DIRECTORIO

INFODF

Oscar Guerra Ford

Comisionado Ciudadano Presidente

Jorge Bustillos Roqueñí

Comisionado Ciudadano

Areli Cano Guadiana

Comisionada Ciudadana

Salvador Guerrero Chiprés

Comisionado Ciudadano

Agustín Millán Gómez

Comisionado Ciudadano

María Elena Pérez-Jaén Zermeño

Comisionada Ciudadana

COMITÉ EDITORIAL 2008

Areli Cano Guadiana

Presidenta del Comité Editorial / INFODF

María Elena Pérez-Jaén Zermeño

Integrante / INFODF

José Luis Buendía Hegewish

Integrante / Fundación Prensa y Democracia A. C. (PRENDE)

Ricardo Raphael de la Madrid

Integrante / Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Pedro Salazar Ugarte

Integrante / Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Ma. Ángeles Hernández Sánchez

Secretaria Técnica / INFODF

CONTENIDO

Directorio

Acerca de la Autora

Introducción

1. La transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas como elementos constitutivos de la democracia

2. La transparencia y el derecho de acceso a la información (DAI) como condición para el ejercicio de los derechos fundamentales y para la consolidación de nuestra democracia

3. El derecho de acceso a la información y su vinculación con los derechos sociales y de libertad

4. Funciones del derecho de acceso a la información pública para la protección de los derechos fundamentales

Conclusiones

Bibliografía

Notas

Paulina Gutiérrez Jiménez

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la FLACSO – México, donde realizó la Especialidad en Cultura de la Legalidad. Cursó el diplomado de Análisis Político Estratégico del CIDE y participó en el Primer Curso Internacional en Rendición de Cuentas de la Policía, organizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Se ha desempeñado como subdirectora de la Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del IFAI de 2003 a 2008, como directora de Análisis Cualitativo en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y como subdirectora de Análisis de la Dirección General de Estudios en la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas de la Secretaría de Gobernación.

Ha publicado diversos artículos y reseñas en revistas como Bien Común y Gobierno, en la Revista del Instituto de la Judicatura Federal y en Política y Gobierno.

Introducción

La reforma al artículo 6° de nuestra Carta Magna¹ constitucionalizó como derecho fundamental el acceso a la información pública. Esto representa un poder real, depositado en todas las personas, para exigir el avance de la agenda pendiente de los derechos fundamentales en nuestro país.

Los derechos fundamentales son la piedra angular de un Estado democrático de Derecho² porque protegen los intereses y los bienes básicos de todas las personas, y con ello aseguran los mínimos de lo que se considera una vida digna que las capacita a desarrollar los proyectos de vida que elijan libremente. La garantía de bienes básicos como la vida, la seguridad, la libertad personal, la autodeterminación civil y política así como la supervivencia, aseguran el igual valor y dignidad de las personas, y las dota de un igual poder para participar e influir en la formación de la voluntad colectiva para la defensa de sus intereses.

En México, el Estado no ha sido capaz de tutelar los derechos fundamentales. Su imposibilidad para hacer frente a los graves problemas de pobreza, desigualdad, inseguridad, discriminación, corrupción e impunidad, es una muestra clara de que los derechos fundamentales no han logrado imponerse como eje rector de su actividad.

Como consecuencia, cada vez más mexicanos quedan excluidos de la toma de decisiones relevantes y se encuentran indefensos ante los poderes fácticos que vulneran aún más sus derechos. La inequidad en el poder desvirtúa a la democracia como medio para que los grupos sociales desfavorecidos, puedan actuar para defender sus intereses, en el marco de la ley, contra un orden desigual.

La exigencia ciudadana es fundamental para hacer cumplir el Estado democrático de Derecho. Sólo con ciudadanos vigilantes del cumplimiento de las obligaciones de sus representantes, se podrá fortalecer nuestra democracia y avanzar en la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. El derecho de acceso a la información otorga a las personas el poder de controlar al Estado y exigirle que cumpla con su obligación jurídica de garantizar los derechos fundamentales como límite a los intereses de poderes fácticos.

Con esta lógica, en el primer apartado se presentan los principales conceptos de transparencia, del acceso a la información pública como derecho fundamental y de la rendición de cuentas, como elementos constitutivos de la democracia. En la segunda parte, se demuestra cómo la transparencia y el derecho de acceso a la información pública pueden articular la agenda pendiente de los derechos fundamentales en México y propiciar la consolidación de nuestra democracia.

La transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas como elementos constitutivos de la democracia

Como principio de orden, es importante establecer la distinción entre transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Cuando hablamos de transparencia nos estamos refiriendo a la política pública a través de la cual los gobiernos, de forma proactiva, abren su información al escrutinio público, es decir, ponen a disposición del público información relevante sobre su actuar cotidiano para que las personas puedan conocerla y analizarla.

Una política de transparencia implica que la información sea accesible, esté disponible para el mayor número de personas, y que esta información sea relevante, oportuna, comprensible y de calidad. Por ello, una obligación del Estado democrático de derecho es la publicidad de los actos gubernamentales, no sólo como mecanismo de control de dichos actos, sino como el insumo principal para la participación libre e informada de las decisiones colectivas. Así, una ciudadanía crítica puede dotar de contenido a las decisiones y actos del gobierno, fortaleciendo aún más sus derechos fundamentales.

El acceso a la información pública es un derecho fundamental en dos sentidos: primero, porque protege el acceso de las personas a información relevante como un bien básico que garantiza su autonomía individual: la información relevante permite a las personas elegir y desarrollar los proyectos de vida que más les convengan; segundo, porque el acceso a la información en posesión de los órganos del Estado es una condición básica para el ejercicio de los derechos políticos y las libertades de expresión, asociación, reunión y opinión, a efecto de participar en la creación de la voluntad colectiva.

El derecho de acceso a la información pública implica el reconocimiento de un instrumento legal para que las personas soliciten ésta a sus gobernantes, quienes tienen la obligación de responder, sin ningún tipo de discriminación por condición social, nacionalidad, edad, sexo o filiación política.

El derecho de acceso a la información pública también ha sido reconocido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen al derecho a la información como parte incluyente de la libertad de expresión, la cual integra el derecho a buscar, recibir e impartir información.

Sin embargo, el reciente desarrollo del derecho de acceso a la información pública en el ámbito internacional ha permitido que se proteja este derecho de manera independiente.

En 1994, la Conferencia del Hemisferio sobre Libertad de Expresión adoptó la Declaración de Chapultepec, la cual establece el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración Interamericana de Principios de la Libertad de Expresión en la que se reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental así como la obligación de los Estados miembros de garantizarlo.

