país, podamos fortalecer los elementos esenciales de la vida pública y democrática del país. Porque al final, el Gobierno Abierto debe ser una práctica colectiva que fortalezca la democracia y que vigile y controle el poder.

ANEXOS:

Anexo I: Nota metodológica

Para realizar el análisis de los Ejercicios de GADEL se diseñó una metodología cualitativa para valorar en qué medida se han incorporado los componentes de Gobierno Abierto definidos en esta investigación. Si bien los procesos de Gobierno Abierto tienen cuatro grandes etapas (Procesal, Productos, Resultados e Impactos), por lo reciente de los Ejercicios solo fue posible analizar la primera etapa. En la siguiente Tabla se muestra la descripción de lo que se espera observar en cada dimensión (componente) de Gobierno Abierto considerando la etapa procesal:

Cada dimensión fue desagregada en una serie de criterios de análisis, los cuales fueron mostrados en el Capítulo 2 de este documento.

Para recopilar la información que permitiera el análisis de los criterios, se utilizaron como herramientas de investigación la revisión documental, la consulta directa de portales de internet, la realización de solicitudes de información, así como la aplicación de una encuesta y entrevistas de profundidad a actores clave identificados. El periodo de recopilación de información transcurrió de la última semana de marzo a mediados del mes de mayo de 2017.

Durante mayo y junio, la información obtenida se ordenó en Cédulas de análisis para cada entidad, para dar respuesta a cada una de las interrogantes planteadas por etapa procesal y por categoría de análisis. Posteriormente, se construyó una matriz de análisis para asignar valores en función de los criterios definidos para cada interrogante por categoría de análisis y se procedió a la evaluación de cada Ejercicio de Gobierno Abierto.

En el detalle sobre las herramientas de investigación, durante la primera etapa se realizaron consultas a los portales de internet de las distintas dependencias y organizaciones involucradas, principalmente al micrositio de Gobierno Abierto administrado por el INAI, a los sitios disponibles de Gobierno Abierto en las entidades federativas y otras organizaciones aliadas, así como, en su caso, seguimiento a las publicaciones de las redes sociales disponibles (Facebook y Twitter).

Posteriormente, se realizaron 138 solicitudes de información: 69 al INAI y 69 a los órganos garantes (en cada caso, tres solicitudes en cada una de las 23 entidades federativas que firmaron la Declaratoria).

El INAI respondió a las 69 solicitudes de información, refiriendo la consulta al micrositio de Gobierno Abierto y poniendo a disposición las presentaciones utilizadas para las capacitaciones, los formatos para la Declaratoria, la conformación del STL y la formulación del PAL, así como otros documentos de apoyo.

De las 69 solicitudes de información dirigidas a los órganos garantes locales, se respondieron 55: 7 de ellas no fueron satisfactorias, porque entregaron información incompleta, al no adjuntar los documentos, o bien por inexistencia de información. También hubo casos en que se justificó la falta de respuesta por no ser un requisito indispensable para llevar a cabo el Ejercicio Local de Gobierno Abierto.

Finalmente, para complementar la información obtenida, se diseñó una encuesta en línea dirigida a actores involucrados en los 23 Ejercicios de GADEL analizados, tanto de los órganos garantes, como del sector gobierno y social. De 56 correos enviados, se obtuvo respuesta de 15. Así mismo, se solicitaron 15 entrevistas a actores clave, de las cuales fueron atendidas 5.

También se obtuvo información de boletines de prensa oficiales y de notas periodísticas aparecidas en medios de comunicación electrónicos locales y nacionales.

Anexo II: Supuestos subyacentes en el componente Transparencia

Para implementar la iniciativa de Gobierno Abierto en México, se debe partir de los principios que lo caracterizan, uno de ellos es la transparencia, la cual, puede definirse como: Información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental. Estos deben ser, abiertos, completos, oportunos, gratuitos y de fácil acceso para el público.5

En los Ejercicios de GADEL en México, la transparencia debe ser considerada base para implementar la iniciativa, asimismo, debe promover; la responsabilidad gubernamental e informar a los ciudadanos acerca de las acciones de gobierno, en particular, el proceso del ejercicio local que llevan a cabo, esto permite que la iniciativa se desarrolle bajo un esquema de colaboración.