Quizá el avance más significativo ha sido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros contra Chile, del 19 de septiembre de 2006;³ los antecedentes son los siguientes:

El señor Marcel Claude Reyes solicitó información al Comité de Inversiones Extranjeras acerca del proyecto del Río Cóndor y la empresa Trillium, con la intención de realizar una evaluación técnico-económica-social del proyecto para evaluar el potencial desarrollo que tendría la región y el país, y con ello participar en el debate sobre su realización.

No obstante, se comprueba en la demanda que sólo obtuvo información parcial y no recibió respuesta verbal o escrita respecto de la información faltante; tampoco razones por las que no se la dieron, aun luego de haber insistido dos ocasiones más. Posteriormente, luego de pasar un “plazo razonable”, y sin conocer los motivos por los cuales la información le fue negada, recurrió a los tribunales de justicia para interponer un recurso de protección, el cual fue denegado “por no ser pertinente”; un recurso de reposición del de protección, el cual también fue denegado y una queja ante la Corte Suprema, que también fue denegada.

Ante estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, entre otras cosas, que: 1) el Estado de Chile violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, por lo que lo obligó a:

En un plazo de seis meses, entregar la información solicitada por las víctimas, o adoptar una decisión fundamentada al respecto;

Publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta sentencia; sobre las violaciones declaradas por la Corte y la parte resolutiva de la misma;

Adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

Realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información, en los términos de la sentencia.

Los argumentos que emitió la corte fueron:

“La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión y del libre acceso a la información”.

“La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el que se basa la existencia de una sociedad democrática porque es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ello, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre”.

“El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas”.

“El control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”.

“El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. En primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo”.

“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”.

El fallo resulta emblemático por ser la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia respecto de este derecho, y establece un importante precedente para consolidar su reconocimiento y desarrollo a nivel regional.

Por último, la transparencia del actuar gubernamental y el derecho de acceso a la información pública nos permiten identificar los mecanismos que puedan contribuir a fortalecer la democracia y el Estado de derecho haciendo exigible una verdadera rendición de cuentas. A través de estos derechos se establecen mecanismos que obliguen al poder público a informar sobre sus decisiones y a justificarlas en público así como la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus obligaciones públicas (Schedler, 2004: 31-32).

La reforma constitucional

México ha obtenido reconocimiento internacional por ser vanguardista al respecto. Como derecho fundamental de todas las personas, el acceso a la información pública ha tenido un desarrollo sin precedentes en nuestro marco jurídico; muestra de ello es que ha sido constitucionalizado a tan sólo cuatro años del inicio de su ejercicio.⁴

La relevancia de la reforma al artículo 6° constitucional reside en que establece los principios, bases mínimas y universales que dan contenido al derecho de acceso a la información, los cuales deberán regir a todos los órganos públicos del Estado mexicano; con ello se garantiza y hace realidad la vigencia de este derecho para todas las personas en cualquier parte de la República Mexicana, ya que vincula y obliga a todos los órganos del Estado.

El nuevo estatuto constitucional establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública, y sólo puede ser reservada temporalmente de manera excepcional, por razones de interés público. Toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su petición. Asimismo, se señala que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Esta reforma constituye, además, mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos; el que este derecho pueda ser exigido ante órganos garantes del acceso a la información especializados e imparciales, a través de procedimientos gratuitos y sencillos, lo hace estratégico para hacer realidad otros derechos fundamentales.

La reforma constitucional también impone a los sujetos obligados hacer pública la información relacionada con los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales; independientemente de su naturaleza pública o privada. Por otra parte, la reforma constitucionalizó la transparencia al establecer la obligación del Estado de publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre su actuar cotidiano, así como sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Un elemento clave de la reforma constitucional es que prevé sanciones a la inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública.

La transparencia y el derecho de acceso a la información (DAI) como condición para el ejercicio de los derechos fundamentales y para la consolidación de nuestra democracia

Si analizamos a la democracia en México únicamente desde los preceptos constitucionales podríamos asegurar que se inserta en el modelo de Estado democrático de derecho.

Primero, porque el artículo 3° constitucional define a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, lo que significa que no sólo la considera como un método para la elección de representantes y la toma de decisiones colectivas, sino como un medio necesario para salvaguardar otros valores; así, el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos es el fin último y la sustancia de nuestra democracia.

Segundo, porque los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, están reconocidos en el sistema constitucional mexicano, el cual integra a los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por México, como límites al poder y como obligaciones de la acción del Estado.

Tercero, porque establece los requisitos mínimos de un Estado de derecho: a) imperio de la ley, que implica la sumisión de las decisiones del poder a la legislación proveniente de un parlamento representativo y libremente elegido; b) separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; c) la legalidad de los actos de los poderes públicos son controlados por el poder judicial, el cual debe ser independiente e imparcial, y d) la garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales a través de juicio de amparo. Sin embargo, si ampliamos el análisis más allá de la Constitución, podemos advertir que dicho modelo no aplica en la realidad.

Podemos afirmar que el proceso de democratización ha sido el resultado de la lucha por los derechos políticos y civiles, más que por los derechos sociales y el bienestar social de la población. Los protagonistas de esta lucha fueron los partidos políticos de oposición, los académicos e intelectuales, quienes clamaban por una distribución equitativa del poder y el respeto a los derechos civiles fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión. Se trataba de terminar con el régimen de partido hegemónico y lograr la alternancia en el poder.

Por ello, los esfuerzos de la transición democrática estuvieron centrados en constituir instituciones y procedimientos que hicieran realidad la celebración de elecciones periódicas y competitivas, en las que se garantizara el voto libre y secreto de todos los ciudadanos, esto es, asegurar condiciones equitativas para el acceso al poder político.

La conclusión del proceso de transición en México logró imponer lo que Bobbio (2007) considera las características mínimas de la democracia procedimental: la garantía del ejercicio libre del voto como derecho de todos los mexicanos mayores de edad; el valor igualitario del sufragio de cada uno de los ciudadanos; libertad de los ciudadanos de votar de acuerdo con su propia opinión formada libremente; competencia equitativa entre grupos políticos organizados que significan verdaderas alternativas para los votantes; la regla de la mayoría numérica para la toma de decisiones colectivas como para las elecciones de representantes y, garantía de los derechos de libertad de opinión, expresión, reunión y asociación como condiciones esenciales de los procedimientos democráticos.

En el proceso de consolidación democrática se han introducido cambios institucionales para fortalecer los mecanismos de control del poder, tales como: las reformas hechas a la constitución para garantizar la independencia y la profesionalización del poder judicial; el fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la Federación.

Nadie puede negar que hoy los mexicanos contamos con mayores libertades, con un sistema plural y competitivo de partidos políticos, con un equilibrio entre poderes, con medios de comunicación independientes, con organizaciones civiles que participan en asuntos públicos y exigen respeto de los derechos fundamentales. Pero tampoco se puede afirmar que nuestro sistema de gobierno haya logrado mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos y que ha sido capaz de resolver los grandes problemas que nos aquejan como sociedad.

Mientras se han hecho efectivos los derechos políticos; los derechos civiles y sociales para la gran mayoría de los mexicanos son todavía una mera aspiración. A pesar que los derechos civiles y sociales se encuentran reconocidos en nuestra Constitución no se han impuesto como límites efectivos al Estado para que éste propicie una sociedad en la que todos sus miembros desarrollen capacidades básicas para participar de manera real, libre e informada en las decisiones colectivas.

La democracia se construye mediante el ejercicio de todos los derechos fundamentales, y no será integral mientras no existan los mecanismos legales, políticos, económicos, sociales y culturales que la garanticen, por ello es necesario que grandes sectores de la población se involucren y movilicen en la defensa y exigencia de los derechos para imponer la perspectiva de los derechos fundamentales como eje rector de toda la actividad del Estado, y en consecuencia, se materialicen en la vida cotidiana de cada uno de los mexicanos.

¿Cómo podemos involucrarnos en la defensa de los derechos fundamentales? Además de las obligaciones derivadas de la constitución y de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la ratificación de diversos tratados internacionales, la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH 2008-2012) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de agosto, puede ser un instrumento guía para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Este documento establece objetivos, metas, indicadores y obligaciones para cada una de las dependencias de la administración pública federal.

La publicación de este instrumento no garantiza por sí mismo que se respeten los derechos fundamentales. La pasada administración también publicó en el Diario Oficial de la Federación un Programa Nacional de Derechos Humanos que tenía un objetivo mucho más ambicioso: “establecer una política de Estado en materia de derechos humanos que asegure el respeto, protección y garantía de los mismos”; el pobre e indecente resultado está a la vista de todos. Por ello, son necesarios ojos que vigilen el cumplimiento de cada una de las obligaciones así como voces que denuncien los incumplimientos.

Es en este sentido que el derecho de acceso a la información pública es la herramienta fundamental para la exigencia y justiciabilidad de los derechos fundamentales en México. Frente a la parálisis política para dar soluciones a los problemas que merman cada día la confianza de los ciudadanos respecto al valor de participar en la construcción de decisiones colectivas que nos beneficien, el derecho de acceso a la información pública representa no sólo la oportunidad para involucrarnos en los asuntos públicos, sino también la posibilidad de cuestionar las razones de las decisiones del gobierno y de dar soluciones a los problemas nacionales, así como de exigir que las autoridades cumplan con nuestros derechos por encima de los intereses de los poderes fácticos.

Veamos la funcionalidad de estas herramientas a la luz de los problemas que detectamos enfrentan los derechos fundamentales en nuestra democracia.

El derecho de acceso a la información y su vinculación con los derechos sociales y de libertad

El derecho de acceso a la información y los derechos de libertad

Los derechos de libertad son aquellos que, para su ejercicio, necesitan una esfera de protección, es decir, que el Estado y los particulares se abstengan de interferir en la autonomía personal para que puedan llevar la vida que libremente han elegido. Por ello, el ejercicio efectivo de estos derechos sólo es posible en la medida en que las personas cuenten con información relevante que haga posible una verdadera elección (Abramovich y Curtis, 2000:10). En el ejercicio de los derechos de libertad, la información adquiere un valor propio fundamental, ya que es ésta la que posibilita ejercerlos de una manera adecuada.

Los ciudadanos debemos tener acceso a información relevante que afecte nuestras vidas, por ejemplo, acerca de las condiciones ambientales para decidir el lugar de residencia, la evaluación de las universidades para poder elegir el centro de estudios de nuestra conveniencia, la efectividad y los efectos de los métodos anticonceptivos accesibles en los centros de salud para planificar la familia de manera segura, la calidad y el tratamiento de alimentos para saber si se deben consumir, las finanzas de una empresa en la que se pretende invertir el patrimonio, las comisiones que cobran los bancos para depositar el dinero y un largo etcétera.

Pero más allá de la información relevante para tomar decisiones personales, la información tiene un valor fundamental para ejercer los derechos de libertad, que tienen utilidad pública en tanto que son condiciones de los procedimientos democráticos, por ejemplo, el derecho a la libre expresión y el derecho de asociación.

En este sentido, el derecho de acceso a la información pública, contribuye a generar una deliberación democrática, libre e informada. Si tenemos acceso a las fuentes primarias, como son los archivos públicos, podremos contrastar estos datos con otras voces, por ejemplo, la de los grandes medios de comunicación y estar en condiciones de participar en las decisiones colectivas (Abramovich y Curtis, 2000:3).

Para un ejercicio pleno de estos derechos no sólo se requiere que nadie interfiera en nuestra autonomía personal; también es necesario que el Estado genere un marco institucional adecuado que permita el ejercicio real de estos derechos.

En México, si bien es cierto que ha habido un gran avance en el respeto de las libertades de opinión, de expresión, de reunión y de asociación, en tanto condiciones que habilitan los procedimientos democráticos, también podemos decir que estos derechos no están garantizados de manera efectiva.

La libertad de expresión está limitada en dos sentidos, el primero, la concentración de medios de comunicación “ha propiciado la implantación de un fuerte duopolio que afecta de manera directa al pluralismo y a la protección de la diversidad de opiniones, necesarios ambos en una sociedad democrática” (CCEDPDHDF, 2008:401). Las dos grandes televisoras ejercen un poder casi ilimitado sobre la opinión pública, tanto que parece que la agenda pública está definida por ellas y sus intereses; como ejemplo, recordemos el papel de Televisa y Televisión Azteca en el tema de la seguridad pública, en la reforma electoral o en el trato que se le da a movimientos sociales, por citar algunos.

Para darnos claridad del grado de poder de las televisoras, los entrevistados en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas revelan que los medios que utilizan para informarse de la política son: 62% la televisión, 17% la radio y sólo 1 de cada 10 personas (10%) lo hace a través de los periódicos.⁵

Ejemplos sobran para reconocer que existen grupos excluidos de la deliberación democrática, y como resultado, tenemos una opinión pública que no puede identificar bien las causas y las soluciones de los grandes problemas sociales, políticos, económicos y culturales, lo que tiene sin duda una implicación directa en la capacidad para participar en la vida democrática, ya sea para elegir a nuestros representantes o para exigir que éstos actúen en nuestro beneficio.

El segundo obstáculo para ejercer el derecho a la libre expresión es que a nivel nacional se ha registrado un creciente número de agresiones y asesinatos cometidos contra periodistas, en especial aquellos que han investigado el narcotráfico o han adoptado una posición crítica hacia los gobiernos estatales, y lo que es más grave, que dichas agresiones han quedado impunes. Recordemos el episodio de Lydia Cacho con el Gobernador de Puebla.⁶

El derecho de acceso a la información es una herramienta poderosa para verificar que el gobierno está tomando las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad. La información, en este caso, deja de tener valor como fin último; éste reside en tanto que es el medio para proteger los derechos fundamentales. Por ejemplo, accediendo a información sobre los gastos de una dependencia pública por concepto de comunicación social, podemos darnos cuenta si se está favoreciendo de manera irregular a un medio en específico, también podemos tener acceso a los criterios para otorgar concesiones y verificar si éstos han sido cumplidos, o bien, cuestionar la validez democrática de éstos.