Para los 23 Ejercicios de GADEL en México, la transparencia se debe observar cómo; la disposición de los ciudadanos, tanto de forma proactiva como reactiva (previa solicitud del ciudadano) de la información pública, es decir, es un resultado del reconocimiento del llamado “derecho a saber” o “derecho de acceso a la información pública.6

De acuerdo con el INAI, el objetivo de la transparencia es que; a través de información útil, relevante, oportuna y accesible orientada para los ciudadanos se puede potenciar la reducción de irregularidades, la participación en el ámbito público, el acceso a servicios, el ejercicio de derechos y la mejora en la toma de decisiones.

Por lo anterior, el INAI creó un micrositio7 donde se alojan todos los documentos generados en cada uno de los estados participantes, el cual, contiene minutas, actas de las sesiones, y si es el caso el Plan de Acción Local. Asimismo, con base en los lineamientos (operación y funcionamiento del STTL), planteados por el órgano garante nacional, cada entidad participante deberá crear una plataforma en donde se encuentren todos los documentos generados durante el proceso, bajo las siguientes características:

Confiable

Comprensible

Veraz

Oportuna

Relevante

Formato Abierto

Los apartados mínimos que deben hacerse públicos a través de las plataformas de Gobierno Abierto de cada estado son:

Secretariado Técnico Local (STL): Minutas, evidencia documental de sesiones (fotografías, videos, audio, etc.) y comunicados relevantes,

Avance de los compromisos y agenda de actividades,

Datos de contacto,

Sección de datos abiertos,

Ligas de interés,

Medio de recepción de dudas, quejas y sugerencias, y

Vínculo web para manifestar su interés de incluirse en los Ejercicios de GADEL.

Los estados que participaron durante 2015, cuentan con al menos 3 puntos publicados (Secretariado Técnico Local, Datos de contacto, Avance de los compromisos) en sus plataformas, de manera actualizada y en formatos comprensibles. Asimismo, para transparentar las acciones llevadas a cabo durante los procesos han utilizado como medios: mesas de trabajo, foros, eventos convocados por el INAI y redes sociales.

La siguiente tabla muestra de manera general, qué publican los estados sobre estos Ejercicios de GADEL y en qué medios los hacen públicos.

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior da muestra de los documentos y publicaciones que se encuentran en el micrositio del INAI, del estado participante y en redes sociales, sin embargo, existe información relevante y específica, que no ha sido publicada en ningún sitio o red social, debido a la falta de actualización de las plataformas.

Debido a la falta de información, se optó por solicitar la información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dirigidas al INAI y a los órganos garantes de cada estado participante. Con base en 3 textos para requerir la información, se tramitaron en total 138 solicitudes de información, 69 dirigidas al INAI, requiriendo información de los 23 estados participantes y el resto se dividió entre los 23 órganos garantes de las entidades participantes. A continuación, se presentan los textos base para solicitar la información:

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las respuestas, 7 de ellas no fueron satisfactorias, porque entregaron información incompleta, al no adjuntar los documentos como fue el caso de Sinaloa o bien por inexistencia de información y justificar su respuesta de no ser un requisito indispensable para llevar a cabo el Ejercicio Local de Gobierno Abierto, este fue el caso de Coahuila y Oaxaca, al no contar con listas de asistencia y memoria de los eventos. Para el caso particular de Michoacán no se obtuvo respuesta en el tiempo establecido por Ley y se solicitó prórroga, por otro lado, el estado de Sonora no se obtuvieron las respuestas, ya que, el sistema de la PNT marcaba un error al intentar ingresar.

Anexo III: Respecto a los componentes GADEL en la metodología del INAI

El INAI propone, para la implementación de los Ejercicio Locales de Gobierno Abierto, una ruta orientadora consistente en seis pasos, descritos párrafos arriba. Así mismo, se han propuesto formatos tipo para la integración de los STL y para la formulación y seguimiento de los compromisos del PAL.

En el análisis del modelo propuesto desde la perspectiva de los elementos constitutivos del Gobierno Abierto, esto es, participación ciudadana amplia y efectiva, rendición de cuentas social y el uso social de tecnologías, encontramos lo siguiente:

Anexo IV: Cuestionario guía para la entrevista a profundidad

El presente instrumento tiene el objetivo de recopilar información sobre los Ejercicios de GADEL iniciados en 2015 y 2016. Está enfocado a informantes clave que hayan participado a lo largo del proceso local, desde la conformación del Grupo promotor hasta la elaboración del Plan de Acción Local. En caso de que el proceso en su Entidad no haya completado estas etapas, le pedimos que sólo responda las preguntas correspondientes, señalando “No aplica” en el resto de ellas. Se mantendrá la confidencialidad.