Otro ejemplo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 se contempla que el Gobierno fomentará “la operación y desarrollo de medios comunitarios, así como el establecimiento de un régimen preferencial permisionado para comunidades indígenas y campesinas, así como su acceso a la convergencia digital” y “garantizar la seguridad de periodistas, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ven amenazada su integridad personal por situaciones relacionadas con la libertad de prensa”. Aquí tenemos dos pistas a seguir para verificar que el Estado cumpla con las obligaciones que permitan garantizar la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

El derecho de acceso a la información y los derechos sociales

La incapacidad política para resolver los problemas que los ciudadanos reclaman nos enfrenta a otro dilema de nuestra democracia. Mientras los ciudadanos adquirimos derechos políticos para hacer valer nuestra soberanía en la construcción de la voluntad colectiva, se reducen los espacios de influencia de esa voluntad colectiva y por ende de la capacidad del Estado.

En primer lugar, el Estado mexicano ha perdido la capacidad de influir políticamente en el ciclo económico. El acelerado proceso de globalización financiera ha impuesto a México la desregulación de la vida económica y social, para favorecer a los mercados globales.

Las exigencias que el orden internacional impone al Estado mexicano en detrimento del interés público, implica la reducción de la soberanía interior al dejar fuera del control nacional factores decisivos del desarrollo, no sólo las cuestiones económicas, sino también las jurídicas y sociales.

Así, la voluntad colectiva es sustituida por los designios del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las empresas multilaterales, disminuyendo la capacidad del Estado para responder a las demandas de los ciudadanos (Offe y Scmitter, 1995).

En segundo lugar, el pensamiento único neoliberal que ha tenido como objetivo la reducción del rol del Estado por una confianza excesiva en el papel del mercado, como instancia de coordinación de la vida social, ha provocado lo que llama Lechner, la pérdida de la centralidad de la política “como instancia privilegiada de representación y coordinación de la vida social” (Lechner, 1996:8).

El Estado, al estar subordinado a los intereses económicos, ve reducida su capacidad de acción en dos sentidos: a) la incapacidad de recaudar impuestos para responder a las demandas ciudadanas y dar cauce a la conflictividad social y económica a través de procedimientos institucionales y, b) la incapacidad para imponer una legalidad a lo largo y ancho de todo el territorio.

Podemos constatar que en México persisten cacicazgos locales, por un lado, y estructuras corporativas, por el otro, que imponen su poder a través de mecanismos informales y patrimonialistas, evitando que el poder del Estado pueda intervenir de manera eficaz.

La ineficacia de los cauces jurisdiccionales para hacer exigibles y justiciables los derechos sociales, no exime al Estado de sus obligaciones constitucionales para garantizarlos. Y aquí es donde cobra relevancia el acceso a la información como instrumento fundamental para verificar su cumplimiento.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2) y el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 26) establecen el principio de progresividad, el cual impone ciertas obligaciones a los Estados para mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales, tales como: 1) la prohibición de adoptar leyes, políticas y medidas que empeoren la situación de los derechos sociales, y 2) aumentar los recursos destinados a los derechos sociales de manera progresiva.

Para poder verificar la progresividad de las acciones gubernamentales en materia de derechos sociales, es obvio que los Estados deben proveer información sobre las condiciones que guarda cada uno de los derechos previstos.

Si contamos con información fidedigna que nos permita comparar la situación de un derecho antes y después de la adopción de medidas estatales para realizarlo, estaremos en condiciones de verificar que el Estado está cumpliendo con sus obligaciones, al mismo tiempo que será posible la exigibilidad de ese derecho (Abramovich y Curtis, 2000:9).

¿Cuánto presupuesto se invierte y en qué programas para satisfacer qué derechos?, ¿qué impacto tiene esta distribución de recursos en los derechos sociales?, ¿cuáles son los diagnósticos a partir de los cuales se distribuyeron los recursos?, ¿qué metas y en qué tiempo han sido fijadas para satisfacer los derechos sociales? El acceso a esta información se convierte en un recurso efectivo de rendición de cuentas: si podemos medir los derechos sociales, podremos exigirlos y reparar las violaciones e impedir que se vuelvan a repetir.

Solamente a partir de que se cuente con información suficiente, se podrá saber si se están empleando todos los recursos disponibles para la realización de los derechos sociales o si estos recursos están siendo desviados; también podemos evitar que las prestaciones sociales para garantizar los derechos sean utilizados de manera clientelar por partidos políticos, sindicatos, organizaciones, e incluso, iglesias (Carbonell, 2005:797).

Tanto en el Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México, como en el Diagnóstico sobre Derechos Humanos en el Distrito Federal, se denuncia la falta de información y su desactualización acerca de la situación de éstos. La exigencia, entonces, es que el gobierno genere indicadores que permitan medir cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de cada uno de los derechos humanos.

El acceso a la información también nos aportará elementos suficientes para demostrar social y políticamente que las políticas asistenciales de combate a la pobreza son insuficientes, y para exigir al gobierno que cumpla con la obligación constitucional de tratar a las personas como sujetos portadores de derechos y no únicamente como beneficiarios de la buena voluntad gubernamental. Es decir, la información también nos permite dotar a los derechos de contenido político para que tengan sentido jurídico.

El acceso a la información pública sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política social nos permitirá exigir que se consoliden acciones y recursos a fin de mejorar las oportunidades de acceso a derechos sociales, como educación, salud, trabajo, alimentación y vivienda, con especial atención en los casos de las mujeres que viven en situación de discriminación o de vulnerabilidad.

Funciones del derecho de acceso a la información pública para la protección de los derechos fundamentales

El derecho de acceso a la información pública es un instrumento que puede articular la defensa de los derechos fundamentales en México desde tres funciones principales: el empoderamiento de las personas como sujetos jurídicos de derechos que los exigen, el control ciudadano del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos fundamentales y, la participación ciudadana para darle contenido a cada uno de los derechos fundamentales.

Estas tres funciones no se dan por separado, cada una se fortalece en cuanto las otras entran en acción; para comprender mejor su dinámica presento el siguiente caso, como un ejemplo del poder del acceso a la información para controlar al poder público y privado en defensa de los derechos fundamentales: “La Guerra de Bolivia por el Agua”, que relata Jim Schultz (2008), director ejecutivo del The Democracy Center:

En 1999, el gobierno de Bolivia arrendó el agua de Cochabamba a una empresa privada por un periodo de 40 años. La opacidad hizo posible que en un proceso de licitación a puerta cerrada y con un único participante, se le garantizara al “ganador” una utilidad de 16% anual durante la vigencia del contrato, sin obligación alguna de que este hiciera algún tipo de inversión. De manera simultánea, el Congreso boliviano aprobó una ley de aguas que posibilitaba que la empresa tuviera dominio sobre los sistemas rurales de riego y pozos comunitarios, construidos y pagados por los habitantes sin ayuda del gobierno. Los efectos negativos para la comunidad no se hicieron esperar, a pocas semanas de empezar a prestar el servicio, la empresa aumentó las tarifas del agua hasta 200%.

Cuando los habitantes de Cochabamba tuvieron acceso al documento de arrendamiento, se movilizaron logrando que el gobierno rescindiera dicho contrato. Cabe apuntar que la empresa ocultó su razón social, resultando ser una filial de un poderoso corporativo internacional. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba se puso en manos de un consejo público nombrado por el gobierno y por los líderes de la movilización ciudadana, el cual regularizó las tarifas y hasta el día de hoy, funciona de manera eficiente y en números negros (Jim Schultz, 2008:2-5).

Esta breve descripción (se recomienda conocer el caso completo) nos da luz acerca del poder del acceso a la información. Sólo a partir de que los habitantes de Cochabamba accedieron al contrato, pudieron movilizarse para exigir sus derechos y ejercieron un efectivo control del poder público y privado. Finalmente, participaron en la constitución y administración del nuevo sistema de aguas que ha beneficiado a la población.

Ahora veamos cómo es que en nuestro país, el acceso a la información puede funcionar para articular la enorme agenda pendiente de derechos fundamentales.

El DAI como empoderamiento

La pobreza y la desigualdad excluyen a los grupos más vulnerables de las decisiones colectivas, pues éstos no sólo no cuentan con los satisfactores básicos para llevar a cabo una vida digna; también carecen de información acerca de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos, por lo que se encuentran indefensos ante la dominación tanto del poder público como de organizaciones privadas.

En México, el 18.2% (19 millones de personas) de mexicanos vive por debajo de la línea de pobreza alimentaria, es decir, no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos; el 24.7% (25.7 millones de personas) vive por debajo de la línea de pobreza de capacidades, lo que significa que no les es posible cubrir gastos de salud y educación; el 47% (48.9 millones de personas) se encuentra debajo de la línea de pobreza de patrimonio, ya que no perciben lo necesario para sufragar necesidades de transporte, vestido, vivienda y energía eléctrica; En zonas rurales, el 22.3% de la población rural padece de pobreza alimentaria.⁷ El 4.4% de las personas no tiene un ingreso diario superior a un dólar al día y 20.4% no supera los dos dólares diarios⁸ (OACNUDH, 2006:7).

El impacto de la pobreza se agudiza aún más si se toma en cuenta la desigualdad de nuestra sociedad. De un total de 173 países, México ocupa el décimo cuarto lugar con mayor desigualdad económica. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras el decil de la población más rico participó en un 39.4% de la riqueza del país, el decil de la población más pobre lo hizo en un 1.6 por ciento (OACNUDH, 2006:8).

Diversos informes y diagnósticos de la situación de los derechos humanos en México ponen en evidencia la desigualdad e inequidad de la sociedad mexicana. Los principales indicadores en materia de educación, trabajo, vivienda, salud, marginación y pobreza denuncian la inexistencia de garantías para que millones de mexicanos puedan ejercer sus derechos sociales.⁹

El desconocimiento que las personas tienen acerca de sus derechos y la falta de una cultura de la denuncia han sido señalados como obstáculos que menoscaban la práctica de la justiciabilidad de los derechos fundamentales (CCEDPDHDF, 2006:871).

Que los individuos se empoderen quiere decir que pasen de ser sujetos pasivos en espera de lo que el gobierno les quiera dar, a sujetos activos poseedores de derechos reconocidos jurídicamente con real ejercicio de poder frente al Estado. El acceso a la información pública emancipa a las personas al darles herramientas para conocer cómo funciona el gobierno, cuáles son las obligaciones de éste, qué programas implementa, qué derechos tiene como ciudadano, y por último, cómo poder exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.

La transparencia acerca a los ciudadanos al ejercicio del poder y genera confianza hacia las instituciones, contribuye a que se sientan con la capacidad de participar en los asuntos públicos que afectan su bienestar y de cuestionar las decisiones y acciones que les perjudican. En este sentido el acceso a la información contribuye a igualar la distribución y el ejercicio del poder; veamos algunos ejemplos:

Los trabajadores han utilizado el acceso a la información pública para empezar a romper el sistema laboral de control y corrupción; a través del acceso a los estatutos de sus sindicatos y al contrato colectivo de trabajo han empezado a ejercer la defensa de sus derechos y también han reducido el control que sobre ellos ejercen tanto el Gobierno Federal y los gobiernos locales, como los sindicatos y los empresarios (Alcalde, 2007).

Por otro lado, la pobreza y la desigualdad impiden que un sector mayoritario de la población tenga garantizado el derecho de acceso a la justicia, dejándolo en un estado de indefensión para exigir sus derechos ante los tribunales: Más del 40% de las personas que se encuentran detenidas en México no han sido condenadas por la comisión de un delito y, a menudo, deben esperar años hasta que se les haga un juicio. La tortura continúa siendo una práctica generalizada dentro del sistema de justicia penal de México (Human Rigths Watch, 2008).

La falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos fundamentales ha generado una gran desconfianza ciudadana en el sistema de justicia. Esta desconfianza ha provocado que los ciudadanos ya no recurran a los cauces institucionales y legales para promover sus demandas e intereses, generando prácticas corruptas e impunidad, la cual propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos fundamentales.

El acceso a la información también es una herramienta para las personas privadas de su libertad, tanto para las que se encuentran detenidas por tiempo indefinido sin que se les haya hecho un juicio, como para las que, teniendo el derecho a la concesión de beneficios de libertad anticipada, éste se les niega injustificadamente. El acceso a la documentación relacionada a su situación jurídica, para los primeros, y la relacionada con sus preliberaciones, para los segundos, otorga un recurso poderoso para que puedan exigir sus derechos.

Otro problema que se suma a la pobreza y a la desigualdad es el trato discriminatorio y excluyente que dan las autoridades públicas y privadas a grupos específicos como son los habitantes de zonas rurales, niños en situación de calle, discapacitados, migrantes, mujeres, homosexuales e indígenas, particularmente a las mujeres indígenas de los estados más pobres del país: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Puebla (OACNUDH, 2006).

Para estos grupos en situación de vulnerabilidad, la información es útil para que conozcan los programas y recursos gubernamentales a los que tienen derecho y que puedan significar una mejoría en su calidad de vida: apoyos económicos para proyectos productivos, becas educativas, seguro de desempleo, entre otros.