1. Conformación del Grupo Promotor.

Dimensión Participación ciudadana

1.1. ¿Quiénes conformaron el grupo promotor del ejercicio local?

(Incluir el listado de los participantes con nombre, organización, sector al que pertenece)

1.2. ¿Cómo se integró el grupo promotor? ¿Se partió de criterios específicos para formar parte del grupo promotor? (Describa)

2. Fase de Sensibilización.

Dimensión Participación ciudadana

2.1. ¿Qué tipo de acciones de sensibilización se realizaron (de carácter educativo, conceptuales, organizativas? (Describa)

2.2. ¿Quiénes convocaron? (Describa el nombre de las organizaciones/instituciones que convocaron a las acciones de sensibilización)

2.3. ¿Dónde se realizaron? (Mencione la sede en cada caso)

2.4. ¿Quiénes facilitaron/condujeron las acciones de sensibilización? (Describa el nombre de las organizaciones/instituciones que facilitaron a las acciones de sensibilización?

2.5. ¿Quienes participaron como asistentes? (Describa los perfiles de los asistentes, y señale en qué porcentaje fueron actores sociales y gubernamentales respectivamente)

Dimensión de Rendición de cuentas social

2.6. ¿Qué resultados se obtuvieron de las acciones de sensibilización? (Describa cuántos participantes hubo por acción y en qué medida se logró la sensibilización de los participantes)

2.7. ¿Los responsables rindieron cuentas sobre las acciones de sensibilización? SI o NO

En caso afirmativo, ¿A quiénes? ¿De qué manera? (Describa)

Dimensión Innovación tecnológica

2.8. ¿Se utilizaron TICs para realizar y difundir las acciones de sensibilización? Si o No

En caso afirmativo: ¿Cuáles? ¿En qué medida se utilizaron?

2.9. ¿Se utilizaron TICs para acciones de sensibilización sobre el tema de Gobierno Abierto hacia la opinión pública? SI o No, ¿Cuáles?

3. Integración del Secretariado Técnico Local (STL)

Dimensión Participación ciudadana

Proceso de integración

3.1. ¿Para integrar el STL se realizó una convocatoria pública o fue por invitación directa? Opción A = convocatoria pública; Opción B = invitación directa

3.2. ¿Quiénes convocaron para la integración del STL? (Incluir el listado de los participantes con nombre, organización, sector al que pertenece)

3.3. En caso de convocatoria pública, ¿a través de qué medios se difundió la convocatoria?

Página de internet (Micrositio de Gobierno Abierto)

Página de internet de las instituciones participantes

Redes sociales

Medios impresos

Radio

Televisión

Otro:

3.4. ¿Quiénes acudieron a la convocatoria? (Señale en qué porcentaje fueron actores sociales y gubernamentales respectivamente)

3.5. ¿Cómo se eligieron a los integrantes del STL? (Describa el método de selección de los integrantes)

3.6. ¿Qué características tienen los integrantes del STL? (Describa sector al que pertenece cada uno, y experiencia en procesos multisectoriales)

Modelo de gobernanza

3.7. ¿Qué funciones tiene el STL? (Describa)

3.8. ¿Existen reglas y procedimientos de operación? SI o NO

3.9. ¿Fueron diseñados entre todos los participantes? SI o NO

3.10. ¿Existe un mecanismo de toma de decisiones? (Describa)

3.11. ¿Los integrantes del STL por parte de sociedad civil tienen nombramientos rotativos?

3.12. ¿Qué duración tienen los nombramientos por parte de sociedad civil ante el STL?

Dimensión de Rendición de cuentas social

3.13. ¿De qué manera se dio a conocer la forma en que se integró el STL? (Describa)

3.14. ¿Se establecieron mecanismos de RC sobre las acciones del STL? SI o NO

En caso afirmativo, Describa ¿Cuáles?

Dimensión Innovación tecnológica

3.15. ¿Se utilizaron TICs para la integración del STL (convocatoria, reuniones de trabajo, selección)? Sí o No

En caso afirmativo: ¿Cuáles? ¿En qué medida se utilizaron?