Por último, el PNDH 2008-2012 contempla el “Impulsar una efectiva implementación y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a través de la promoción de medidas de carácter legislativo en todos los niveles del orden jurídico mexicano” (PNDH, 2008-2012:28). El cumplimiento de este compromiso es fundamental para empoderar a los mexicanos, ya que con él se ampliarían los derechos, éstos tendrían un componente específico y los ciudadanos tendrían medios procesales efectivos para poder exigirlos. Para dar seguimiento a las acciones que ha impulsado el gobierno, y en caso de aun no haberlo hecho, exigírselo, debemos conocer:

Si se han elaborado iniciativas de reformas a la constitución para introducir plenamente el concepto de derechos humanos, garantizar su jerarquía y eficacia en el orden jurídico mexicano; transformar el juicio de amparo como un instrumento efectivo de protección de derechos fundamentales e introducir los derechos que no se encuentran reconocidos explícitamente. Si existen dichas iniciativas, debemos preguntar por qué no se han aprobado.

Las reservas y declaraciones interpretativas que ha hecho el Estado mexicano a instrumentos jurídicos de derechos humanos, conocer las razones de dichas reservas y las acciones tomadas para el retiro de las mismas.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos que no han sido firmados o ratificados por México, las razones de esta falta y las medidas para impulsarlos.

Qué acciones han tomado los ejecutivos y las legislaturas estatales para armonizar sus leyes con los estándares establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Por qué no se ha reformado la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, de acuerdo con el artículo 6° constitucional, y quiénes son los responsables de dicha omisión.

Qué acciones se han tomado para dar cumplimiento de las recomendaciones, observaciones generales y opiniones consultivas de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, así como para dar cumplimiento de sentencias de órganos jurisdiccionales internacionales. En caso de que no existan, las razones de esta falta.

Es importante señalar que diversas organizaciones de la sociedad civil que han utilizado el derecho de acceso a la información pública en su actividad cotidiana, han advertido sobre las limitaciones de éste para su ejercicio por parte de la población en condiciones de marginación:

Los mecanismos actuales para ejercer el derecho de acceso a la información no son adecuados a las condiciones de la población marginada.

Los órganos del Estado no generan información pública suficiente, relevante y de calidad que responda a los intereses de amplios sectores de la población.

El alto nivel de desconfianza en el gobierno inhibe a las personas a ejercer su derecho de acceso a la información (Coordinación General del Proyecto IFAI-Comunidades-CETA, 2007:32).

Estas limitaciones, y otras más, deberán ser superadas en la medida en que se amplíe el uso del derecho y exijamos su adecuación.

El derecho de acceso a la información como control ciudadano del poder público

La transparencia y el derecho de acceso a la información pública sirven para limitar el poder del gobierno en posibles abusos y violaciones de los derechos fundamentales. Este control se efectúa a través de la vigilancia y la fiscalización de las acciones de los políticos y funcionarios. La vigilancia disuade las malas conductas de los servidores públicos (Aguilar, 2006:30).

El acceso a la información permite a los ciudadanos ejercer un control directo sobre el ejercicio del quehacer gubernamental, desde diferentes frentes:

El acceso a la información presupuestaria

Una primera obligación de las dependencias de la Administración Pública Federal es la de integrar en sus anteproyectos de presupuesto de egresos “recursos para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012” (PNDH, 2008-2012:1). Para cumplir con esta obligación, el PNDH 2008-2012 ha impuesto acciones concretas a realizar para las distintas dependencias de la administración pública federal, lo que nos permite vigilar de forma clara el cumplimiento de cada una de estas acciones.

El acceso a la información presupuestaria nos permitirá tener elementos para exigir que, en efecto, se incremente progresivamente en términos reales el presupuesto destinado a realizar los derechos sociales y que estos presupuestos beneficien a los sectores en situación de discriminación o de vulnerabilidad.

La falta de recursos públicos ya no puede ser un pretexto para que las autoridades no asuman sus responsabilidades. Debemos crear un contexto de exigencia para que los derechos fundamentales se asuman como indicador central de los órganos de gobierno y, por consiguiente, se reflejen en la distribución presupuestal.

Otra obligación de la administración pública es la de “analizar y evaluar los impactos generados por recursos canalizados a programas vinculados a los derechos fundamentales, con la participación de expertos independientes y la sociedad civil” (PNDH 2008-2012:13). El acceso de manera periódica a estas evaluaciones nos permitirá exigir que se redistribuyan los recursos, se aumenten o se apliquen de mejor manera.

Acceso a la información sobre políticas públicas

El acceso a la información sobre el diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas públicas nos permitirá controlar los efectos que éstas tienen sobre la población beneficiada en cada una de sus etapas, así como garantizar que estén enfocadas al cumplimiento de los derechos fundamentales, o bien, que no sean violatorias de los mismos.

El acceso a la información también puede detectar y corregir errores graves; para ello, es necesario que muchas personas puedan conocer las decisiones tomadas en el interior de las burocracias y sus razones (Aguilar, 2006:32). Por ejemplo, podemos solicitar información acerca de los mecanismos utilizados para obtener el consentimiento previo, libre e informado, de comunidades indígenas para la construcción de una presa en las tierras que poseen, ocupan o utilizan tradicionalmente y cuál fue el monto de la indemnización en caso de que se vieran afectadas. Si el Estado no cumplió con ese requisito, la construcción de la presa sería ilegal e ilegítima, y por lo tanto, podríamos exigir que se frenara.

El acceso a la información sobre la prevención del delito, procuración de justicia y ejecución de sentencias

El derecho de acceso a la información también es un poderoso mecanismo de control de la función de las policías.

Hoy más que nunca se requieren ojos que controlen a la policía, como un instrumento esencial del Estado para la protección de derechos fundamentales en general, y de la seguridad pública en específico. Para alcanzar este propósito, es necesaria información sobre “el comportamiento individual de los oficiales y de las operaciones de la institución como un todo”. La ciudadanía tiene derecho a conocer si los procedimientos que norman la actividad policial son idóneos y respetuosos de los derechos fundamentales, si los cuerpos de seguridad pública observan dichos procedimientos, y si se está avanzando efectivamente en la prevención y combate al crimen (López, 2007:124-125).

El acceso a cierta información pública nos permitirá ejercer un control ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, lo cual tiene que ver con los compromisos asumidos por el gobierno en el PNDH 2008-2012; observar si se están llevando a cabo acciones para la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública; podremos evaluar los programas implementados para la capacitación y profesionalización de los policías y si éstos incluyen una perspectiva de derechos humanos así como atención a víctimas de delito; y podremos conocer bajo qué supuestos es legítimo el uso de la fuerza y armas de fuego, y si existen controles internos para prevenir la corrupción así como los procedimientos de sanción.

Hoy en día, también podemos acceder a la información acerca de cómo operan los ministerios públicos, su capacitación y la realización de las investigaciones de hechos delictivos. El ministerio público, bajo el escrutinio público, deberá garantizar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en su actuar, así, deberá tomar medidas para erradicar la tortura y para mejorar la defensoría de oficio.

En la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), existe un gran avance al respecto. El artículo 15 dispone que es obligación del Ejecutivo mantener actualizada y disponible en los sitios de Internet información relativa a “las estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia” y “en materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de ellas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además de las órdenes de aprehensión, presentación y cateo”.

También el acceso a la información nos permite controlar los abusos que sufren las personas privadas de su libertad y la legalidad de sus procesos. A través de este derecho podemos conocer y exigir las medidas que se llevan a cabo para mejorar las condiciones de vida digna en todas las prisiones del país, verificar si existen programas efectivos para lograr la reinserción del sentenciado en la sociedad respetando sus derechos humanos; podemos evaluar el proceso de reclutamiento, selección y profesionalización del personal de custodia de todos los centros de reclusión así como la idoneidad de los criterios legales para emplear la figura del arraigo, y si éstos son aplicables a todas las personas que se encuentran en esa situación.

Por último, el artículo cuarto del PNDH 2008-2012 establece que “la Secretaría de Gobernación verificará de manera periódica el avance del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; asimismo, realizará las acciones necesarias para hacer las correcciones procedentes y, en su caso, modificarlo” y el artículo quinto, que “la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente decreto” (PNDH 2008-2012: 1 y 2). Estas dos obligaciones serán claves para exigir al gobierno mexicano el cumplimiento de cada una de ellas.

El acceso a la información de las comisiones de derechos humanos

El acceso a la información también nos permite ejercer un control sobre los órganos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, como son la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. La importancia de conocer cómo resuelven estos organismos es fundamental para propiciar que sean efectivos e imparciales.

Nuevamente, la LTAIPDF en su artículo 20 establece que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe poner a disposición del público en su sitio de Internet: “Las recomendaciones enviadas, su destinatario y el estado que guarda su atención, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido; los recursos de queja e impugnación concluidos, así como el concepto por el cual llegaron a ese estado; y estadísticas sobre las denuncias presentadas que permita identificar el género de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de delito, cuidando en todo momento no revelar información de acceso restringido”.

El derecho de acceso a la información y la participación

La pobreza, la desigualdad y la exclusión social distorsionan todo el proceso democrático ya que la mayoría de los individuos no cuentan con influencia política real para poder cambiar su situación; únicamente pueden participar como electores y no como sujetos poseedores de derechos reconocidos jurídicamente con real ejercicio de poder frente al Estado.

Estas dos incapacidades debilitan al Estado y lo hacen vulnerable ante la injerencia de los poderes fácticos (empresarios, medios de comunicación, narcotráfico y organismos internacionales) constituyéndose así una red de complicidades que impide, otra vez, que los intereses legítimos de la ciudadanía se impongan como eje rector de la acción estatal. Esta red imposibilita el accountability horizontal del que habla O’Donnell y acentúa la incapacidad de las instituciones estatales facultadas para controlar a otros órganos del Estado y sancionar sus conductas, lo hagan de manera efectiva.

En un sistema legal democrático, ninguna institución estatal o funcionario debería sustraerse al control legal de sus acciones, todo lo contrario a lo que sucede en el sistema mexicano; como ejemplos: el Presidente de la República tiene como una de sus mayores aliadas a la maestra Elba Esther Gordillo, conocida por todo México como una líder sindical de dudosa reputación, responsable, por más de 25 años, de la precariedad del sistema educativo en México;¹⁰ en la firma del Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad encontramos a personajes a quienes se les han comprobado actos de corrupción e ilegalidad como el líder del sindicato de los petroleros Carlos Romero Deschamps.¹¹

El desplazamiento de la voluntad colectiva a las instancias del orden mundial y la primacía del mercado como mecanismo regulador de las relaciones sociales, ha provocado el retiro de los ciudadanos de la política porque no consideran que su participación tenga alguna relevancia para influir en la resolución de los problemas que más les afectan.

Los datos de la ENCUP 2005 son reveladores al respecto: 47% de los entrevistados respondió estar poco o nada satisfecho con la democracia que tenemos hoy en México y 20% manifestó no estar ni satisfecho ni insatisfecho; el 55% de los encuestados manifestó estar poco interesado en la política y 33% nada.

Esto trae consigo la crisis de representación de los partidos políticos, actores fundamentales para el funcionamiento de la democracia. La incapacidad de generar propuestas responsables y actuar en consecuencia, los problemas internos que revelan su carácter antidemocrático, el manejo de “clientelas” y los actos de corrupción de los que han sido protagonistas inciden en la poca participación de la gente. La participación ciudadana en las elecciones federales de 2006 fue de 58.55% contra un 41.45% de abstencionismo¹² (IFE, 2006).

La información es una condición para participar en la toma de decisiones colectivas. Es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre e informada. El acceso a ella nos proporciona los elementos suficientes para saber si nuestros representantes han cumplido de manera comprometida con sus obligaciones para garantizar los derechos fundamentales, y a través de nuestro sufragio, castigarlos o premiarlos.

Pero el voto no es la única manera de participar en las decisiones colectivas, los mexicanos tenemos el derecho constitucional de participar en la planeación del desarrollo nacional (artículo 26 constitucional); el PNDH 2008-2012 impone a las dependencias la obligación de promover la participación de las personas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno (PNDH, 2008-2012:14). Si tenemos acceso a la información en la etapa de diseño de las políticas públicas podemos asegurarnos que éstas incorporen, por ejemplo, el principio de no discriminación.

La participación en los asuntos públicos hace visibles las necesidades de todos los grupos de una comunidad política, y aporta soluciones más apropiadas a sus problemas.

Así, la participación pública, también permite darle contenido a otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el acceso oportuno a la información presupuestaria es fundamental para la ciudadanía, ya que sólo a través de conocerla se podrá evaluar las prioridades del gobierno y sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre las necesidades de ciertos grupos. Esta participación es sumamente útil; al exigir a los responsables del presupuesto que expliquen sus razones para asignar recursos a un programa y no a otro, le estamos dando contenido a los derechos sociales.

El acceso a la información también nos habilita para cuestionar y criticar decisiones de nuestros representantes y evitar que se lleven a cabo. Por ejemplo, si conocemos cuáles son las causas reales de un problema social, como la inseguridad pública, debemos exigir que se nos comuniquen las razones o diagnósticos para decidir que, por ejemplo, la pena de muerte es la mejor solución para erradicar este problema; de esta manera contribuiremos a generar responsabilidad en nuestros representantes y evitar que se propongan falsas medidas con el único objeto de ganar apoyo popular. La contrastación de opiniones también fortalece a la ciudadanía.