4. Operación del Secretariado Técnico Local

Dimensión Participación ciudadana

4.1. ¿Cómo se toman las decisiones en el STL? (Describa la manera en que se toman decisiones)

4.2. ¿Se tiene retroalimentación con expertos o especialistas en temáticas puntuales? Sí o No, Quienes

4.3. ¿Existen mecanismos de participación en la operación del STL (p.e. sesiones públicas, buzones, correos de contacto, derecho a voz)? SI o NO, ¿Cuáles?

Dimensión de Rendición de cuentas social

4.4. ¿Qué acciones de RC ha realizado el STL? ¿A quién están dirigidas? (Describa)

Dimensión Innovación tecnológica

4.5. ¿Se utilizan TICs para la operación y retroalimentación del STL? Sí o No

En caso afirmativo: ¿Cuáles? ¿En qué medida se utilizaron?

5. Diseño de la Metodología de elaboración del Plan de Acción Local (PAL)

Dimensión Participación ciudadana

5.1. ¿Existe una metodología definida para elaborar el PAL? Sí o No, Describa

5.2. ¿Quienes participaron en el diseño de la metodología? (Describa nombre y perfil de los participantes)

5.3. ¿Qué criterios se utilizaron para definir el diseño de la metodología? (Describa)

5.4. ¿Qué mecanismos de participación se incluyeron en la metodología (p.e. foros abiertos, mesas de trabajo,? (Enliste)

Dimensión de Rendición de cuentas social

5.5. ¿Quiénes son los responsables del diseño de la metodología? (Mencione)

5.6. ¿Qué mecanismos y acciones de RC realizaron los responsables del diseño de la metodología? ¿A quién estuvieron dirigidas? (Describa)

Dimensión Innovación tecnológica

5.7. ¿Se utilizaron TICs para el diseño, retroalimentación y difusión de la metodología? Sí o No

En caso afirmativo: ¿Cuáles? ¿En qué medida se utilizaron?

6. Proceso de elaboración del Plan de Acción Local (PAL)

Dimensión Participación ciudadana

6.1. ¿Quienes participaron en la elaboración del PAL? (Describa nombre y perfil de los participantes)

6.2. ¿Cuáles fueron los criterios para la selección de los temas que se incluyeron en el PAL? (Describa)

Dimensión de Rendición de cuentas social

6.3. ¿Se realizó una devolución de los resultados del proceso de elaboración del PAL a la opinión pública y a los actores interesados? SI o NO

En caso afirmativo, ¿De qué manera? ¿Cuál fue el público objetivo?

Dimensión Innovación tecnológica

6.4. ¿Se utilizaron TICs para la elaboración y difusión del PAL?

Si o No. En caso afirmativo: ¿Cuáles? ¿En qué medida se utilizaron?

7. Contenido del Plan de Acción Local (PAL)

Dimensión Participación ciudadana

7.1. ¿Los compromisos incluyen como temas objetivo el fortalecimiento de la participación ciudadana en la política y gestión pública estatal? SI o NO. En caso afirmativo, señale cuáles compromisos.

7.2. ¿La implementación de los compromisos consideran mecanismos participativos (programación participativa, grupos multisectoriales de trabajo y seguimiento? Sí o No. En caso afirmativo, señale cuáles mecanismos.

Dimensión de Rendición de cuentas social

7.3. ¿Los compromisos del PAL incluyen como temas objetivo el fortalecimiento de la rendición de cuentas social? Sí o No. En caso afirmativo, señale cuáles mecanismos.

7.4. ¿El PAL establece mecanismos de Monitoreo y Evaluación (M&E)? Sí o No. En caso afirmativo, señale cuáles mecanismos.

7.5. ¿Qué acciones de RC se han llevado a cabo por parte de los responsables de la implementación del PAL? ¿Cuál fue el público objetivo? (Describa)

Dimensión Innovación tecnológica

7.6. ¿Se han utilizado TICs para el M&E del PAL? Sí o No

En caso afirmativo: ¿Cuáles? ¿En qué medida se utilizaron?

FUENTES CONSULTADAS

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Ley de Gobierno Digital del Estado de México y sus Municipios, disponible en línea en http://bit.ly/2upMj4l consultada el 08 de junio de 2017.

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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, disponible en línea en http://bit.ly/2tebzLn consultada el 10 de junio de 2017.

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Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, disponible en línea en http://bit.ly/2uleW39 consultada el 14 de junio de 2017.

Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, disponible en línea en http://bit.ly/2v3K04R consultada el 14 de junio de 2017.

Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado libre y soberano de Guerrero, disponible en línea en http://bit.ly/2tWttQ7 consultada el 16 de junio de 2017.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, disponible en línea en http://bit.ly/2tWxtQA consultada el 14 de junio de 2017.

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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, disponible en línea en http://bit.ly/2voioXD consultada el 10 de junio de 2017.

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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, disponible en línea en http://bit.ly/2tdYVw2 consultada el 14 de junio de 2017.

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Documentos oficiales

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Boletín de prensa. 16 de noviembre de 2016. “Concluyen cursos de capacitación en Transparencia y Gobierno Abierto para servidores públicos.”. ICHITAIP. Sitio web: http://www.ichitaip.org/infoweb/noticias/muestra_noticia.php?id=405

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (2016). Informe de Labores del Estado de Durango, 2015. Sitio web: http://www.idaip.org.mx/archivos/docs/Informe%20definitivo%202015.pdf

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. (2015). Informe de labores 2015. Sitio web: http://www.itaipbc.org.mx/files/informes/Informe_%20Anual_%202016_%20ITAIP.pdf

Instituto de Transparencia Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tabasco. Respuesta del ITAIP a solicitud de información pública sobre documentos relacionados con los trabajos del STL, en el que manifiesta no contar con información, salvo oficios comisión de los Comisionados para asistir a eventos del IFAI. Sitio web: http://www.itaip.org.mx/SI_ALITAIP/2015/SAIP_303_2015/SAIP_303_2015RESPUESTA1.pdf

Relación de viáticos de comisionados asistentes: http://www.itaip.org.mx/minimadeoficio/2015/4trim/05_g_asignacion_viaticos_y_gasto_de_camino_4trim_2015.pdf

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (2016). Acuerdo por el cual se establece el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales. Sitio web: http://snt.org.mx/images/Doctos/ModeloGobiernoAbierto.pdf

NOTAS

[1]

Por <<local>> se debe de entender para efectos del presente documento, la escala subnacional, esto es, el ámbito estatal y municipal. Lo local en términos gubernamentales refiere al ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía. En ese sentido por procesos locales se entienden aquellos procesos socio-políticos, jurídicos y administrativos que se generan y desarrollan en la escala estatal y municipal centrados –precisamente- en los actores e instituciones locales. Desde una perspectiva de los estudios del ámbito municipal (IGLOM: 2006), en efecto, lo local tiene implicaciones respecto al fortalecimiento del pacto federal, la descentralización y desconcentración de recursos, capacidades y políticas públicas y en el fortalecimiento institucional de los gobiernos, así como en las capacidades de las ciudadanías locales para incidir en sus gobiernos y en los asuntos públicos.

[2]

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-05, Acuerdo por el cual se establece el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2016. Disponible en línea: http://snt.org.mx/images/Doctos/ModeloGobiernoAbierto.pdf

[3]

INAI. Gobierno Abierto. El valor social de la información pública. 2015.

La metodología de evaluación para la selección de Ejercicios de GADEL, está disponible en línea: http://inicio.ifai.org.mx/Ms_Transparencia/Aciones/Evento%20COMAIP%2016%20de%20Enero/Evaluaci%C3%B3n.pdf

[4]

Expertos en co-creación y proyectos de impacto social. El equipo de Reboot realizó un diagnóstico del ejercicio en Jalisco y emitió recomendaciones que fortalecieron los esfuerzos de co-creación para un Gobierno Abierto en el estado. Seis meses después de haber iniciado trabajos con la firma, Jalisco presentó su PAL en la Cumbre Global de Gobierno Abierto 2016 en la ciudad de París, Francia.

[5]

Naciones Unidas. CEPAL. Plan de Gobierno Abierto. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2014.

[6]

Las TIC en el Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración. Disponible en línea: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/documentos/libros/2013/2013_las_tic_en_el_gobierno_abrierto.pdf

[7]

Micrositio Gobierno Abierto disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia/GobiernoAbierto.aspx