Otra manera de participar a través del acceso a la información es la que se refiere a la detección de irregularidades en los deberes públicos, pues es posible denunciarlos y verificar que exista la sanción correspondiente para los responsables. “La rendición de cuentas funciona de manera tanto capacitadora del poder ciudadano como inhibidora de conductas y acciones que atenten contra el interés público” (Aguilar, 2006).

Una breve reflexión: el derecho de acceso a la información y los poderes privados

Como vimos, un Estado democrático de Derecho tiene como fundamento garantizar los derechos fundamentales, como límites reales al poder público, pero también al privado. Así, el derecho de acceso a la información debiera tener una fuerza vinculante incluso para los organismos privados, en la medida en que su actuar represente consecuencias negativas para la realización de estos derechos.

En la actualidad podemos conocer información que los poderes privados han entregado al gobierno para que éste verifique del cumplimiento de las leyes, y esto no es poca cosa. Por ejemplo, podríamos conocer el resultado de las inspecciones que la Secretaría de Trabajo realiza en los centros laborales y determinar si las empresas ofrecen condiciones seguras a sus trabajadores así como el impacto ambiental de las actividades de una determinada industria, que es vigilada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; también podríamos tener acceso a toda aquella información que implique el otorgamiento de una certificación oficial.

Asimismo, tenemos acceso a la información cuando los particulares reciben recursos públicos, de los cuales deben rendir cuentas y decir para qué los utilizaron y si se cumplió con el objeto de esa donación.

La LTAIPDF es innovadora al respecto, ya que establece que “los listados de las personas que han recibido exenciones, condonaciones de impuestos locales, o regímenes especiales en materia tributaria local, cuidando no revelar información confidencial, salvo que los mismos se encuentren relacionados al cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de los mismos” deberán permanecer en todo momento accesibles al público en los sitios de Internet.

Sin embargo, los particulares no tenemos el derecho de acceder a la información de otros particulares de manera directa, aún cuando su actividad tiene un impacto para el interés público.

El acceso a la información y la protección de los derechos fundamentales, deben también ser garantizados como límites al creciente poder económico y político de los entes privados, sobre todo si tomamos en cuenta la desigualdad de nuestra sociedad. Me parece que es relevante preguntarnos si deberíamos tener acceso a cierta información y en qué casos, por ejemplo:

Cuando los particulares administran derechos fundamentales como el de salud y educación. Sabemos que las escuelas y los hospitales privados deben cumplir con la normatividad para poder realizar sus actividades, que la verificación de que dicha normatividad se cumpla y se lleve a cabo tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la Secretaría de Salud. También sabemos que estas verificaciones no son suficientes para que se aseguren estos derechos con calidad. Pienso que las personas que acuden a estas instituciones en búsqueda de algún servicio tienen el derecho de exigir que sus derechos fundamentales se garanticen de manera adecuada, y cómo exigirlo si no tienen información, por ejemplo, del destino de sus colegiaturas, si sus maestros son evaluados de manera periódica, o si los médicos que los atienden efectivamente tienen título profesional.

Cuando los particulares prestan servicios públicos a través de alguna concesión, ¿por qué no vamos a conocer si las tarifas son justas? o si éstos han invertido para mejorar los servicios. Hoy únicamente podemos conocer el procedimiento de la concesión así como sus términos.

Cuando existe una relación inequitativa de poder se puede afectar los derechos fundamentales. Por ejemplo, una de las demandas de los trabajadores es recibir información de la gestión de las empresas para estar en igualdad de condiciones a la hora de negociar las condiciones de trabajo. Y por último, cuando sus actividades tengan repercusiones en los derechos fundamentales, como afectar el medio ambiente, la salud o la pérdida de empleos.

Conclusiones

El derecho de acceso a la información es una condición para el ejercicio de los derechos fundamentales pero también es una poderosa herramienta para exigir su protección y garantía. A través de él podemos articular la exigencia del avance en la agenda de los derechos fundamentales en México como la única salida a la crisis de legitimidad en la que nos encontramos.

El derecho de acceso a la información pública, constitucionalizado como un derecho fundamental, tiene la fuerza necesaria para imponerse como una obligación del Estado de responder a las peticiones de las personas. Dicha información, al ser oficial, representa un instrumento para que los ciudadanos y cualquier interesado nos involucremos en los asuntos públicos controlando, cuestionando y denunciando cuando las autoridades no cumplan con su obligación de garantizar los derechos fundamentales.

La exigencia ciudadana por la defensa de los derechos fundamentales es imprescindible para generar un Estado transparente que rinda cuentas a la sociedad. Un Estado transparente es un Estado más legítimo. La legitimidad ciudadana fortalece al Estado para que garantice con firmeza los derechos fundamentales de las personas, aun cuando estas acciones impliquen la afectación de intereses de los poderes fácticos.

Referencias

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http://www.ife.org.mx/documentos/oe/participación2006/gráficas/gra_nac.html

Notas

[←1]

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007.

[←2]

El Estado democrático de Derecho parte de la premisa que son los individuos los que se asocian libremente para la protección de sus libertades e intereses más básicos para desarrollarse autónomamente en la sociedad. Por ello, la característica fundamental de dicho Estado es la limitación de su propia acción a través de la protección y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

[←3]

Consultado en:

http://www.corteidh.or.cr/bus

[←4]

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública a nivel federal empezó el 12 de junio de 2003.

[←5]

Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Tercera ENCUP), en: http://www.gobernacion.gob.mx/encup/terceraENCUP/Encarte_2005.pdf

[←6]

“Al descubierto la conjura contra Lydia Cacho” en La Jornada, 14 de febrero de 2006, en http://www.jornada.unam.mx/2006/02/14/

[←7]

Cfr. Medición de la pobreza 2002-2004, cifras actualizadas a 2006, del comité técnico para la medición de la pobreza en México de la Secretaría de Desarrollo Social.

[←8]

Cifras del Human Development Report, 2006.

[←9]

Para este trabajo se hizo una revisión de los siguientes documentos: Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México (2003), publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Diagnóstico de Derechos Humanos en el Distrito Federal, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Reporte Mundial 2008, elaborado por Human Rights Watch

[←10]

Para mayor información ver Raphael, Ricardo (2007), Los socios de Elba Esther, México: Planeta.

[←11]

Carlos Romero Deschamps no sólo es conocido por el escándalo de Pemexgate en el que se transfirieron recursos por 500 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana al Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 2000 (Córdova Lorenzo y Ciro Murayama 2006), sino también por las violaciones sistemáticas a los derechos laborales de los trabajadores petroleros denunciadas por los mismos trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. (Centro de Reflexión y Acción Laboral 2000) (Comité de Observadores Independientes para las elecciones del Comité Local de las secciones 34, 35 y 45 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 1997) (Comité de Observadores Independientes para las elecciones del STPRM, secciones 11, 14, 22, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 48 y 52, 2000).

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En: http://www.ife.org.mx/documentos/OE/participacion2006/graficas/gra_nac.html